El periodista Roger Rodríguez declaró ante la jueza penal de 23° turno, Isaura Tórtora, en la causa que investiga el asesinato de Óscar Fernández Mendieta, ocurrido el 24 de mayo de 1973 en el Regimiento de Caballería Nº 2 de Durazno.

Rodríguez fue convocado a pedido de la defensa de los militares Gustavo Mieres y Alberto Ballestrino para que revelara las fuentes en las que se basó una nota realizada por Rodríguez en el diario La República y publicada el 25 de enero de 2009, que permitió iniciar la causa por la que Mieres y Ballestrino fueron procesados con prisión en agosto de 2021.

Durante la audiencia, según supo la diaria, el periodista dijo que el soldado que brindó la información sobre el caso le dijo “en 80 palabras lo que había pasado y quiénes habían sido los participantes [...] ese soldado no tenía nada por lo que mentir”.

El abogado de uno de los imputados, Emilio Micolik, planteó al periodista que volviera a consultar a la fuente, dado que valoraba la posibilidad de que el soldado fuera convocado a declarar en el juicio. “No voy a dar el dato del soldado porque es una fuente. La mayoría de mis fuentes son militares; podría dar el nombre, pero protejo a mis fuentes. Me niego a dar los nombres por un tema ético y moral”, expresó Rodríguez.

Además, el periodista señaló que la fuente ya le había advertido que ante cualquier consulta, negaría sus dichos: “El día que entrevisté al informante, que rompió el secreto y me dio los nombres de los implicados en el asesinato por [...] ´Yo les digo pero no testifico. Yo les digo pero después niego… Son mafia, no quiero terminar en una laguna. Yo sé que hay que saber. Hace mucho que hay que saber. Todos deberían decir. A mí de qué me sirvió el silencio´. Mire dónde vivo. Pero yo no fui, yo después niego. Yo lo digo para que usted sepa. ¿Qué gano diciendo? ¿Plata? ¿Conciencia tranquila? Si ya viví la pesadilla todo este tiempo”.

Micolik insistió en la posibilidad de que con el paso del tiempo “ese secreto y ese miedo” ya no estén, y podría declarar ante la sede judicial. Ante eso, Rodríguez reiteró su negativa y dijo que no confirmaría “si está vivo o está muerto o si ya compareció” en la causa.

La jueza Tórtora definió respaldar el secreto profesional del periodista, con base en lo dispuesto en los artículos 29, 72 y 332 de la Constitución de la República, la Convención Americana de Derechos Humanos y el inciso 3 del artículo 1 de la Ley de Prensa.

Si bien la defensa de los imputados decidió no apelar la decisión, advirtió que, de confirmarse que la fuente ya prestó declaración en la causa, podría configurarse el delito de falso testimonio, dado que ninguna de las declaraciones vertidas en la Justicia coinciden con las publicadas en el artículo periodístico. En esa línea, agregó que el “ocultamiento de las fuentes no sólo carece de sentido, sino que podría estar encubriendo un eventual delito”.

En el marco de esta causa, el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, también había pedido la imputación de Daniel Blanco y Líber Morinelli, ya fallecidos, por un delito de homicidio muy especialmente agravado. En el caso de Morinelli, que era el enlace de inteligencia de la unidad militar, la Fiscalía había pedido su imputación también por los delitos de privación de libertad y abuso de autoridad contra detenidos.

En la causa declararon cuatro militares que vieron o escucharon el momento de la detención y las torturas que recibió el militante del Partido Comunista Revolucionario. Uno de ellos fue el soldado de segunda José Pedro Rodríguez, quien declaró que la víctima “tenía una bolsa en la cabeza y otra en los pies”.

“Lo tiran para abajo y bajaron unos oficiales y un instructor mío, que era Ballestrino, que también bajó al sótano con otro oficial. Se sintió gritar toda la noche al hombre; exacto cuándo se murió, no sé, vi el cajón que estuvo en la guarda”, agregó.

Por su parte, el soldado de primera Ademar Silveira dijo que todas las personas que trabajaban en el cuartel podían tener conocimiento de que los detenidos eran sometidos a tratos crueles e inhumanos. “Yo estaba a cinco metros y escuché los gritos desgarradores. No sé qué preguntas le hicieron. Se veían los apremios físicos, yo los vi, lamentablemente”, expresó.

Según la versión oficial sobre el fallecimiento, Fernández Mendieta, que tenía 26 años, habría muerto tras caer varias veces de la escalera que daba al sótano donde fue torturado, en reiterados intentos de fuga. La familia realizó una observación externa del cuerpo en la que pudo constatar contusiones en el cráneo, tórax y cuatro miembros, además de quemaduras de cigarrillo.