Operadores y policías de la Unidad 5 presentaron un hábeas corpus para que dejen de ingresar mujeres a esta cárcel que tiene 184% de hacinamiento. En el recurso pidieron que “cese el ingreso de forma inmediata de más personas privadas de libertad” a esta unidad” hasta que el hacinamiento baje a 120%, ya que la cárcel tiene 390 plazas y hay 719 mujeres. También piden más personal y mejoras en las instalaciones.

La Justicia ordenó que en 45 días el Ministerio del Interior presente un plan de acción a implementar en 120 días para realojar a personas privadas de libertad del tercer piso a otros sectores hasta disminuir al 120% el nivel de hacinamiento, tomar acciones para abordar la falta de personal para permitir el ejercicio del derecho a realizar actividades laborales, educativas y recreativas, y cesar prácticas de aislamiento prolongado. No fue concedida la demanda de que dejen de ingresar mujeres.

El Ministerio del Interior apeló el recurso de hábeas corpus: argumentó que el pedido no atiende la situación de las presas y que “esconde” una “reivindicación laboral”. La cartera considera que hay una “invasión” al Poder Ejecutivo en el fallo judicial, que “agravia a la administración” y se “inmiscuye en sus competencias exclusivas”. Los operadores demandantes rechazan esta apelación y los argumentos esgrimidos.

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de segundo turno, conformado por los ministros Daniel Tapie, Beatriz Larrieu, Ricardo Migues y Carla Cajiga, resolvió este lunes confirmar la sentencia en primera instancia, salvo en relación con algunos pedidos.

Confirmaciones y revocaciones

Según la resolución del tribunal, a la que accedió la diaria, los ministros entendieron que “la redistribución fuera de la Unidad 5 es perjudicial para las propias personas privadas de libertad” y “en este sentido hubiera sido necesario que se hubiera recabado alguna opinión de las interesadas y se indagara sobre la situación familiar y domicilio de las mismas a fin de evitar desarraigos”. Además, sobre la redistribución dentro de la unidad, apuntan que “ningún sector está por debajo del 120% de sobrepoblación, que es el porcentaje a partir del cual se entiende que hay hacinamiento, o sea que no sería solución moverlas dentro de la unidad”.

Pero la resolución cita consideraciones del comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, quien señaló que la dirección del centro carcelario, encabezada por Alejandro Chaves, “tiene actitud responsable, de compromiso, que intenta atender a los conflictos, que no tiene la violencia como única respuesta, que trabaja para mejorar el lugar de reclusión”, y señala que “en razón de la falta de personal, y de recursos técnicos y materiales que conspiran contra esa buena voluntad, y de otros lugares de reclusión, se hará lugar a la redistribución de las reclusas dentro del complejo carcelario Unidad 5 a efectos de lograr la disminución del hacinamiento crítico en el tercer piso”.

Por eso, se revoca parcialmente y en su lugar se dispone la redistribución o realojamiento de las mujeres dentro de la Unidad 5, “debiendo tomar en especial consideración la dirección del centro carcelario las particularidades de cada una de las personas privadas de libertad, a efectos de lograr la disminución del hacinamiento en el tercer piso en forma significativa”.

Por otra parte, se confirma y se mantiene la necesidad de ordenar acciones para abordar la falta de personal para atender el acceso de las mujeres privadas de libertad del quinto nivel al derecho a la hora en espacio libre en forma diaria. También a que accedan a actividades laborales, educativas y recreativas que permitan elaborar su proyecto de vida, sin que esto implique la desprotección de otros sectores y pisos de la unidad.

En este sentido, se menciona que si bien es necesario “adoptar medidas de personal para garantizar que el sector tenga acceso a los derechos que menciona” y que esas medidas deben ser resueltas “a la brevedad”, “en cuanto a las normas presupuestales, de ninguna manera se puede ordenar el ingreso de funcionarios, como pretenden los accionantes”.

“El proceso de ingreso de funcionarios hay que respetarlo y no es sencillo, y la dirección del centro tiene presente la situación actual de dicho sector, pero no tiene herramientas para trabajar con esa población, pero sí se puede disponer que se adopten las medidas necesarias para cubrir al menos las licencias prolongadas, por ejemplo distribuyendo de otras unidades u otras dependencias del Ministerio del Interior”, plantean como alternativa. “Esta medida impuesta por el juez se comparte, es el sector 5° que está en peores condiciones, sin salir, sin actividad. La situación que se refiere a este sector es violatoria de las Reglas de Bangkok y las Reglas Mandela”, subrayan.

En cuanto a la situación de tres mujeres privadas de libertad mencionadas en el hábeas corpus, se revoca la decisión de tomar acciones y en su lugar se dispone que “deberá darse cuenta al juez de la causa para que se interiorice de su situación y este disponga las medidas necesarias y adecuadas”.

