El presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), Leonardo Méndez, participó en la audiencia Amenazas a la Independencia Judicial en Centroamérica y Sudamérica, en el 186º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Durante su participación en la audiencia, el presidente de AMU señaló varias de las carencias que sufre el sistema judicial y dijo que en nuestro país hay “un Poder Judicial que a la interna no tiene limitaciones de ninguna índole, al extremo que una ley que reguló nuestra carrera judicial estuvo más de dos años sin ser aplicada porque la corte entendía que era inconstitucional sin una medida cautelar para poder hacer la suspensión de la aplicación del acto legislativo”.

Méndez dijo que se trata de “un gravísimo antecedente” que podría llevar a no aplicar otras normas que sean consideradas inconvenientes. “Nuestro legislador dictó esa norma, estuvo dos años y medio sin aplicarse, hasta que fue declarada inconstitucional”, lamentó recordando que en Uruguay el control de la constitucionalidad lo tiene la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y que, en este caso, actuó una corte integrada, dado que los ministros eran parte del litigio.

En diálogo con la diaria, Méndez señaló que la audiencia se realizó a pedido de la Federación Latinoamericana de Magistrados para que varios países pudieran presentar sus dificultades en materia de independencia judicial, dado que aún no está conformada una relatoría que implique una revisión periódica sobre el tema.

“La mayoría de los países latinoamericanos plantean situaciones de mayor gravedad, donde la afectación de la independencia judicial se da por la intromisión de otros poderes del Estado en el Poder Judicial; en el caso nuestro, que es el conflicto que venimos manteniendo con la corte por carrera judicial, la afectación nuestra es interna, que es que la corte en el ejercicio absoluto e irrestricto de sus poderes discrecionales no nos ha dado una respuesta para tener una carrera funcional más justa y transparente. Ese fue el planteo que fuimos a realizar a la comisión”, expresó

Méndez señaló que, tal como lo han hecho en los ámbitos internos, plantearon la necesidad de tener una calificación universal de los jueces, dado que actualmente se califica a menos de 20%, que las calificaciones sean fundadas, que dejen de ser secretas, y que se hagan sobre parámetros claramente preestablecidos.

“De esa forma podemos hacer un control de legalidad de las calificaciones y eventualmente impugnarlas ante el TCA como hace cualquier funcionario público, salvo nosotros. Eso propendería a una mayor transparencia y a su vez a una mayor legitimación democrática nuestra porque, naturalmente, el hecho de que esto funcione así nos posiciona de forma oscura y opaca frente a la ciudadanía porque no se sabe por qué el que ascendió, ascendió, por qué el que se quedó se quedó”, expresó.

El presidente de AMU recordó que la SCJ fue convocada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que se establezca un ámbito tripartito de negociación, pero la SCJ decidió no participar.

Consultado sobre el nuevo reglamento de ascensos, presentado por la SCJ en 2022, Méndez respondió: “La corte como respuesta a todo esto nos dio la acordada 8.140, pero en realidad es la misma situación que visten con otro ropaje, se agrega una prueba de oposición, pero seguimos teniendo el problema de las calificaciones y adoleciendo de los mismos vicios”.

La presentación realizada por la AMU será analizada por la CIDH que evaluará citar al Poder Judicial uruguayo y eventualmente emitir una recomendación para el Estado.

“Lo que nosotros pedimos es que se ajuste la normativa interna a los principios básicos en materia de carrera funcional que se da a nivel latinoamericano. También lo que tiene que ver con el Código Iberoamericano de Ética, donde se plantea justamente la necesidad de que la carrera judicial esté reglada por normativa legal de la forma más objetiva y transparente posible”, agregó.