El sábado se conoció una noticia que rápidamente se propagó por los portales informativos extranjeros por la globalidad del tema: la justicia resolvió intimar al Poder Ejecutivo y al laboratorio Pfizer a que en 48 horas revelen variada información acerca del acuerdo por la compra de vacunas y los resultados de la vacunación, entre otros aspectos.

Según la información que brindó MVD Noticias, el juez de feria Alejandro Recarey aceptó un pedido de amparo para suspender la administración de la vacuna en niños –que es voluntaria– y, en ese marco, intimó a la presentación de información. Para el miércoles, citó a una audiencia a la que convocó a las autoridades del Ministerio de Salud Pública, de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y de Pfizer.

Tras la audiencia, el juez dispondrá de 24 horas para dictar sentencia. Para la intimación, emitió un decreto judicial que divulgó el periodista Eduardo Preve, que contiene 16 preguntas e interrogantes acerca del contrato para la compra de vacunas y de los resultados de la inmunización.

Se pide la “copia certificado de todos y cada uno de los contratos de compra (así como de cualquier otra negociación o acuerdo conexo)” de las vacunas en Uruguay. También divulgar las “cláusulas de indemnidad civil y/o inmunidad penal de los proveedores” –esto es la no responsabilidad del laboratorio por efectos adversos– y dar “amplios detalles de la composición bioquímica” de las vacunas, de la forma de distribución “por lotes o partidas diferenciales” de las vacunas y de “la sustancia llamada ARN mensajero”, sirviéndose explicar qué significa ello y “qué consecuencias” trae.

El juez plantea conocer, en agregado, si las vacunas dispensadas a Uruguay “son experimentales o no”, si tiene algún “permiso de emergencia” y si se usaron “los protocolos habituales” de validación.

Otro de los puntos pide que se “presente la información que obre en su poder, completa y actualizada, acerca de lo que científicamente se sabe –y no se sabe– sobre la efectividad de las rotuladas como vacunas [contra el covid-19]; y sus posibles efectos posteriores a corto, mediano y largo plazo (incluyendo eventuales efectos adversos)”.

Se añade en el pedido al Ejecutivo y a Pfizer “cifras oficiales que demuestran la incidencia” de las vacunas en “la cantidad de diagnósticos y muertes” por coronavirus, así como los “estudios tendientes a explicar el notorio aumento de fallecimientos por covid-19 a partir de marzo de 2021 (en relación al año pasado)”. Otro dato que solicita el juez de feria es información sobre las muertes “por el covid-19 y cuántos con covid-19 (esto es con la presencia del virus pero no determinante absoluta o central, principal, del deceso)”.

En los últimos puntos del documento se solicita que se “demuestre científicamente si la condición de no vacunado entraña peligro sanitario para el conjunto de la población”, se pide detalles de información personal de “los técnicos profesionales que han dirigido y dirigen la campaña” de vacunación, para citarlos a “un interrogatorio judicial”. En el final, se pide saber “si se han estudiado terapias anti covid-19” y “en caso negativo [que] se aclare por qué”. El juez indica que, “en la hipótesis de una respuesta negativa” a los pedidos de información, se debe incluir “una fundamentación fáctica y jurídica”.

En mayo del año pasado, se citó a una audiencia a la Presidencia de la República por su silencio ante el pedido de acceso a la información pública de un periodista del semanario Brecha, que buscaba obtener datos sobre el contrato con Pfizer y otros laboratorios por las vacunas. Según publicó el semanario en aquel momento, el gobierno dispuso a través de una resolución la confidencialidad del proceso de negociación y de los precios pagos por las dosis de vacunas –al menos 18 millones de dólares–, una decisión exigida por la industria farmacéutica.