16 de agosto de 2018, juzgado de Atlántida. Durante un control de detención, el juez de 4° Turno Enrique Falco interroga a Sebastián Marset, principal sospechoso por el homicidio de un amigo de su infancia, Alfredo Rondán, ocurrido dos días antes en la rambla de Las Toscas.

Juez Falco: ¿Qué día y a qué hora fue detenido?

Marset: Se me avisó ayer por la tarde que me arrimara a la Brigada de Narcóticos y me dijeron que había ocurrido eso [el homicidio de su amigo]. Me dijeron si quería ir a declarar, no fue que me detuvieron.

El audio está incluido en la carpeta de una investigación que se archivó dos años después, en agosto de 2020, sin consecuencias penales para Marset, que ya se encontraba fuera del país. Otros indicios de ese expediente judicial, al que accedió la diaria, y los testimonios de fiscales y abogados que actuaron en esa causa arrojan nuevas pistas sobre el nivel de contactos y recursos que ya manejaba por esa época el narcotraficante uruguayo.

La llamativa intervención de la Brigada Antinarcóticos de Montevideo en esta causa por homicidio quedó también plasmada en un documento reservado del Sistema de Gestión de la Seguridad Pública (SGSP) del Ministerio del Interior que aparece en la carpeta judicial.

Allí consta que Marset se habría presentado el 15 de agosto ante la Brigada Antinarcóticos por supuestos “trámites de su interés” y que en ese momento fue notificado, tras una consulta en el SGSP, que figuraba como requerido por el Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Canelones.

Por esa razón, los policías canarios estaban en “comunicación” con la división Antidrogas capitalina, a la que mantenían informados sobre el avance de la investigación por homicidio contra Marset y su pareja, Gianina García Troche.

La investigación por el asesinato del amigo de la infancia de Marset duró dos años, desde la formalización hasta el sobreseimiento por falta de pruebas. En total, actuaron cuatro fiscales: Darviña Viera, Patricia Rodríguez, Maximiliano Sosa y María Cristina Falcomer. La época en la que se tramitó el caso explica esa alta rotación de fiscales: los primeros años de la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal generaron frecuentes movimientos y cambios de sedes penales de los magistrados.

Un celular extraviado, audios que desaparecieron de las carpetas, oficios mal diligenciados, falta de respuestas de las empresas telefónicas y demoras en Policía Científica son algunos ingredientes en esta investigación que involucró al narcotraficante, que por estas horas es buscado por centenares de funcionarios de la Policía de Bolivia, la DEA y Europol.

“Yo podía tener el convencimiento de que Marset había sido el autor del crimen, pero no tenía evidencias suficientes y no había condiciones como para ir a juicio. Cuando tomamos el caso con el equipo, nos llamó mucho la atención la cantidad de cosas que faltaban en la carpeta”, reconoció ante una consulta de la diaria la fiscal Falcomer, que sobreseyó a Marset al borde del plazo para presentar la acusación y pasar al juicio oral.

El asesinato de Rondán

Marset y Rondán se conocían desde niños, eran compañeros de escuela. En el invierno de 2018, ambos vivían en la Costa de Oro y estaban en contacto permanente. Marset venía de cumplir una condena de prisión por tráfico de estupefacientes: lo habían detenido en octubre de 2013 en la operación Wayra, en la que también cayó Juan Domingo Viveros Cartes, conocido como Papacho y tío del expresidente paraguayo Horacio Cartes.

En la noche del 14 de agosto, Rondán estaba en la casa de Neptunia con su pareja, Yanela Hernández, y con su cuñado, Fabián Hernández, que se había mudado con ellos hacía una semana (antes vivía en Piedras Blancas).

Después de cenar, Rondán empezó a conversar por Whatsapp con Marset y le pidió a su cuñado que lo acompañara hasta la casa que este alquilaba con su esposa y sus dos hijos en la rambla Alfredo Zitarrosa y la calle C, en el balneario Las Toscas.

