Días antes de la comparecencia del prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo, ante el fiscal de Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez, por la extensión hasta 2081 de la concesión en el puerto de Montevideo a la empresa belga Katoen Natie, fue citado el exsecretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma.

Toma, figura clave en los juicios internacionales que enfrentó el Estado uruguayo durante la última presidencia de Tabaré Vázquez, fue el primero en tener contacto con los representantes de Katoen Natie cuando la multinacional planteó la posibilidad de iniciar un juicio contra el Estado por supuestos incumplimientos de lo dispuesto en el acuerdo bilateral de inversiones.

Al ser una investigación judicial motivada por la denuncia de legisladores del Frente Amplio (FA) respecto de la concesión del puerto, Toma se refirió, según consta en actas que consignó El Observador este lunes, a que existe “verosimilitud” en el planteo de la empresa.

“Se denunciaba una situación violatoria de normas internacionales, nacionales, y por consiguiente una violación del tratado internacional. De la lectura del documento parece cierta; hay verosimilitud”, sostuvo Toma, que además entendió que la “confidencialidad” es un “principio sagrado” al hablar de negociaciones de este tipo.

Más adelante, Toma fue consultado por uno de los temas centrales en la denuncia del FA, la falta de consultas por parte de Curbelo al directorio de la ANP mientras se negociaba el acuerdo con Katoen Natie. En este sentido, Toma entendió que “todo lo que se conversa en reuniones amistosas queda en el marco de las reuniones amistosas, y los aspectos que tienen que ver con la instrumentación del acuerdo final se deben transitar en ese momento”.

Sobre la falta de expedientes al respecto, Toma aseguró que “no se forman expedientes” y que “cuando viene la notificación de la diferencia, el receptor la tiene que guardar para sí, porque la formación de expediente es lo que está contraindicado. Es la fuente de vulneración del sagrado principio que estamos hablando, la confidencialidad”.

Las diferencias planteadas por Katoen Natie llegaron a la Torre Ejecutiva en octubre de 2019; en diciembre Toma comenzó las “conversaciones amistosas” con los representantes de la empresa belga, en las que se acordó negociar con un acuerdo de confidencialidad. Mientras tanto, en esos meses, el FA perdía las elecciones y la coalición liderada por el actual presidente, Luis Lacalle Pou, comenzaba a prepararse para asumir el 1º de marzo de 2020.

Fue en esta transición que Toma se reunió con su sucesor, Álvaro Delgado, y con el propio Ferrés, para hablar sobre la situación con Katoen Natie. “Les trasladé toda la información, aunque debo confesar que no sé si entendieron como era toda esa lógica”, dijo el exjerarca.

“Recuerdo el semblante de Ferrés. Era de una persona que no estaba entendiendo la situación. Delgado obviamente no entendía nada de la situación. Ferrés trataba de entender pero no entendía porque me miraba, y yo, para serle más elocuente le mostraba los 45.800 documentos que tenía en mi poder y estaban subidos al box. Era para mostrarle la importancia de preservar la confidencialidad. Ahí me di cuenta de que no había entendido casi nada. El nivel de comprensión era poco”, relató.

“Cuando los documentos son contundentes, las palabras sobran”

El senador frenteamplista Charles Carrera expresó, a través de cuenta en Twitter, que Toma “en ningún momento defendió la actuación de Curbelo, a quien se lo cuestiona por haber actuado de espaldas al Directorio de la ANP dos meses después de que el acuerdo ya estaba firmado”.

“El Presidente de la ANP es acusado de un delito de abuso de funciones por no haber pasado por el directorio los asesoramientos preceptivos para la aprobación del Reglamento de Atraque de Buques y la Prórroga del Contrato con Katoen Natie, cuando debió hacerlo”, planteó, y agregó: “La falta es tan grosera, que él mismo la reconoce a texto expreso en una nota que eleva al Poder Ejecutivo. Una imagen vale más que todo lo que pueda declararse ante Fiscalía. Cuando los documentos son contundentes, las palabras sobran”.

Por último, dijo que “no es cierto que la confidencialidad exista de pleno Derecho en el arbitraje”, ya que para ello debería “declararse expresamente”. “La confidencialidad no surge del Tratado de Protección de Inversiones entre Bélgica y Uruguay ni de la Ley de Acceso a la Información Pública, por lo que, de existir, debió declararse expresamente”, reiteró, y consideró de que se trata de una “una nueva omisión de los negociadores”.