La investigación asociada a Gas Sayago empezó a mediados de 2021 tras la denuncia de Silvia Emaldi, presidenta de UTE, junto al abogado privado Jorge Barrera, y de Ancap, por presuntas irregularidades en la gestión de inversiones asociadas a la empresa que pertenecía a estos entes.
Tras la concesión para la construcción de un gasoducto con Argentina, que luego no se concretó, en diciembre de 2019 UTE definió efectivizar el cierre de Gas Sayago y liquidar la empresa.
La investigación fue archivada por el fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco, según informó El País y confirmó la Fiscalía. Desde el organismo consignaron que el fiscal consideró que, habiendo recabado la información suficiente, incluso con consultas realizadas a Brasil, no pudo obtener elementos que impliquen un reproche penal.
En un texto que forma parte del dictamen y fue compartido por Fiscalía, Pachecho explicó que no surge que “los funcionarios públicos indagados hubieran incurrido en actos arbitrarios -formal o sustancialmente contrarios a las normas que regulan el ámbito de la actividad funcional-, persiguiendo además una deliberada finalidad de causar perjuicio a la administración o a los particulares”. Por eso, se entendieron “suficientemente instruidos los hechos denunciados para disponer “el archivo de las presentes, sin perjuicio de eventuales remisiones”.
Desde Fiscalía explicaron que “los fiscales tienen siempre un giro cuando archivan los casos que ponen que el archivo es sin perjuicio”. Eso implica que si surge información nueva vinculada a un caso, eventualmente puede reabrirse la investigación.