Se subieron al Peugeot 208 blanco y fueron rumbo al complejo de viviendas con ladrillo a la vista que se llama Buen Puerto. Llegaron cerca de las 21.30, la misma hora a la que arrancaba un partido entre Nacional y Sol de América por la Copa Sudamericana.

Hernández, testigo principal del caso, le contó a la Policía que su cuñado se bajó del auto y caminó hacia la parte trasera de la vivienda. De repente, sintió un ruido fuerte, una especie de estruendo, y bajó el vidrio del auto. Logró ver la figura de una persona delgada, de 1,70 metros de altura, que efectuó varios disparos contra Rondán. Sin embargo, no pudo distinguir su cara, porque el lugar estaba demasiado oscuro.

Tirado en el piso, Rondán le pidió a su familiar que no lo dejara “morir en la calle”. Hernández lo cargó al auto, lo llevó hasta la Policlínica de Parque del Plata y durante el recorrido, siempre según su testimonio, le preguntó varias veces quién le había disparado, pero no obtuvo respuesta.

Llegó a la emergencia a las 21.45, con cuatro impactos de bala: base del cuello derecho, cara posterior del hemitórax derecho, tercio inferior del antebrazo izquierdo y cara posterior del brazo izquierdo. Se constató su fallecimiento a las 22.00, según consta en el acta médica.

Horas después, la policía recogió evidencias de los daños causados por los proyectiles en el edificio y en el auto de Hernández, y se incautaron varias vainas de 9 milímetros. De la casa que alquilaba Marset se incautaron dos notebook, celulares, marihuana y objetos personales de la familia.

Un vecino de la zona llamó de forma anónima a la seccional policial y dijo que tenía filmaciones de cámaras de videovigilancia con los movimientos del Peugeot 208 blanco. Ese material, sin embargo, nunca se incorporó a la carpeta judicial.

También declaró como testigo la dueña del apartamento que alquilaba Marset, el único del complejo Buen Puerto que estaba ocupado a esa altura del año. Dijo que se lo alquiló por intermedio de la inmobiliaria Santomare de Marindia, con una garantía de depósito del Banco Hipotecario. En la casa, según contó, vivían Marset, su pareja Gianina García Troche y los dos hijos de ambos.

“Todas las circunstancias colocaban a Marset en el lugar en que fuera ultimado Rondán”, concluyó dos días después la fiscal Darviña Viera, al formalizar la investigación contra Marset por el delito de homicidio.

La coartada de Marset

El primer abogado que tuvo Marset en esta causa, Iván Almeida, dijo a la diaria que el juez Falco les dio todas las garantías del caso, logrando obtener una filmación en la que se ve el auto de Marset ingresando a una estación de servicio, minutos antes del hecho. Almeida presentó dos testigos que declararon ante la sede que Marset los visitó exactamente a la hora que empezaba el partido Nacional-Sol de América, aunque no pudieron aportar evidencia sobre la visita.

Almeida opinó que “no había elementos para probar que Marset hubiera cometido el delito” y señaló que, con la misma evidencia con la que se lo imputó, se lo sobreseyó dos años más tarde, ya con otra defensa. “Me llamó la atención el rápido archivo”, señaló Almeida.

“Después de que lo formalizaron, él me llamó y me dijo que era inocente, y yo no lo pude probar, pero en 48 horas conseguí todos los medios para acreditar que él no era”, señaló Almeida. Luego la defensa de Marset la asumieron las abogadas María Cristina Gutiérrez y Ana Lourdes Muñiz, que siguieron en ese rol hasta el momento del sobreseimiento.

La declaración ante Fiscalía

Marset declaró más de una hora ante la fiscal Darviña Viera y la declaración fue en forma reservada a pedido de la defensa del investigado, algo que aceptó la fiscal. En esa declaración, según fuentes vinculadas a la causa, Marset le pidió protección a las autoridades, lo que provocó que algunos policías interpretaran que podría tratarse de un informante de la Brigada Antinarcóticos.

