El informe Importación y deprivación: factores en las trayectorias vitales que desembocan en muertes bajo custodia penitenciaria en Uruguay, realizado por Leticia Keuroglian, Gimena Ouviña, Santiago Sosa y Ana Vigna señala la necesidad de hacer un “permanente monitoreo y análisis”, para tener información sistematizada sobre las muertes bajo custodia, que en 2021 registraron un incremento de 79% en comparación con 2020, con 86 casos que representan 40% del total de fallecidos entre 2018 y 2021.

El trabajo se enmarca en el proyecto “Desarrollo, validación e implementación de un sistema de información para el monitoreo de las condiciones de vida y el ejercicio de derechos de la población privada de libertad”, que realizan en conjunto la Universidad de la República y la Oficina del Comisionado Parlamentario con los datos de muertes bajo custodia ocurridos entre enero de 2018 y diciembre de 2021, período en el que fallecieron 215 personas dentro del sistema penitenciario.

En 2018 se observa un descenso respecto de los años previos, alcanzando los 37 casos. Si bien en 2019 y 2020 las cifras se incrementan, con 44 y 48 casos, respectivamente, en 2021 se produjo un crecimiento excepcional, llegando a un récord histórico de 86 fallecimientos en cárceles, tema que fue central en el informe anual del comisionado parlamentario penitenciario de ese año, en el que se expresó “especial preocupación” al respecto.

De las 215 personas fallecidas entre 2018 y 2021, 97,2% eran hombres y 2,8% mujeres, lo que es consistente con la brecha de género en la población carcelaria, en la que 94,5% de las personas privadas de libertad son varones y 5,5% mujeres.

“Será necesario contar con estudios que con base en un enfoque de género y, en particular, de masculinidades permitan comprender las razones que subyacen a estas distribuciones”, señala el informe, al que accedió la diaria.

Las seis muertes de mujeres en el período estudiado ocurrieron a razón de dos por año, por lo que no se registró el salto en 2021, que sí ocurrió en el caso de los varones. La gran mayoría de los fallecidos fueron uruguayos (94,4%), mientras que el resto de los fallecidos provenía de Argentina y Brasil.

El promedio de edad de las personas que murieron en cárceles es de 39 años y fue aumentando desde 2018, cuando fue de 35 años, y alcanzó los 41 años en 2021.

Al estudiar el delito por el que estaban privados de libertad no hay una evolución clara en el período estudiado. Sin embargo, para los investigadores “queda clara la pérdida de peso relativo de los homicidios a lo largo de estos años, así como el posicionamiento que alcanzan los delitos vinculados a drogas, los cuales llegan al tercer lugar entre los fallecidos en 2021. 29,3% de los fallecidos entre 2018 y 2021 estaban privados de libertad por rapiña, 21,2% por homicidio y 13% por delitos sexuales. 71% estaba cumpliendo condena, mientras que 29% murió en prisión preventiva.

En cuanto a los antecedentes penales, la mayoría de las personas fallecidas eran reincidentes (72%), mientras que 28% de los casos eran primarios, es decir, era la primera vez que estaban presos. No se registran variaciones significativas en este sentido dentro del período estudiado.

39% de las personas fallecidas estaban recluidas en la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar) y 14% en la Unidad 3 Libertad. Si se consideran además la Unidad 1 Punta de Rieles (cárcel de participación público-privada), la Unidad 7 Canelones y la Unidad 13 Las Rosas (Maldonado), se observa que en cinco de los 26 establecimientos carcelarios de todo el país se concentra 76,3% de las muertes y que son en su mayoría cárceles de la zona metropolitana.

“Al comparar este dato con la distribución de la población carcelaria se observa que si bien dichas unidades son las que alojan a la mayor cantidad de personas, el fenómeno de la muerte bajo custodia está fuertemente concentrado. Así, mientras que durante este período el Comcar y el Penal de Libertad alojaban en promedio a 37% del total de la población reclusa (concentrando 53% de las muertes), entre las cinco unidades consideradas se abarcaba a 63% de la población total (y a más de tres de cada cuatro fallecimientos)”, señala el informe.

Además, señalan que entre 2018 y 2021 se detectaron variaciones en términos de la cantidad de establecimientos en que se dieron las muertes; en 2018 se contabilizó un total de 11 unidades en las que murieron personas bajo custodia, en 2019 fueron nueve y en 2020 y 2021 se alcanzó un total de 15 establecimientos.

El estudio busca profundizar sobre el vínculo entre las condiciones de reclusión y la concentración del fenómeno de la muerte bajo custodia a partir de la clasificación elaborada por el comisionado parlamentario a partir de la identificación de indicadores estratégicos de situación, de la que se desprenden tres categorías: oportunidades de integración social, condiciones insuficientes de integración social, y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

“Para todos los años analizados, la mayoría de las MBC [muertes bajo custodia] se concentra fundamentalmente en unidades catalogadas como de condiciones de trato cruel, inhumano o degradante. De hecho, a lo largo del período entre 65% y 70% de las MBC pueden ser asociadas a esta tipología. Teniendo en cuenta la distribución de las MBC por año y tipo, se podría afirmar que 2019 es el año que más se profundiza la asociación antes comentada”, indica el informe.

Las causas de las muertes bajo custodia

63% de las muertes ocurridas en el sistema penitenciario durante el período analizado por el estudio fueron violentas (homicidios, suicidios, accidentes o causas violentas no aclaradas), mientras qye 36,8% fueron por problemas de salud.

