La jueza penal de 23er turno, Isaura Tórtora, dispuso la prisión domiciliaria para el coronel retirado Gustavo Mieres, procesado por el asesinato del militante del Partido Comunista Revolucionario (PCR) Óscar Fernández Mendieta, ocurrido en mayo de 1973 en Durazno.

Fuentes judiciales informaron a la diaria que la decisión se tomó por entender que el estado de salud del militar no podía ser tratado desde un establecimiento carcelario, por lo que se dispuso su prisión domiciliaria, que cumplirá en Tacuarembó.

Mieres cumplía prisión en Domingo Arena desde agosto de 2021, cuando fue procesado por el delito de homicidio muy especialmente agravado en calidad de autor. La investigación penal logró determinar la participación de Mieres en las torturas que le provocaron la muerte al militante del PCR. En la misma causa también fue procesado como autor del homicidio el militar retirado Alberto Ballestrino y fueron imputados otros dos militares ya fallecidos, Daniel Blanco y Líber Morinelli.

Fernández Mendieta fue detenido en su casa, en la ruta 5, y trasladado al Regimiento de Caballería 2 de Durazno, por orden de Morinelli, quien ejercía como enlace de Inteligencia. Horas después de su detención, el 24 de mayo, Fernández Mendieta murió a causa de la tortura ejercida por los entonces alférez Blanco, Ballestrino y Mieres. Tenía 26 años.

La versión oficial planteó que la víctima había muerto al intentar fugarse, por caer varias veces de la escalera que daba al sótano donde fue torturado. La autopsia realizada por el jefe de servicio de sanidad de la unidad militar, Julio César Rossi, informó que el joven había fallecido a causa de un infarto de miocardio.

El médico de familia de la víctima pudo hacer una observación externa del cuerpo, que le permitió constatar lesiones por torturas en el cráneo, el tórax y los cuatro miembros, además de quemaduras de cigarrillo.

“Yo estaba a cinco metros y escuché los gritos desgarradores. No sé qué preguntas le hicieron. Se veían los apremios físicos; yo los vi, lamentablemente. Todas las personas que trabajaban en el cuartel podían tener conocimiento de que los detenidos eran sometidos a tratos crueles e inhumanos”, señaló el soldado de 1ª Ademar Silveira, uno de los cuatro testimonios de militares que fueron considerados en la investigación judicial.

Zaffaroni: “Tiene que haber controles y que las juntas médicas sean reales”

Elena Zaffaroni, de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y esposa de Luis Eduardo González, reflexionó en diálogo con la diaria que el de Fernández Mendieta “fue un asesinato premeditado por una práctica permanente en la que se formaron para matar, para torturar hasta la muerte, para hacer sufrir y tomar la vida de la gente joven”. “Fue algo tremendo”, recordó, y en ese sentido dijo que la decisión de enviar a Mieres a prisión preventiva se justifica si “se estaba muriendo o en un estado de súper gravedad”, porque “los familiares jamás pensamos ni que la prisión redime por el hecho de estar preso, ni que van a hacerlo sufrir más allá de la pena que debe cumplir”.

No obstante, dijo que la organización insiste en que los autores de crímenes de lesa humanidad “no tengan privilegios, porque son los peores criminales que tuvo la historia de Uruguay”. A pesar de que no han analizado esta noticia en el colectivo, personalmente considera que “tiene que haber controles y que las juntas médicas sean reales y determinen el estado de salud y por qué se habilitaría la prisión domiciliaria”, y fundamenta esto en que en ocasiones llegan “fotos de militares paseando o en la playa, o sea que es un cuento, no hay límites en la impunidad para ellos”. “Cometieron los delitos más aberrantes y se creen los dueños de la gente. Así actuaron en dictadura y siguen actuando con impunidad”, evaluó.

Por otra parte, Zaffaroni recordó que Cabildo Abierto (CA) presentó en 2021 un proyecto de ley para otorgar prisión domiciliaria a mayores de 65 años, que beneficiaría directamente a represores de la dictadura condenados y procesados, que luego el Partido Nacional retomó y elevó el límite a 70. La iniciativa está paralizada desde mediados del año pasado; al respecto, Zaffaroni aseguró que el presidente Luis Lacalle Pou les dijo en una reunión: “‘A mí [el senador de CA Guido] Manini no me va a marcar el paso”.