El Ministerio del Interior anunció un plan para reducir los homicidios que se basa en el reclutamiento de personas que estuvieron privadas de libertad para trabajar en la prevención de estos delitos. Según se comunicó, será en el marco de un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el que se destinarán dos millones de dólares. La propuesta está basada en el programa Cure Violence, que se ha aplicado con éxito en Estados Unidos y en nueve países de América Latina.

Desde el Ministerio del Interior (MI) indicaron que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) tendría un rol clave en la implementación de la propuesta, lo que fue transmitido de cartera a cartera a través de la prensa.

Este miércoles, Luis Alberto Heber, ministro del Interior, y Martín Lema, ministro de Desarrollo Social, se reunieron para intercambiar sobre este tema. Lo hicieron acompañados por integrantes de sus equipos y estuvo presente Diego Sanjurjo, coordinador de estrategias focalizadas en prevención policial del delito del MI.

Al respecto, en rueda de prensa, Heber dijo que aún “no hay una resolución” y que “fue una reunión de trabajo con el Mides, que nos parece muy importante porque ellos han tenido muy buenas experiencias”. Destacó que la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado está trabajando mucho mejor ahora que depende del Mides [antes dependía de Interior].

Heber señaló que “esta situación de homicidios, que no hemos podido bajar, no podemos simplemente decir que es un tema que se origina producto de enfrentamientos territoriales de las bandas y quedarnos en esa nomás”. “Porque parecería ser una explicación que plantea que al ministerio y al Estado no les importan esas muertes”, criticó, y acotó que “nos importan mucho esas muertes”. Por eso “estamos trabajando con un préstamo del BID porque no queremos cruzarnos de brazos”. El ministro del Interior afirmó que los homicidios se dan “en zonas muy concretas, en barrios de Montevideo, donde tenemos que hacer algo más”.

Un programa adaptado a la realidad uruguaya

Sanjurjo explicó parte de la propuesta y el contexto en el que se plantea: “Alrededor de 60% de los homicidios fueron en los llamados ajustes de cuentas. Es un problema que no hemos logrado resolver. Es un problema que se nos escapa. Y creemos que se nos escapa porque la Policía no tiene las herramientas para evitar que dos personas que están metidas en el delito, que no denuncian, que no piden ayuda y no quieren ayuda de la Policía, no cometan homicidios. Por eso, queremos recurrir a estos programas que ya se han implementado con éxito en otros países del mundo”.

El futuro coordinador de la propuesta señaló que la intención es traer esta propuesta a Uruguay: “La idea es adaptar esta modalidad, adaptarla a la realidad uruguaya; se la vamos a plantear a todos los partidos políticos y queremos que sea parte de una estrategia integral para prevención del delito”. “Creemos que va a tener mucho éxito en la prevención del homicidio”, adelantó.

Descartó varias de las hipótesis que se plantearon al respecto a nivel público: “Queremos dejar muy claro que no tiene nada que ver con soplones, ni con buchones, ni con inteligencia. Desde la oposición se ha manoseado mucho y de forma irresponsable”.

“Estamos hablando con personas que, quizás sí, quizás no, estuvieron metidas en el delito. Que pasaron por el sistema, que se rehabilitaron y a lo mejor llevan años trabajando justamente para evitar que otros jóvenes cometan los errores que cometieron ellos”, indicó, y agregó que “estamos hablando de personas que hoy trabajan en ONG, en el Estado, en iglesias, en el territorio, desde hace años, para evitar que otros jóvenes cometan los mismos errores que cometieron porque saben cómo trabajar con estas poblaciones y cómo evitar estos errores”.

Sobre el reclutamiento de estas personas, indicó que “tenemos bastante claro cuál es el perfil de las personas que precisamos”. Y resaltó que “desde que hemos empezado a hablar de esto, ya han empezado a mandar currículums, de hecho hay personas que ya trabajan de esta forma y quieren ser parte”. “Tendremos que verlo con los demás partidos”, manifestó, enfatizando en que “lo que está claro es cuál es el perfil, cuál es la tarea que van a realizar”.

“No creo que sea difícil porque ya hay muchas personas que trabajan en esto”, aseguró. “No van a ser personas que están saliendo hoy de prisión y no saben dónde ir, estamos hablando de personas que tienen una experiencia demostrada en la práctica de trabajar en esta tarea”, indicó respecto del perfil de los posibles interruptores de la violencia.

