El médico uruguayo Carlos Suzacq fue identificado como uno de los profesionales que operaban en el Regimiento 6° de Caballería en 1974. Por eso, el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, pidió su extradición a la Justicia española, que deberá determinar si accede o no a este pedido. Varias víctimas del terrorismo de Estado lo identificaron como quien elaboraba las fichas médicas de los secuestrados y asesoraba a los torturadores sobre la resistencia de los cuerpos. Se pretende juzgarlo por delitos de lesiones y detención ilegal.

Según informó Efe, Suzacq “se opuso” en una audiencia judicial a ser extraditado a Uruguay y alegó que los delitos “ya han prescrito”. Sin embargo, la Fiscalía dio un informe favorable a la extradición para que el médico asociado a torturas sea juzgado en Uruguay. Plantearon que, si bien los delitos por los que es acusado prescribieron en España, no lo hicieron en Uruguay.

Su abogada respondió que, en base al tratado de extradición vigente entre España y Uruguay, se impide acceder a este recurso si los delitos prescribieron en la legislación española. También adujo que no pueden considerarse “delitos de lesa humanidad” porque aún no estaban tipificados como tales en el Código Penal español cuando se produjeron, ya que España incorporó este delito a su legislación en 2004. La abogada también indicó que Suzacq es español desde 1978 y renunció a la ciudadanía uruguaya.

En diálogo con la diaria, Elena Zaffaroni, una de las personas detenidas y torturadas en el Regimiento 6° de Caballería, dijo que espera que le den la extradición. “Su abogado apelará, y está la condena que está cumpliendo allá”. “O sea, que si se cumplen los tratados, que no sé cuándo podrían concretarse, seguro pasará mucho tiempo”, explicó. “Veremos. Paso a paso. Que España reconozca y cumpla con el tratado de extradición sería el primero”, indicó.

Zaffaroni recordó que “se suma hoy en la ampliación de este interés de extradición la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de diciembre de 2022 como delito imprescriptible, entre otras cosas, que disponía cumplimiento en el curso del año, que ya pasó”. Explicó que “entre esos cumplimientos están los avances en la causa judicial, en la que han solicitado tantas inconstitucionalidades que ya perdí la cuenta; también los avances en investigación de qué pasó y dónde están los restos, y otros puntos más”.

Asimismo, el médico puede tener información sobre el esposo de Zaffaroni, Luis Eduardo González, dado que él hizo las fichas de todo ese grupo de detenidos en diciembre de 1974, en el Regimiento 6° de Caballería. González era militante del Partido Comunista Revolucionario y militante estudiantil de Medicina. Fue secuestrado en su casa de Montevideo junto a su esposa, que estaba embarazada de cuatro meses. Fue visto por última vez el 25 de diciembre de 1974. El Ejército emitió un comunicado diciendo que se había fugado.

El llamado desde Uruguay

En 2007, Lewis Rostán, integrante de Crysol que ha trabajado en investigaciones sobre el terrorismo de Estado, se comunicó por teléfono con Suzacq de Uruguay a España y le dio a entender que lo reconocían. Intentó encontrarlo en sus visitas en Uruguay, pero no tuvo éxito hasta la siguiente llamada: “‘Soy amigo de Luis González, que desapareció en el [Regimiento] 6° de Caballería y usted fue el último que lo vio con vida’. Ahí se hizo un silencio total y al rato me dijo que él no era médico en esa época, a lo que le respondí que se recibió en 1976, pero que en ese entonces era funcionario porque muchos testigos lo identificaron”, narró en diálogo con la diaria.

Suzacq reconoció haber trabajado en el [Regimiento] 6° de Caballería, pero sostuvo que no se acordaba de “nada de eso”. “Con eso tuve la confirmación de que realmente él estuvo ahí”, finalizó Rostán.

Para Rostán, hay dos antecedentes que pesan en contra a Suzacq: “En 2005 España extraditó al argentino Adolfo Scilingo por los vuelos de la muerte y también extraditó [al excoronel] Eduardo Ferro a Uruguay. Entonces, el argumento del abogado de que esos crímenes prescribieron ya no es válido y el tribunal español no lo tiene en cuenta, porque ya no lo tuvo en otra oportunidad, porque estos delitos son imprescriptibles”, detalló.

Rostán, que es expreso político, apuntó que en general “la intención de la tortura era conseguir información, no matarnos”, y que, según la información que recogió del caso, Suzacq “les hizo la ficha a 40 presos, estaba en el interrogatorio y participaba a cara descubierta”, porque “en la dictadura la tortura no se consideraba ningún delito, era un método admisible para obtener información”. Asegura que hay testigos que lo reconocen.

Mientras que “otros médicos simplemente no se asomaban y firmaban las cartas de defunción y nada más”, en este caso, Suzacq “estaba presente y su función era determinar si el interrogatorio podía continuar o no”. “Él era practicante de medicina y trabajaba en el Hospital Militar y con la OCOA [Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas]”.

Rostán destacó que este caso “es importante. Hay que ver qué dice, porque tiene mucha información” que puede repercutir en otros represores y casos en los que se cometieron delitos de lesa humanidad. En el escenario de un juicio, “va estar acorralado y puede decir que cumplía órdenes para zafar por algún lado y puede involucrar a otras personas”, advirtió Rostan.

La extradición está pedida en el marco de la causa que investiga violaciones a los derechos humanos en el Regimiento 6° de Caballería entre 1972 y 1976, iniciada por 17 víctimas de ese centro de torturas, y podría ser ampliada para la investigación penal sobre González.