Interpol habría logrado la detención de Daniel Cherutti, pedida por el juez federal argentino Daniel Rafecas, en el marco de la causa que investiga violaciones a los derechos humanos en los centros de tortura clandestinos Automotoras Orletti y Bacacay, donde estuvieron detenidos Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Manuel Liberoff, Rosario Barredo, William Whitelaw, Gabriela Schroeder y sus hermanos.

Rafecas había pedido la captura internacional de Cherutti a mediados de enero, luego de que la investigación penal lograse determinar que unas 31 personas estuvieron en el centro clandestino Bacacay, en el barrio porteño de Flores, a cargo del grupo operativo OT 18, que pertenecía a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Por esta causa, el juez argentino determinó la detención de cinco exagentes de la SIDE, Patricio Finnen, Luis González, Rubén Escobar, César Albarracín y Hugo Ángel Carlet y pidió la detención de Cherutti, hermano del humorista argentino Miguel Ángel, quien fue ubicado en Italia.

Si bien la detención de Cherutti fue informada por América TV, fuentes consultadas por la diaria advirtieron que hasta la tarde del jueves la Justicia argentina no había sido notificada de la detención, algo inusual en este tipo de casos.

Cherutti es investigado por 108 delitos de privación de libertad, 104 delitos de torturas y 19 homicidios.

La investigación de la Fiscalía especializada en Delitos de Crímenes de Lesa Humanidad en Uruguay logró determinar que en Bacacay, en los casos de uruguayos detenidos en el centro clandestino, junto con los agentes de la SIDE participaron integrantes del Servicio de Información y Defensa (SID), que coordinaban con la SIDE, entre ellos José Nino Gavazzo, José Arab y Ricardo Medina.

Según la investigación penal en Uruguay, el vínculo entre los agentes uruguayos y argentinos previos a la creación del Plan Cóndor se efectuó a través de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) de Uruguay y la Policía Federal Argentina (PFA), y luego de marzo de 1976 se unieron a esa coordinación el SID y la SIDE.

“El SID era un órgano de inteligencia que actuaba al más alto nivel para asesorar a la Junta de Comandantes en Jefe. Y en especial, el Depto. III del SID era el encargado de las operaciones especiales en todo el país y aun en el exterior. Y precisamente en la Argentina actuó en forma mancomunada con la Secretaría de Información del Estado (SIDE) de ese país”, se señala en el pedido de formalización de José Arab, Ernesto Ramas, Jorge Pajarito Silveira y el expolicía Ricardo Medina en la causa que investiga los asesinatos de Barredo, Whitelaw, Michelini y Gutiérrez Ruiz, la desaparición forzada del militante comunista Manuel Liberoff y otras decenas de violaciones a los derechos humanos perpetradas por represores uruguayos en Buenos Aires, entre ellas, la privación de libertad de Gabriela Schroeder, Victoria Barredo y Máximo Barredo, y la supresión de estado civil de Macarena Gelman y Mariana Zaffaroni.

Rosario Barredo y William Whitelaw fueron secuestrados el 13 de mayo de 1976 en la calle Matorras, en la ciudad de Buenos Aires, junto con sus tres hijos, a los que trasladaron al centro de detención clandestino Bacacay.

A las dos de la madrugada del 18 de mayo fue secuestrado Gutiérrez Ruiz en su apartamento de la calle Posadas, en Buenos Aires, luego de que un integrante de las Fuerzas Armadas argentinas, Osvaldo Paqui Forese, que respondía al comando de Aníbal Gordon, ingresara al domicilio tras forzar la puerta, acompañado de otros agentes que se identificaron como integrantes de la Policía Federal.

Esa misma noche fue secuestrado Zelmar Michelini en el hotel Liberty. Matilde Rodríguez y el conserje del hotel intentaron denunciar el secuestro en seccionales policiales, pero no les tomaron la denuncia.

El 21 de mayo encontraron el cuerpo de Michelini en la parte de atrás de un Torino color borravino que había sido robado en la tarde del día anterior, y en el baúl estaban los cuerpos de Barredo, Whitelaw y Gutiérrez Ruiz, junto a una nota que intentaba atribuir el crimen al Movimiento de Liberación Nacional y presentarlo como un “ajuste de cuentas” entre facciones de izquierda.