En esa indagatoria, según las fuentes, Marset también se refirió a otras dos personas, vinculadas a la víctima, que luego serían asesinadas en el barrio Tres Ombúes, en marzo de 2019. La declaración de Marset ante Fiscalía no fue entregada a la defensa de la víctima, quien tras el archivo de la causa entendió que no tenía margen para reclamar la revisión del caso porque todas las evidencias fueron frustradas.

“Cada vez que reclamé las declaraciones de Marset, los fiscales me decían que no las encontraban, que no estaban en la carpeta de investigación”, se quejó el abogado de la víctima, Miguel Fossatti, en diálogo con la diaria. Fossatti dijo que la familia de la víctima ofreció imágenes de cámaras de seguridad de la casa desde donde salieron Rondán y Hernández, pero la Policía concluyó que los registros habían sido borrados en forma remota. Por otra parte, señaló que tampoco se obtuvieron imágenes de ninguna de las cámaras de seguridad cercanas al edificio Buen Puerto.

Además, no se pudo obtener información del celular de Marset, porque cuando se pidieron las pericias para establecer la ubicación de los celulares de los involucrados, el número de Marset fue omitido y se le atribuyó el de uno de los testigos.

La opinión de la fiscal Falcomer

“Todas las evidencias que en el inicio de la instrucción indicaban que Sebastián Enrique Marset Cabrera era el autor del homicidio de Alfredo Simón Rondán, existiendo semiplena prueba, con el transcurso del tiempo se fueron desvaneciendo”, escribió Falcomer en el acta de sobreseimiento que redactó dos años después del asesinato.

La fiscal entendió que no había “conectividad” entre los elementos que sustentaron la imputación inicial contra Marset; la inexistencia de testigos y cámaras de videovigilancia en la zona, y el hecho de que nunca haya aparecido el arma, son algunos puntos que mencionó en su escrito. La entonces fiscal de Atlántida decidió no formular acusación, debido a una “clara dificultad probatoria que inhibe la posibilidad de enfrentar razonablemente el juicio oral”.

Entrevistada esta semana por la diaria, Falcomer ratificó que ese pedido de sobreseimiento estaba fundado. “De hecho, le mandé una nota a Fiscalía de Corte para comunicar que no había encontrado las evidencias suficientes para proceder a una acusación. Faltaban pruebas y se vencía el plazo. Faltaba todo y el hombre [Marset] ya no estaba en el país”, relató.

Falcomer reconoció que cuando tomó el caso le “llamó la atención” las pocas evidencias que se habían recogido en dos años de investigación. “No porque fuera Marset -en ese momento no era conocido-, sino porque nunca me había pasado de tener que sobreseer en un homicidio. Generalmente, trato de mantener la posición de la Fiscalía, es decir, de los colegas anteriores. Pero se vencía el plazo de la acusación y con las evidencias que había no teníamos condiciones para ir a juicio. Claramente faltaban cosas. No había declaraciones de Marset en Fiscalía, por ejemplo”, ratificó Falcomer.

La fiscal recordó que habló de este tema con los adscriptos que estaban en su equipo. “Me acuerdo que los tres dijimos que no teníamos con qué acusar, faltaban cosas. Por eso me comuniqué con el fiscal de Corte, por tratarse de un caso de homicidio”, agregó.

Falcomer se encontró con “algo medio quemante, en plazos acotados”, según dijo. “Faltaban respuestas de [Policía] Científica, por ejemplo, pedidos que no se habían respondido, cosas que se pidieron varias veces. Evidentemente, cuando hay tanto pedido y nadie responde o hay demoras, es más difícil”, repasó.

La fiscal, que en la actualidad trabaja en Ciudad de la Costa, no recordaba el expediente en detalle y tampoco quiso identificar responsabilidades específicas en los episodios que frustraron la investigación. “Ahora, viendo el nivel en el que se mueve [Marset], tampoco descartaría que en esa época ya tuviera la capacidad de manejar algunos piolines. No lo sé, es una hipótesis, no tengo certezas. Lo mismo pasa con el crimen, yo tenía el convencimiento de que había sido él, pero no tenía pruebas de sustento como para acusar”, concluyó.