El Proyecto Empatía es una propuesta socioeducativa para adolescentes y jóvenes privados de libertad que se gestó en octubre de 2020 y que durante 2021 se insertó en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).

Tras casi dos años de trabajo, a través de un comunicado publicado este sábado, anunciaron que se retiran del sistema penal adolescente: “Frenamos nuestro trabajo en territorio”, plantean y agregan: “La construcción es colectiva o no es. Hoy, la postura política desde las instituciones, nos ha demostrado que eligen que no sea”. “Sin garantías no hay manera” y que “sin voluntad política no hay soluciones”, resumen.

En el comunicado explican que Proyecto Empatía “nace desde la necesidad de problematizar la realidad estructural e histórica del contexto de encierro, que atraviesa la población adolescente y juvenil en nuestro país y región” y que “existir como colectivo autogestionado, significa desde sus bases un desafío que estuvimos dispuestos a asumir, desde la convicción y equipo”.

Sin embargo, señalan que “las dinámicas del contexto de encierro logran denigrar y desacreditar cualquier esfuerzo por construir algo distinto y mejor”. “La poca o nula existencia de garantías y respaldo desde las instituciones, terminan calando hondo en las trayectorias de los y las adolescentes, pero también en las dinámicas del equipo humano que sostiene a diario estas realidades en territorio”, lamentan.

“Gracias al respaldo económico de la gente, a través de las ventas de remeras, buzos y stickers”, lograron llevar adelante una propuesta en territorio en 2021 que incluyó talleres de expresión y comunicación en dos cárceles de Montevideo y en cinco de las que hay dentro de la Colonia Berro, en Canelones.

Indican que han reclamado “la necesidad de garantizar más actividades socioeducativas” y por eso este año iniciaron “una réplica del proyecto de talleres desarrollado el año anterior, pero en esta oportunidad enfocado particularmente en el centro Sarandí [en la Colonia Berro], teniendo en cuenta su realidad: muchas horas de encierro y pocas o nulas actividades socioeducativas”.

Según denuncian, “desde nuestro inicio trabajando en territorio, nos ha tocado enfrentar discursos adultocentristas y punitivistas que muchas veces lograron coartar nuestro proceso de trabajo con los adolescentes, como fue el caso del centro MD1 [el centro de mayor seguridad de la Colonia Berro], en 2021, y actualmente el caso del centro Sarandí”.

Denuncian que “particularmente durante los talleres realizados este año en el centro Sarandí, se nos intentó desacreditar numerosas veces, llegando a superponer nuestra actividad socioeducativa con los horarios de patio que tenían los adolescentes”. Una práctica de boicot que es común en las cárceles y que es “una clara decisión institucional que repliega garantías y validez al trabajo que venimos haciendo”, sostienen.

Desde Proyecto Empatía afirman que “con el tiempo, la falta de garantías, la desacreditación constante, los obstáculos políticos que se levantan desde las instituciones, y otro sinfín de decisiones inconsistentes, terminaron coartando nuestros procesos, desgastando nuestras espaldas y poniendo un freno a nuestra existencia en el territorio”.

Por eso, el equipo de Empatía sostiene “la necesidad de que existan garantías mínimas y básicas para sostener nuestro trabajo” y manifiestan que “lo que venimos haciendo desde nuestros inicios es un trabajo no remunerado, que logra asegurar lo que la institución debería poder garantizar mínimamente: actividades socioeducativas”.

Boicot

En diálogo con la diaria, Josefina Fraga, Cecilia Muniz y Rodrigo Aycaguer, integrantes de Empatía, comentaron que, además de no cobrar un salario en ningún momento, atravesaron varias situaciones de boicot. Una de ellas estuvo asociada al transporte de retorno de la Colonia Berro, el que por acuerdo que era provisto por Inisa. Señalaron que más de una vez esperaron durante horas que pasaran a buscarlos y otras veces directamente no fueron. Cabe destacar que para ir o volver de la Colonia Berro sólo pasan tres veces al día un ómnibus de Copsa y que no hay otro transporte público, por lo que, las veces que no los fueron a buscar, tuvieron que incurrir en gastos inesperados y altos para poder retornar del establecimiento carcelario.

Por otra parte, el equipo de Empatía indicó que se le impidió el ingreso a la sala con fines educativos y tenían que hacer los talleres en una sala multiuso que queda en el medio del centro, a la vista de los guardias y el resto de las personas del centro.

Además, luego de haber sido aprobada la propuesta de realizar talleres audiovisuales y con la propuesta ya en marcha, desde el centro Sarandí manifestaron que “no se podían hacer talleres audiovisuales” porque filmar estaba “prohibido”. Los talleres continuaron luego de que Andrea Venosa, directora de Inisa, interviniera en la situación, pero esto implicó “una situación sistemática de tensión en el centro”.

Finalmente, el último “boicot” que les plantearon desde Sarandí fue que “la única manera de que exista Empatía es que sea en el mismo horario de patio que tenían los adolescentes”. “Esto llevó a que los adolescentes quedaran en el medio de una disputa que les provoca a ellos mismos una tensión con el centro”, resaltaron.

En síntesis, la decisión que tomaron fue “por protección a los adolescentes, por falta de apoyo y por la falta de garantías de Inisa, que nunca intervino sabiendo estas situaciones”. “No hay respaldo mínimo para el trabajo no remunerado que hacemos, que es el que ellos deberían hacer, pero no hacen”, sentenciaron.

Todo esto, “sumado a la tensión del día a día en el centro Sarandí, con los adolescentes en el medio, que pasan 23 horas al día encerrados y que tienen que decidir ante la vista de todos si esa única hora de patio que tiene al día la cambian por una propuesta socioeducativa”, es por lo que resuelven retirarse del sistema penal adolescente.