Una delegación de la Fiscalía General de la Nación, integrada por el fiscal de Corte, Juan Gómez, el fiscal especializado en Delitos Complejos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, y la coordinadora de Proyectos de Tecnología, Inés Pérez, compareció ante la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados para dar su opinión sobre el proyecto que tipifica nueve ciberdelitos.

El fiscal de Corte, Juan Gómez, planteó su apoyo al proyecto, aunque advirtió la necesidad de realizar algunas modificaciones de manera de evitar que se creen nuevos delitos, cuando las conductas que se buscan tipificar ya están encerradas en tipificaciones preexistentes.

Además, el equipo de Fiscalía expresó la preocupación por que Uruguay avance en la adhesión al Convenio de Budapest, vigente desde 2001, que permitiría agilizar la comunicación entre la Fiscalía y las plataformas digitales, debido a que ya no sería necesario enviar en cada caso un exhorto a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y con la aprobación del juez.

En ese sentido, el fiscal Gómez señaló que hay disposición institucional de la cancillería para avanzar en la adhesión y advirtió que sería necesario que Uruguay también esté capacitado para brindar información en caso de que se le requiera.

La Fiscalía planteó que las reformas en el Código Penal, particularmente en este tipo de delitos, necesitan lineamientos procesales para determinar, por ejemplo, la forma en que debe incautarse una computadora y cómo proceder para preservar la información, dado que la obtención y preservación de la evidencia digital requiere de procesos más complejos que los de la evidencia física.

“Es un sistema informático que muchas veces está en el aire, en la famosa nube. Por eso es importante también incorporar las normas procesales en una ley especial que tenga normas sustantivas o normas procesales, o en disposiciones específicas dentro de la codificación especial, procesal o penal”, expresó el fiscal Gilberto Rodríguez.

El presidente de la comisión, Rodrigo Goñi, planteó que, independientemente de la aprobación del proyecto de ciberdelitos, sea convocada la cancillería para conocer cuáles son los requerimientos para adherir al convenio.

“Budapest es un ida y vuelta. Para poder sumarnos tenemos que dar algo a cambio. Uruguay recién está empezando a encaminarse para poder brindarlo. No es para nada atractivo para los países que integran Budapest sumar un país nuevo que no puede darles una devolución”, comentó el diputado de Cabildo Abierto Sebastián Cal, quien impulsó el proyecto.