La defensa de Fiorella Prado, excónsul en Abu Dabi, pidió el archivo de la causa que investiga irregularidades en el otorgamiento del pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset cuando se encontraba preso en Emiratos Árabes Unidos.

El abogado Eduardo Sassón presentó un escrito ante el fiscal Alejandro Machado en el que plantea que Prado obró acorde al cumplimiento de instrucciones dadas por sus superiores y que la tramitación del pasaporte fue realizada acorde a derecho.

En el escrito, al que accedió la diaria, la defensa de Prado señala que el artículo 5 de la Convención de Viena de Relaciones Consulares de 1963 define entre las funciones consulares “extender pasaportes y documentos de viaje a los nacionales del Estado que envía, y visados o documentos adecuados a las personas que deseen viajar a dicho Estado”.

Además, cita el artículo primero de la Ley de Organización Consular, que sostiene que es parte de su labor ”adecuar las actividades tradicionales a los principios de simplificación administrativa, modernización tecnológica y pleno respeto a los derechos y dignidad de los compatriotas, así como la protección y promoción de sus intereses en el exterior”.

La defensa de Prado sostuvo que tras ser informada de que Marset estaba preso en Dubái mantuvo varios contactos con él y su familia en los que le pidieron la confección de una nota que diera cuenta de que estaba en condiciones de acceder a un pasaporte y algunas consultas para tramitarlo.

Prado consultó al responsable del Departamento de Documentación de Viajes, Fernando Pereda, para saber si correspondía hacer esa nota. “Vos le podés hacer una nota que diga que se puede iniciar el trámite. Probablemente –te lo digo de acuerdo a nuestra experiencia acá–, Interpol suspenda el trámite, no se le dé el pasaporte. Pero en el caso de la nota, me parece que la parte de iniciar el trámite sí [corresponde] porque es un derecho de los uruguayos, de todo compatriota, por más que esté detenido”, le respondió Pereda.

Prado también recibió instrucciones de la cancillería para coordinar con el centro penitenciario para tomarle las huellas a Marset, para comprobar su identidad.

También señalaron que el 29 de octubre de 2021, Damián Molfino, de Documentación de Viaje de cancillería, le informó a Prado que se podía iniciar el pasaporte y que la última palabra en cuanto a su otorgamiento la tendría la Dirección Nacional de Identificación Civil.

Además, plantearon que la nota firmada por Marset para habilitar a un tercero a retirar el pasaporte en la cancillería, dado que habían perdido el viaje de la valija diplomática, fue una instrucción de Departamento de Viaje.

“No existe un solo elemento que permita entender que nuestra clienta hubiera obrado por fuera de su rol de cónsul, y mucho menos aún para considerar que pueda haber infringido alguna norma penal”, sostiene el escrito.

Sassón reclamó al fiscal que “se pronuncie categóricamente y con la mayor celeridad” y planteó que la alta exposición mediática del caso implicó la “difusión de datos personales” que perjudicaron “su reputación, honor y prestigio profesional”.

“La incuestionablemente correcta y lícita actuación durante todos los hechos y el especial apego a la normativa vigente y a su rol como cónsul dejan como única solución posible acceder a nuestra petición en forma tan célere como íntegra”, plantea el escrito.

El pedido de archivo se suma al presentado la semana pasada por el abogado Jorge Barrera, que pidió la culminación de la investigación penal en relación con la exdirectora general de Consulares y Vinculación de la cancillería, Pauline Davies.