Entre las muertes violentas, los homicidios alcanzan 34%, la autoeliminación 24% y los accidentes 3,3%. El 1,7% de las muertes entre 2018 y 2021 no tienen una causa aclarada.

El informe señala que, al estudiar por año el peso de las muertes violentas, entre 2018 y 2020 alcanzan el entorno de 70% de cada año, mientras que en 2021 el peso relativo de las muertes violentas cae a 51%, mientras que las asociadas a problemas de salud y las indeterminadas alcanzan el 49%.

Entre las muertes violentas, en 2021 los homicidios reúnen 24% de los casos luego de alcanzar 45% en 2019 y 43% en 2018, mientras que los suicidios alcanzan 20%, registrando una variación en 2020, cuando llegan a 35% de las muertes violentas. Los accidentes representan entre 4,6% y 5,8% de los casos de muertes violentas en el período estudiado. Cuatro de los cinco fallecimientos ocurridos en 2021 por esta causa se debieron al incendio causado por una mala conexión eléctrica en el Comcar.

Al considerar las muertes violentas según el establecimiento carcelario, se observa que nuevamente el Comcar, el Penal de Libertad y la cárcel de Canelones son los que presentan mayor cantidad de fallecimientos, mientras que en el caso de los suicidios, la Unidad 13 Las Rosas aparece en el tercer lugar que concentra este tipo de muerte, luego del Comcar y el Penal de Libertad.

“La distribución de los distintos tipos de MBC según la clasificación de las condiciones de las unidades [...] muestra que, en términos generales, los establecimientos con buenas oportunidades de integración y rehabilitación suelen reunir muertes que en su mayoría son de tipo natural. De hecho, siete de cada diez de los fallecimientos que tienen lugar en estas unidades son de estas características”, expresa el informe.

En ese sentido, el estudio determina que “a medida que las condiciones de los establecimientos empeoran, este tipo de muertes pierden peso relativo, alcanzando su mínima expresión en los centros considerados de trato cruel, inhumano y degradante con 22%”.

A su vez, los homicidios alcanzan 44% de las causas de muerte bajo custodia en establecimientos considerados con trato cruel, mientras que en las cárceles catalogadas como con insuficientes oportunidades de integración y rehabilitación los homicidios representaban 19% de los fallecimientos y no se registraron homicidios en las cárceles con mejores condiciones de reclusión. No se registró una relación clara entre los suicidios y las muertes indeterminadas según el tipo de unidad.

Aspectos cualitativos de las personas fallecidas

El estudio incorpora también información cualitativa contenida en las carpetas de las personas fallecidas, donde se advierte que la heterogeneidad de los datos relevados dificulta el análisis.

“La heterogeneidad también revela las diversas condiciones de intervención institucional en las unidades, así como distintos criterios o criterios laxos respecto de qué se registra y cómo, y cuál es la información que finalmente queda archivada en la carpeta personal en formato papel”, advierten los investigadores.

“Si bien existe cierta heterogeneidad en las trayectorias de las personas fallecidas (diversidad que se corresponde principalmente con los perfiles diferenciales asociados a los distintos tipos de delito cometido), la información deja ver un perfil mayoritario, asociado a altos niveles de vulnerabilidad en los cuales la mayoría vivió durante su vida previa a la prisión”, señala el informe, detallando entre los datos obtenidos un bajo nivel de avance dentro del sistema educativo, el abandono temprano de los estudios, y la precariedad laboral y habitacional, siendo habituales los relatos de situación de calle.

A su vez, se detecta un vínculo temprano con el mundo del delito, a menudo dentro del ámbito familiar, con experiencias de internación previa como menores y como adultos.

“En los relatos de sus infancias destacan situaciones de alta vulnerabilidad en el hogar, muchos siendo víctimas directas o testigos de violencia o abuso en el ámbito familiar, conducta que a menudo reproducen más adelante en las familias que ellos mismos conforman”, sostiene el informe.

Otro de los elementos destacados es la presencia de consumo problemático de drogas y alcohol y patologías de salud mental, con varios casos en los que se mencionan intentos de autoeliminación.

El estudio señala que hay una fuerte incidencia del suicidio en personas que cuentan con escasa trayectoria en el mundo carcelario, personas jóvenes, primarias, e ingresos recientes. “De modo coincidente con lo observado a nivel cuantitativo, una parte importante de los suicidios suceden en el período inmediatamente posterior al ingreso al establecimiento”, señalaron.

Además, sostienen que a menudo los intentos de autoeliminación “derivan de la amenaza o experiencia previa de agresión por parte de otras personas privadas de libertad”. “Más allá de la eventual “predisposición inicial” que estas personas pudieran presentar (efecto de importación), parecen claves los sufrimientos añadidos por el encierro en el desenlace fatal (efecto deprivación)”, señala el informe.

A modo de conclusión, el informe plantea la necesidad de una “delimitación precisa e individualizada de los riesgos y necesidades que tiene la población penitenciaria al ingreso, durante y luego de la prisión, así como la gestión de las alternativas de intervención institucional y programática”. En ese sentido, advierten que no hay sistemas de información adecuadamente desarrollados.

En una primera versión de esta nota se informó erróneamente que el informe había sido presentado este jueves en la sala Maggiolo de la Universidad de la República.