Sanjurjo aclaró que el programa va a depender del MI: “Es un programa que va a estar financiado y llevado a cabo por el MI, que eso esté muy claro. Lo que hemos hablado con el ministro Lema y su equipo es que hay muchos puntos de contacto en este tipo de trabajo y en la población también, en las personas con las que estos interruptores van a tener que trabajar. Por eso es que el Mides va a colaborar, para que la propuesta no sea sólo de prevención de homicidios sino preventiva e integral”.

Sobre la modalidad de trabajo, Sanjurjo explicó que, por ejemplo, ante un hecho delictivo como puede ser un tiroteo o un homicidio, “la persona puede activar su labor e ir al territorio y ver a qué se debió y cómo podemos evitar que ocurra un nuevo homicidio”. “Que se evite que un homicidio se convierta en muchos más”, como sostiene la metodología que da pie a esta propuesta que, “una vez compartida la propuesta con los partidos políticos, se va a compartir con académicos, con la sociedad civil y también con el sindicato policial”.

El trabajo coordinado con el Mides

Por otra parte, Lema resaltó que “hay un gran trabajo profesional que intenta innovar”, que pretende “primero ir a las causas” y que “se focaliza en los homicidios, que es de los delitos que no bajaron”. “Se busca personas que se reinstalaron en la sociedad satisfactoriamente en un trabajo que puede ser preventivo”, indicó.

El ministro de Desarrollo Social afirmó que hay puntos que se tocan entre ambas carteras, en particular entre la situación de calle y la privación de libertad. En este caso, “disminuir la violencia social y traer buenos resultados”. Lema cuestionó que “si no les damos otras oportunidades, qué caminos les estamos dejando: la reincidencia, la situación de calle, la violencia”.

Destacó la importancia de la “contención”, porque “las personas que recuperan la libertad muchas veces salen con el boleto y sin contención”, y que esta propuesta busca justamente que “exista una contención de personas que pasaron por situaciones similares y pudieron independizarse de la actividad delictiva”.

Consultado sobre cuál podría ser el aporte del Mides, señaló que “cuando captamos a una persona que recupera la libertad podemos derivar personas para que el ministerio haga la valoración de acuerdo al plan que tiene en materia de prevención de homicidios”; también “charlas o algún tipo de interacción en las cárceles”, que podrían ser de “personas que se hayan reinstalado exitosamente” y captadas por Dinali para compartir su experiencia con personas que estén presas. Además, dijo que en el trabajo territorial que el MI quiere hacer “se va a encontrar con un montón de personas que si en algún momento estuvieron privadas de libertad” pueden haber pasado por Dinali.

Lema reafirmó que “van a compartirlo con los partidos políticos para que se conozca de primera mano para evitar que haya especulaciones de un plan que no se conoce”. Para el ministro de Desarrollo Social, estos “son temas de sensibilidad, en los que está gran parte del futuro del país en estas cosas”. “En cómo tomamos nosotros a las personas que recuperan la libertad y cómo trabajamos en torno a ello nos jugamos mucho como sociedad”, indicó.

“Dentro de la política de seguridad hay diferentes líneas de acción, esta es una, que requiere un trabajo social en conjunto. Cuando hay niveles altos de reincidencia, cuando hay una diferencia abismal entre cuando se dan oportunidades y cuando no, claramente tanto el trabajo en cárceles como cuando la persona recupera la libertad es un camino hacia el bienestar social”, indicó Lema.

Descartó también cualquier involucramiento con el rol de informantes: “Van a colaborar con manifestar su situación personal, su experiencia, a los efectos de transmitirlo para buscar un camino de paz, que el camino no sea de violencia, lo que implica mucha ida y vuelta, mucho contacto, mucho cuerpo a cuerpo, de personas que la vivieron”.

El ministro enfatizó en la importancia de contar con la experiencia de personas que hayan transitado por estos caminos para trabajar en la prevención de delitos. Y retomó la explicación de cómo funcionaría el programa: “Personas que se reinstalaron satisfactoriamente muchas veces pueden tomar contacto en forma preventiva, y no porque esté por ocurrir el delito, a los efectos de dar una alternativa, o concientizar, o convencer, o tener un intercambio que puedan disuadirlo. No es que cuando se está por cometer un delito aparece el interruptor. Es un trabajo de mayor presencia a nivel social para tratar que se eviten ciertas situaciones de violencia para personas que, muchas veces por la realidad y las situaciones, no tienen una alternativa de una situación distinta, por eso se busca otra llegada”.