Se celebró este martes en Roma la última audiencia antes del receso de verano del segundo juicio al exmarino uruguayo Jorge Néstor Tróccoli, condenado en julio de 2021 a cadena perpetua por la muerte de ciudadanos italianos y uruguayos en el marco de la coordinación represiva conocida como Plan Cóndor, que se desplegó en América del Sur en las décadas de 1970 y 1980.

Tróccoli, que huyó de Uruguay para evitar ser enjuiciado para actos similares por la Justicia local, es imputado por la Tercera sección de la Corte de Asís de Roma, presidida por la jueza Antonella Capri, por la muerte y desaparición de la maestra uruguaya Elena Quinteros, militante del Partido por la Victoria del Pueblo, y de los ciudadanos ítalo-argentinos José Agustín Potenza y Rafaela Filipazzi. El exmarino uruguayo está actualmente confinado en la cárcel Gian Battista Novelli, de Carinola, en la provincia de Caserta, pero asiste a todas las audiencias del juicio en Roma.

Los dos testigos que declararon en la jornada del martes, Carlos Osorio, director del proyecto de documentación del Cono Sur del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y Rogelio Goiburú, responsable del Equipo Nacional para la Investigación, Búsqueda e Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954 y 1989 (Enabi) de Paraguay, dieron testimonio sobre la documentación estadounidense desclasificada relacionada con el Plan Cóndor y la búsqueda y exhumación de los cuerpos de Filipazzi y Potenza en Asunción.

Osorio, quien ya había dado testimonio durante el juicio por el Plan Cóndor por el cual Tróccoli fue condenado, habló sobre los mecanismos para desclasificar documentos y acerca de su experiencia de investigación sobre el Archivo del Terror, encontrado en Paraguay el 22 de diciembre de 1992 en la Sección Producciones de la Policía Nacional de Paraguay, en Lambaré, y conformado por tres toneladas de documentos relacionados con el operativo Cóndor, en el que encontró, como dijo a la corte, material del Departamento de Estado de Estados Unidos, el FBI, la CIA y el Pentágono relativo a violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes de seguridad de los países involucrados en el Plan Cóndor. La documentación encontrada -dijo Osorio- es variada y revela los diversos niveles institucionales y militares involucrados en la implementación de la Operación Cóndor, las fronteras abiertas para las acciones represivas contra los militantes, y la entrega de prisioneros por fuera de las reglas jurídicas internacionales.

En el presente juicio, Osorio trajo 37 documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos y de las embajadas de Estados Unidos en Montevideo, Caracas y Ciudad de México sobre Elena Quinteros. Los expedientes presentados refieren en su mayor parte al conflicto diplomático que surgió entre Uruguay y Venezuela a raíz del episodio del secuestro de Quinteros de adentro de la embajada venezolana en Montevideo, donde había ingresado para solicitar asilo. Un cable de la embajada de Estados Unidos reveló la protesta de Venezuela contra el gobierno uruguayo cuyos agentes de seguridad “violaron la soberanía de la Embajada de Venezuela y el derecho de asilo”. En los documentos exhibidos hay testimonios de cómo se produjo el secuestro de Quinteros desde el predio de la embajada y aparece el nombre de un agente, Cacho, que habría participado en la acción.

Sobre Filipazzi y Potenza

En cuanto a la pareja Filipazzi y Potenza, Osorio trajo documentación sobre los informes del interrogatorio de un ciudadano austríaco, Otto Gunther von Portenschlag, que señala a la Policía paraguaya los nombres de la pareja, amistades y hábitos; las declaraciones de ese hombre parecen ser las que despiertan la atención de las fuerzas de seguridad paraguayas sobre el matrimonio ítalo-argentino. Otro documento importante mostrado a la corte, que consta de 84 páginas, contienen más de 3.000 nombres de objetivos de la Policía paraguaya, incluidos los de Filipazzi y Potenza.

Rogelio Goiburú empezó su testimonio entrelazando su historia personal con su compromiso por verdad y justicia: su propio padre, el médico Agustín Goiburú, miembro del Movimiento Popular Colorado (Mopoco), fue secuestrado y desaparecido el 9 de febrero de 1977.

Goiburú relató el descubrimiento de 44 cuerpos en diferentes partes de Paraguay y en particular de restos óseos exhumados de una fosa común ubicada en la sede de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, que funcionó como centro de torturas durante la dictadura de Alfredo Stroessner. En ese lugar, relató el médico forense, tras los informes de algunos policías que habían participado en los entierros, se llevaron a cabo excavaciones, entre 2006 y 2013, que sacaron a la luz, entre otros, también a Potenza y Filipazzi. Goiburú mostró en la sala del tribunal fotografías que documentaban el trabajo de recuperación de los cuerpos.

Describió las fases de excavación y el descubrimiento de dos esqueletos superpuestos que todavía tenían ropa: el hombre vestía jeans y una camisa; la mujer, pantalones y una blusa debajo de la cual también se conservó la ropa interior. Particularmente conmovedor fue el señalamiento de la presencia de un pendiente en el cuerpo, que luego, gracias al trabajo genético del Equipo Argentino de Antropología Forense, pudo ser identificado como de Filipazzi.

Al final de su declaración, el médico paraguayo quiso dirigirse al tribunal subrayando su compromiso y disposición a colaborar en todo lo que pueda ser útil y agradeciendo el trabajo de investigación por verdad y justicia que se lleva a cabo en Italia, trabajo que “en nuestro país todavía no existe”, dijo con referencia a Paraguay.

La próxima audiencia está programada para el 23 de octubre; el tribunal llamará a declarar a Alex Lebel y Rosa Barreix.