El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para crear en el Archivo General de la Nación una sección destinada a reunir todos los documentos en manos del Estado relativos a las violaciones a los derechos humanos durante el pasado reciente.

El texto, de cuatro artículos, señala que el material “será de libre acceso” y mantendrá las condiciones de reserva sobre los datos vinculados a la vida privada de las personas, en el marco del cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales.

El proyecto plantea que sean los ministerios de Educación y Cultura y de Defensa Nacional quienes coordinen con la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) para instrumentar la publicación en línea de los archivos. La fuente de financiamiento y el cronograma para poner en marcha la nueva sección será definida en la reglamentación, una vez aprobada la ley, añade.

En diálogo con la diaria, el director de la INDDHH, Wilder Tayler, valoró que sea una iniciativa que brinde acceso universal a los archivos, pero advirtió que el acceso a los archivos requiere de un trabajo sistematizado que la institución no está en condiciones de realizar con los recursos humanos que tiene.

“Existe una montaña enorme de material de archivos militares que necesitan ser revisados, identificados y localizados. Para eso tiene que haber iniciativa y hay que sistematizarlo, no alcanza con los tres o cuatro investigadores que tenemos en la institución para hacer ese tipo de revisión”, expresó.

El director de la INDDHH recordó que la digitalización de los archivos es un elemento que ya estaba dispuesto en el artículo 12 de la Ley 19.822, que dio a la institución la rectoría de la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos.

Tayler señaló que la misma ley establece que el Ejecutivo debe entregarle los archivos a la INDDHH, pero puntualizó que ese aspecto no se cumplió a cabalidad y, a modo de ejemplo, señaló que el año pasado se realizó una entrega de esos archivos en la víspera de la audiencia de control de cumplimiento de sentencia del caso Gelman vs el Estado uruguayo, que realizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Ese ha sido un frente que no ha funcionado bien, sobre todo porque se trataba de continuar un trabajo que ya se estaba haciendo”, agregó.