El fiscal de Montevideo de primer turno por el sistema no acusatorio, Luis Pacheco, pidió el archivo de la causa que investigaba irregularidades en Gas Sayago tras diez años de investigación en la que no se encontraron actos arbitrarios contrarios a la norma o que persiguieran en forma deliberada un perjuicio contra el Estado, que justificaran la continuidad de la investigación penal.
Para el fiscal, al tratarse de una empresa que fue creada dentro del derecho privado, no cabe responsabilidad a los indagados que no eran funcionarios públicos, dado que el artículo 175 del Código Penal, que determina el alcance del concepto de funcionario público a los efectos de la persecución penal, plantea que serán considerados funcionarios todos los que desempeñen tareas en entes públicos o persona pública no estatal, por lo que, en este caso, no son aplicables los delitos contra la administración pública. Si bien el alcance de esa responsabilidad fue ampliado en 2019, no puede aplicarse retroactivamente.
En cuanto a quienes sí revestían la calidad de funcionarios públicos, la Fiscalía no encontró “conductas dolosas intencionalmente dirigidas a perjudicar al Estado o al normal desenvolvimiento de la actividad administrativa de este, por lo que corresponde descartar la atribución de responsabilidades penales”.
En su dictamen, Pacheco enumera los aspectos denunciados durante el proceso, entre ellos imprevisión, negligencia, ausencia de estudios de factibilidad, defectos de localización de la planta, irregularidades e ilicitudes abusando de la condición de actuar bajo el derecho privado para la adjudicación de la obra, irregularidades en el proceso de autorización ambiental previa, celebración de un contrato perjudicial para el Estado, adjudicación a la empresa OAS, que no reunía los requisitos exigidos, o interferencia de autoridades del gobierno de Brasil para la subcontratación de la empresa OAS, y sostiene que de la prueba que surge del expediente presumarial ninguna de las actuaciones de los denunciados puede enmarcarse en el delito de abuso funciones innominado, aunque reconoció la existencia de “imprevisiones, errores estratégicos, negligencias e irregularidades administrativas, algunas propias de un proyecto de suma complejidad”, que significaron “pérdidas financieras para el Estado, aún pendientes de estimación definitiva”.
El Lava Jato, las conclusiones de la Fiscalía y las clases de piano
La primera denuncia fue realizada por el abogado Gustavo Salle en 2013 para que se investigaran supuestas presiones a las autoridades de la Dirección Nacional de Medio Ambiente para el otorgamiento de permisos para la construcción de la planta regasificadora en Puntas de Sayago. Esa investigación fue archivada en 2014, pero la causa volvió a abrirse luego de que el denunciante planteara la existencia de irregularidades en las contrataciones para la construcción de la planta.
En 2016 la Cámara de Diputados dispuso la creación de una comisión investigadora para estudiar el caso en el ámbito parlamentario, que funcionó hasta 2018. Los legisladores de la entonces oposición decidieron llevar las conclusiones de la comisión parlamentaria a la Justicia y ampliar la denuncia, señalando como la principal de las irregularidades a investigar la contratación de la empresa brasileña OAS para la construcción de la planta, que según los cálculos realizados en el ámbito parlamentario significó una pérdida de 177 millones de dólares.
Los denunciantes, los entonces diputados Pablo Abdala (Partido Nacional, PN), Amin Niffouri (PN), Mario García (PN), Walter Verri (Partido Colorado), Daniel Radío (Partido Independiente) y Eduardo Rubio (Unidad Popular), basaron la denuncia de irregularidades en la contratación de la empresa OAS a partir de versiones de prensa sobre la declaración ante la Justicia brasileña de un arrepentido en la investigación del caso Lava Jato, el empresario Benedito Rodrigues de Oliveira, quien señaló a Fernando Pimentel, quien fuera ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior brasileño durante el mandato de Dilma Rousseff (2011-2016), como el funcionario que intervino ante el gobierno uruguayo para que la compañía OAS fuera la encargada de las obras de Gas Sayago.
Ante eso, en 2019 la Fiscalía, por intermedio de la Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional, exhortó a las autoridades brasileñas a enviar las declaraciones del arrepentido para compararlas con las versiones de prensa y, ante la falta de respuesta, reiteró el pedido en 2020.
En el dictamen publicado este martes, Pacheco da cuenta de la respuesta dada por las autoridades brasileñas, en las que se confirma que se le atribuye a Pimentel el haberse jactado de acordar la contratación de OAS para la construcción de un gasoducto en Uruguay mediante un contacto con el gobierno del expresidente José Mujica.
Sin embargo, Pacheco sostiene que no tiene “otros elementos que permitan sostener la verosimilitud de esta información, ni la identidad de la persona eventualmente contactada, ni el tenor de la supuesta influencia, ni si efectivamente existieron presiones o directivas en el sentido de favorecer la subcontratación” de la empresa OAS.
Entre los elementos considerados por la Fiscalía se encuentra la auditoría contable realizada por Price Waterhouse Coopers, que en octubre de 2020 fue contratada por las actuales autoridades de UTE para analizar la gestión de la regasificadora. El informe de la consultoría marcó la adquisición de “membresías de piano” por 110 dólares, gasto que fue cuestionado desde el oficialismo hasta que los denunciados aclararon que se trataba de membresías de la organización Asociación Mundial para la Infraestructura del Transporte Acuático (PIANC), que tiene como objetivo validar los procesos según estándares industriales internacionales.
“Se identificaron en la cuenta Cursos de Capacitación otras partidas por concepto de Emergencia y primeros auxilios, curso de manejo y gastos en libretas de conducir, así como una membresía de piano”, sostenía el informe que indujo a error a las autoridades del actual gobierno.
Gas Sayago fue creada en 2011 en la órbita del derecho privado y es propiedad de UTE (79,35%) y de Ancap (20,65%). La empresa tenía como objetivo llevar adelante el proyecto de la planta regasificadora. Las empresas que ganaron la licitación para la operación de la planta contrataron a la brasileña OAS para realizar las obras civiles, pero la empresa quebró tras ser involucrada en el escándalo de corrupción dentro del sistema de pago de coimas por obra pública investigados en el caso Odebrecht. La obra quedó suspendida y el proyecto dejó de interesarle a Argentina, que era un actor clave en el diseño del negocio.