Finalmente, se confirma y se mantiene que debe haber una “mejora de la infraestructura eléctrica y sanitaria de los sectores de alojamiento de las personas privadas de libertad, evaluándose aquellas instalaciones efectuadas por las personas privadas de libertad que puedan ser riesgosas según criterio de personal especializado sustituyéndola de ser viable por la infraestructura correspondiente”.

El documento concluye con la orden al Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio del Interior a “realizar todas las acciones ordenadas en los literales anteriores, las que se deberán cumplir en un plazo de 210 días [amplía el plazo], desde el día siguiente a la notificación de la presente sentencia, y acreditar, una vez finalizado dicho plazo, el cumplimiento de este fallo ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 44° Turno, quedando sin efecto el plan de acción impuesto en primer grado”, que era de 120 días.

El orgullo de los impulsores del hábeas corpus

En diálogo con la diaria, Germán Gutiérrez, uno de los operadores que impulsaron el hábeas corpus, planteó que “por un lado, desde el punto de vista de los trabajadores, lo consideramos un fallo histórico, porque es la primera vez que trabajadores de un centro de privación de libertad recurrimos a un hábeas corpus para defender los derechos humanos de las personas privadas de libertad a nuestro cargo y mejorar las condiciones de reclusión, que son a su vez las condiciones de trabajo nuestras”.

Dijo que les parece “correcto el fallo de segunda instancia, sobre todo porque se desestimaron muchos argumentos del Ministerio del Interior, que nos pareció prácticamente de carácter ofensivo, como por ejemplo cuando el Ministerio del Interior negó la violación de derechos humanos en la Unidad 5, o cuando se atacó la participación del comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, en el juicio”. “También se dijo que esto era una demanda laboral disfrazada de hábeas corpus, y todavía se achacó la falta de personal a los partes médicos de los funcionarios e incluso se atacó la integridad moral de algunos compañeros solamente por haber tenido actividad sindical”, criticó el operador penitenciario.

Gutiérrez expresó que el hecho de que “el tribunal de segunda instancia haya ignorado todos estos argumentos de baja estofa del Ministerio del Interior nos parece muy adecuado, y que frente a todo lo que se dijo, se obliga al ministerio a tomar un cambio referente a la situación de las mujeres privadas de libertad, situación que gracias a las leyes de inflación penal, en parte contenidas en la ley de urgente consideración, ha creado un hacinamiento exponencial en la Unidad 5”. “Esta administración particularmente no ha previsto las consecuencias de su propia normativa legal en cuanto al aumento de penas y recortes de beneficio liberatorio, y no ha proyectado en el corto plazo nuevas unidades para mujeres alrededor de todo el país, porque hoy por hoy se está haciendo el enfoque en que se va a acelerar o por lo menos la sentencia apela a que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto apoye el proyecto de la nueva cárcel, pero hay que contemplar que no hay que repetir los mismos errores de concentrar toda la población privada de libertad de mujeres en Montevideo, porque muchas son del interior y se tendría que contemplar el aumento de plazas para mujeres privadas de libertad en el resto de los departamentos para evitar el desarraigo familiar”.

“Nos parece sumamente adecuado que el fallo de segunda instancia haga hincapié en que se debe considerar la situación particular de cada privada de libertad a la hora de ser trasladada y de ser deshacinados los sectores”, manifestó.

En relación con los plazos y planes futuros, Gutiérrez dijo que esperan “que el Ministerio del Interior ejecute en los plazos en que se dictó la sentencia y que se demuestre la brevedad, sobre todo en lo que podría ser más inmediato, que sería el ingreso de nuevo personal, y que en caso de que el gobierno no cumpla con este fallo, se irá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Finalmente, Gutiérrez destacó “la felicidad que uno siente como trabajadores de una cárcel de haber podido lograr esto, siendo solamente cuatro personas las que impulsamos esta acción, y haber logrado cambiar de alguna manera la realidad estando prácticamente solos”. Una vez que pusimos el hábeas corpus, el movimiento sindical se guardó en silencio, al igual que los partidos políticos, y solamente obtuvimos el apoyo, y tengo que hacer especial mención a ellos, del Servicio de Paz y Justicia, Familias Presentes, Familias de Presos y organizaciones feministas como Cuerpa Oeste y la Coordinadora de Feminismos Anticarcelarios, que contribuyeron a los comunicados y de alguna manera a presionar para que se incluyera esto en la agenda de la opinión pública”. Manifestó que están “felices” por haber “logrado lo que hicimos y señaló “la desidia por parte del poder político y el movimiento sindical respecto de estos temas”.

Este jueves los trabajadores serán recibidos en el Parlamento por la Comisión Especial de Seguimiento del Sistema Carcelario para considerar la situación actual de la Unidad 5.