Los senadores del Movimiento de Participación Popular (MPP) Charles Carrera, Daniel Caggiani y Alejandro Sánchez iniciaron un pedido de informes al Ministerio del Interior para conocer los pormenores del “incidente informático en Policía Científica que provocó la pérdida de información relevante”, según publicó Carrera este lunes en su cuenta de Twitter.

Según los legisladores, la falla en el sistema es “irreparable”, ya que no se tenían “los respaldos respectivos”; de todas formas, tras conocerse la noticia, desde el Ministerio del Interior anunciaron que trabajan para recuperar la totalidad de la información perdida.

En el pedido de informes, los senadores solicitan conocer “la entidad del incidente y a qué áreas específicamente alcanzó”. A su vez, piden que se informe el número de denuncias que estaban registradas, el título y las fechas de cada caso.

Los legisladores preguntan: “¿Existen respaldos sobre la información contenida en los discos duros afectados?” y agregan que en caso negativo, se informe la razón por la que “no se previó el respaldo correspondiente de información relevante para un cúmulo de investigaciones criminales (en curso o futuras) con las consecuencias que ello implica”.

También se solicita saber si hubo alguna comunicación con la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) para obtener asesoramiento sobre el tema.

Desde el MPP se consulta al Ministerio del Interior si se contrató a una empresa privada para trabajar en la recuperación de la información, aunque la respuesta es afirmativa teniendo en cuenta que el titular de la cartera, Luis Alberto Heber, fue consultado días atrás por este episodio y había anunciado: “Hemos contratado una empresa para poder recuperar toda la información, de eso me dio garantías el director de Científica. Nos va a salir unos pesos, lamentablemente”.

Así las cosas, los legisladores quieren conocer cuál es el acuerdo de confidencialidad que se firmó con la empresa y cómo se adjudicó. Asimismo, consultan si se pidió autorización a la Fiscalía General de la Nación para hacer esta contratación, puesto que es esa entidad la que se encarga de investigar los delitos. Finalmente, preguntan si hay un protocolo de mantenimiento, y si lo hay, piden que se detalle.