Este jueves se realizó en la sala Maggiolo de la Universidad de la República el seminario “Juicios de Lesa Humanidad: comparación regional”, en el que participaron la expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de Chile, Antonia Urrejola; el juez federal argentino, Daniel Rafecas, y la expresidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos Mariana Mota, en el marco de las actividades por los 50 años del golpe de Estado.

La exjueza señaló que uno de los principales desafíos de la Justicia a la salida de la dictadura fue abordar crímenes que no tenían jurisprudencia, porque “se enfrentaba una dimensión distinta de conductas ilícitas, nuevas para el trabajo cotidiano de los juzgados, en la que los hechos investigados interpelaban la normativa que utilizaba el sistema judicial”.

Además, Mota dijo que en muchos casos las denuncias no identificaban a los autores materiales de los hechos, por lo que para avanzar en la investigación era necesario conocer el funcionamiento y la estructura militar.

“Desde el inicio de la actuación judicial se verificó una fuerte intervención del sistema político, paralizando muchas veces y torciendo en otras el desarrollo de las causas, afectando el propósito de justicia respecto de estos graves crímenes. Este freno ha sido una característica de todos los Estados que han enfrentado dictaduras”, agregó.

También señaló que si bien las dictaduras tuvieron características comunes en la región, como la doctrina de la seguridad nacional, los métodos represivos y coordinaciones como las del Plan Cóndor, las salidas de esos regímenes totalitarios fueron diferentes y marcaron las formas en las que se desplegaron los modelos de Justicia para abordar los crímenes.

Mota dijo que “con los años ha quedado en evidencia” que las responsabilidades del régimen dictatorial por los crímenes cometidos fueron parte de las negociaciones entre militares y el sistema político en la salida de la dictadura. “Hubo límites impuestos y aceptados, límites que luego se fueron corriendo, ampliándose a fuerza del reclamo de las víctimas, esa delimitación aún se mantiene y deja fuera del análisis judicial la responsabilidad de civiles partícipes de la dictadura”, agregó.

Mota destacó que, luego de caída la Ley de Caducidad, existió presión política contra jueces y fiscales y también trabas desde el propio Poder Judicial, como el traslado de jueces que investigaban casos de crímenes de lesa humanidad, además de los recursos procesales utilizados como mecanismos dilatorios por parte de las defensas de los militares.

Por su parte, Rafecas destacó que en los primeros años posteriores a la dictadura el presidente Raúl Alfonsín “tomó algunas decisiones que lograron encaminar” el juicio a las Juntas Militares. “Ese proceso fue el primero de los hitos fundamentales en el largo proceso de verdad y justicia”, expresó. Rafecas dijo que en ese proceso no fue necesario apelar al concepto de crímenes de lesa humanidad, algo que atribuyó a la proximidad en el tiempo de los hechos juzgados.

Rafecas señaló que, después del juicio a las Juntas, Argentina vivió “casi dos décadas de olvido e impunidad” a partir de las leyes de obediencia debida y punto final, y destacó que con los familiares de las víctimas, a principios de 2000 comenzaron a “rendir frutos” las litigaciones abiertas en el ámbito internacional, y mencionó las 50 órdenes de captura promovidas por el juez español Baltasar Garzón, hasta que en 2001 se dictó por primera vez la inconstitucionalidad de la ley de obediencia debida.

El juez argentino calificó como un “punto de quiebre” la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en marzo de 2001, en el caso Barrios Altos contra Perú, en el que el organismo del sistema interamericano dispuso que debían ser removidos todos los obstáculos materiales y jurídicos para proveer verdad y justicia a las víctimas del terrorismo de Estado.

Rafecas subrayó la importancia de la decisión del gobierno de Néstor Kirchner de promover juicios políticos contra integrantes de la Corte acusados de tráfico de influencias y removerlos de sus cargos con mecanismos constitucionales, lo que permitió que ingresaran a la Corte jueces con “un alto perfil académico, científico y profesional”.

Por su parte, la expresidenta de la CIDH de Chile, Antonia Urrejola, habló sobre el rol del sistema interamericano, el derecho internacional y la importancia de los estándares internacionales sobre derechos humanos.

Urrejola, por una parte, señaló como uno de los desafíos de la Justicia transicional el poder avanzar en incompatibilidad entre las leyes de amnistía y la imprescriptibilidad, y destacó que varios países han tomado las recomendaciones contra las leyes de obediencia, a veces por medio de su derogación y en otros casos a través de otros mecanismos.

En ese sentido, señaló que el control de convencionalidad que establece la obligación de los Estados de ver si la decisión tomada está de acuerdo con la Convención Americana de los Derechos Humanos obliga a los jueces a no aplicar las leyes de amnistía aunque estén vigentes.

Por otra parte, se refirió a la necesidad de avanzar con las reparaciones administrativas a las víctimas y rechazó la situación en la que desde el Estado se exige una renuncia a las pensiones, dado que “son dos causas distintas”. Urrejola planteó que es necesario que las reparaciones se basen en el “reconocimiento de los crímenes cometidos y la responsabilidad estatal”.