El 29 de marzo, en la sala de conferencias del edificio anexo del Palacio Legislativo, el entonces senador del Partido Nacional Gustavo Penadés desmintió la denuncia realizada por Romina Celeste Papasso. “Debo confesar con sencillez que estoy impactado por las recientes declaraciones contra mi persona”, expresó Penadés ante la prensa en una mesa en la que dijo haber pedido estar solo porque se trataba de su vida privada.
Quienes en aquel momento eran el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el canciller, Francisco Bustillo, expresaron su respaldo al legislador, algo que fue cuestionado, principalmente en el caso de Heber, por entender que se trataba de una forma de presión contra la Justicia o dirigida a los policías que investigaban en la causa.
Romina Celeste Papasso había denunciado en el programa Hacemos lo que podemos, en el canal Undertake Producciones, que Penadés había abusado sexualmente de ella cuando tenía 13 años. La denuncia pública fue presentada como un golpe final en una enfrentamiento retórico entre ambos que se originó a partir de declaraciones de Penadés contra Papasso. El senador la había desconocido como integrante del Partido Nacional, luego de que ella fuera condenada por atentado especialmente agravado por agredir a una inspectora de tránsito durante la visita del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a Montevideo, a fines de enero.
En principio, Papasso no quiso llevar el caso a la Justicia, pero la fiscalía decidió actuar de oficio y entonces la militante blanca se sumó a la denuncia penal. A partir de su denuncia, comenzaron a llegar a la fiscalía y al estudio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República otros casos de víctimas que querían denunciar a Penadés. Todos eran varones y tenían entre nueve y 17 años cuando ocurrieron los hechos que denunciaban.
Intimidación y promesas
La primera vez que Penadés fue a declarar ante la fiscal del caso, Alicia Ghione, fue el 25 de mayo. El entonces senador, que contó con un pequeño despliegue policial ordenado por el Ministerio del Interior para proteger su llegada a la fiscalía, volvió a negar su participación en los hechos. “No me arrepiento de nada porque no cometí ningún delito”, dijo. En ese momento, ocho víctimas ya se habían contactado con la fiscalía.
Unos días después, la Suprema Corte de Justicia envió el pedido de desafuero del senador Penadés, a pedido de la fiscal Ghione. Penadés había reclamado que se tratara con urgencia el caso en el Parlamento y pidió a sus correligionarios que no lo defendieran públicamente.
Los primeros datos oficiales sobre los hechos por los que era denunciado llegaron a principios de junio por la filtración del documento enviado a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado para estudiar el desafuero, que fue aprobado por unanimidad por el plenario, aunque con algunos reparos por parte del senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech.
En ese documento, enviado por la fiscal Ghione a los legisladores, se referían a varios de los casos denunciados y se advertía sobre la situación de riesgo en que se encontraban las víctimas, debido a que habían sido amenazadas de diversas formas, mencionando el asesinato de un joven de 17 años, quien habría manifestado su intención de declarar contra el senador. Allí se conoció que utilizaba su posición de senador para generar promesas o intimidar a las víctimas y que en algunos casos estas habían sido contactadas en la explanada del Palacio Legislativo.
Luego de esa primera difusión de los casos y de las amenazas a las víctimas, el ministro del Interior volvió a referirse al caso de su compañero de la lista 71: “A nosotros nos cuesta creer que todo esto sea verdad, es otra persona de la que están hablando, para mí”.
Otra trama
Las denuncias sobre amenazas generaron la discusión sobre la pertinencia de mantener en reserva la identidad de las víctimas y acerca de si estaban dadas las condiciones para ejercer una defensa adecuada al desconocer la identidad de los denunciantes. Además, se creó una línea de investigación que culminaría con el descubrimiento de un grupo integrado por policías que realizaba investigaciones clandestinas y vigilancias con el fin de fortalecer la teoría de la defensa del entonces senador. Penadés sostenía que existía una maniobra política en su contra, e intentaba generar evidencia a través de esas investigaciones irregulares.
Tras resolver el mantenimiento de la reserva de la identidad de las víctimas, los denunciantes declararon como prueba anticipada en varias audiencias que tuvieron lugar a mediados de agosto. Al finalizar esa etapa, el 18 de agosto, la Justicia dispuso el cierre de fronteras e incautó el celular de Penadés, una pieza clave para desbaratar la organización que el senador había montado contra las víctimas.
“Fue una instancia muy dura, fueron tres días en los cuales las presuntas víctimas brindaron su declaración. Nada de lo que se dijo es cierto”, expresó Penadés al finalizar la tanda de declaraciones anticipadas.
A principios de octubre, se conocieron varias conversaciones de secretarios y personas del entorno de Penadés, tras una filtración publicada por El Observador de las escuchas telefónicas contra ellos. Una de esas conversaciones daba cuenta de la participación de una funcionaria en pase en comisión en la Corte Electoral, del círculo íntimo de Penadés, que había utilizado el sistema del organismo para acceder a datos de las víctimas, a pedido de uno de los secretarios del senador.
Más imputados
El caso daría otro salto, en cuanto al conocimiento de la magnitud de los hechos investigados, tras la audiencia de formalización, en la que Penadés fue imputado por 11 delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad, cuatro delitos de abuso sexual especialmente agravados, tres delitos de abuso sexual agravados, violación, desacato, corrupción de menores y atentado violento al pudor.
La noche del 10 de octubre, Penadés fue trasladado del juzgado de la calle Juan Carlos Gómez, directamente a la Unidad 19 Florida, sin pasar por el Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación con prisión preventiva por 180 días.
El profesor de Historia Sebastián Mauvezin, señalado como una de las personas que contactaba a las víctimas con Penadés, fue imputado por siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores de edad, también con prisión preventiva.
A la salida de esa audiencia, la fiscal Ghione informó a la prensa de la detención del director del Comcar Carlos Taroco por su participación en el equipo que realizó seguimientos e investigó a las víctimas para favorecer a Penadés y señaló que entre la evidencia existía un flujograma de los vínculos de uno de los denunciantes, Jonathan Mastropierro, que había sido elaborado por Taroco y encontrado en el celular de Penadés.
Taroco fue imputado el 12 de octubre por un delito de cohecho calificado y un delito de revelación de secreto.
Con la ratificación de la imputación de Penadés, a fines de octubre, por parte del Tribunal de Apelaciones de 4° turno, se conocieron más datos sobre la forma en la que el entonces senador utilizaba su posición social contra la víctimas, a las que llegó, en algunos casos, a través de la creación de un cuadro de fútbol para niños y también se conoció el relato ante el juzgado de una víctima de violación.
Otra de las investigaciones penales que surgió del caso Penadés fue sobre la creación de un chat falso que intentó presentarse como evidencia del caso y la eventual participación de Papasso en esa maniobra, en coordinación con un joven privado de libertad, algo que aún está siendo investigado en otra causa.
La fiscalía avanzó en la investigación sobre el equipo que trabaja con Taroco y el 19 de diciembre la Justicia condenó a través de acuerdos abreviados a cinco personas vinculadas al caso, dando cuenta del uso de los recursos estatales y las influencias de Taroco para intentar conectar a Mastropierro con los otros denunciantes.
Investigaciones en curso
En 2024 la causa continuará con la investigación de otras personas vinculadas al equipo de indagaciones clandestino liderado por Taroco, que se contactaba con Penadés a través del funcionario del Parlasur Diego Cuiñas, uno de los condenados y compañero de Taroco en la masonería.
Según supo la diaria, la Fiscalía tiene previsto investigar a otros funcionarios policiales que estuvieron vinculados al equipo, para saber, por ejemplo, cómo accedieron a documentos que formaban parte de la evidencia que era custodiada por Policía Científica, cómo se concretaron las maniobras vinculadas a la remisión de pena por trabajo a la interna del Instituto Nacional de Rehabilitación, la existencia de una eventual obstaculización de la emisión del pasaporte de Johnathan Mastropierro o escuchas telefónicas clandestinas que podrían incluir al equipo fiscal.
En el correr del año, además del vencimiento de la prisión preventiva de Penadés y Mauvezin previsto para abril, la fiscal Ghione deberá presentar la acusación contra el exsenador o pedir una prórroga para continuar la investigación, que podría profundizar sobre otros involucrados en la explotación sexual de menores.
Por otra parte, los acuerdos alcanzados con los integrantes del equipo de Taroco –que debieron reconocer su participación en los hechos para acceder a una reducción de la pena hipotética– replantean la posición del exdirector del Comcar, quien al inicio de la investigación en su contra había iniciado negociaciones para un acuerdo, pero finalmente cambió su estrategia de defensa.