El comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, mantuvo una reunión con el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, para plantear varias propuestas para las personas que son liberadas del sistema carcelario. En esta gestión, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) tomó un rol central en lo que respecta al trabajo en cárceles y en las políticas pospenitenciarias, que incluyó el pasaje de la Dirección Nacional del Liberado a la órbita de la cartera.
Petit le propuso a Lema que se pueda entregar a las personas que son liberadas del sistema penitenciario una tarjeta con un aporte económico. También habló sobre la incorporación de la tecnología como parte de la rehabilitación, en particular del uso de celulares para informarse y comunicarse con sus redes de contención en el afuera. En diálogo con la diaria, Petit explicó que “se estima que aproximadamente un 30% de las reincidencias ocurren en los primeros seis meses en que la persona es liberada, eso tiene que ver con la debilidad de vínculos, las pocas conexiones con el mundo exterior, las pérdidas durante la privación de libertad de contactos familiares, laborales, vinculares y el deterioro muchas veces de la salud, propio de la privación de libertad y de otros factores”.
Por eso, “cuanto más se pueda fortalecer ese aterrizaje, esa salida, mejor es el pronóstico de que esa persona no vuelva a delinquir, no vuelva a reincidir o no se continúe deteriorando”. Entonces, “la tarjeta tiene por un lado un valor simbólico: representa una afiliación, una conexión, ser socio de algo; digamos, en términos coloquiales, ser parte del club de la legalidad del mercado”. Asimismo, “eso obliga al sistema penitenciario, al Instituto Nacional de Rehabilitación [INR], a tener un registro detallado de las personas que van a ser liberadas para poder hacer los pasos necesarios para que pueda tener la tarjeta en el momento que es liberado, o sea, que bastantes meses antes debe hacer los trámites; la persona tiene que por lo menos tener una entrevista, lo cual permite a veces despistar posibilidades de necesidades, carencias, problemas, que ya es un primer paso, y después salir con la tarjeta”.
“La tarjeta sería una tarjeta similar a la tarjeta Uruguay Social”, explicó Petit, que este jueves tuvo una reunión con Antonio Manzi, director nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Mides. Al respecto, dijo que “obviamente nosotros planteamos una recomendación, pero el afinamiento, la operativa corresponde al Mides, a los ejecutores de la política”.
Según Petit, esta tarjeta “permite a la persona tener unas prestaciones idénticas a la tarjeta Uruguay Social, pero no esperar al trámite de salir, presentarse y llegar a ella, que muchas veces implica semanas o un mes o algo así, y para la persona puede ser muy gravoso, para la persona que sale liberada”. Entonces, “la persona sale ya con la tarjeta en el bolsillo, que puede ser una tarjeta plástica o puede ser una tarjeta en un dispositivo, eso es una cosa que habrá que estudiar, pero le permite llegar con algo abajo del brazo al lugar donde vaya a vivir, ya sea una pensión, la casa de un allegado, el fondo de la casa de un allegado, de un pariente, de un vecino, y lo dignifica porque puede aportar, desde el primer momento puede aportar en algunos rubros en esa casa”.
“Por supuesto que el aporte es parcial, pero de partes está hecho el todo”, manifestó Petit. “Entonces, no es la nada, no es salir solamente con una mano atrás y otra mano adelante, es por lo menos salir ya con la posibilidad de ayudar a aquellos con los cuales se va a relacionar, o si va a estar solo, a sí mismo”.
Para el comisionado, la tarjeta “es una forma de presentación para los programas del Mides, con la que puede tener cupos en capacitación, puede tener cupos en actividades deportivas, de socialización, en fin, todo eso es una cuestión para ver, para desarrollar y quizás, como otras tarjetas que se desarrollaron mucho, puede haber aspectos que ni siquiera ahora estamos teniendo presentes”. “Es una recomendación”, aclaró.
Según Petit, en la reunión que mantuvieron, “Lema fue muy entusiasta”. “Esto surgió de varios diálogos que tuvimos. Después, yo traté de concretarlo en una recomendación, en una nota, y él me llamó hoy, nos reunimos y luego yo me reuní con la gente de esta área de gestión y evaluación de políticas, y obviamente la voluntad está, así me lo dijo el ministro”, destacó el comisionado. “Hay que ver cómo se financia, y ojalá la Rendición de Cuentas traiga buenas noticias en ese sentido”, acotó.
El comisionado indicó que “las necesidades de la persona al salir de la cárcel son las necesidades que puede tener cualquiera en todas las dimensiones de su vida, cuando llega a un lugar que es el de siempre, pero es nuevo”. “Porque viene después de mucho tiempo de estar fuera, o de poco tiempo, porque tenemos un porcentaje no menor de personas que tienen penas menores a seis meses o a un año. Con lo cual, allí hay que pensar en trabajo o tratamiento intensivo, que lamentablemente no ocurre por la debilidad que tenemos todavía de los programas técnicos dentro del sistema penitenciario”, explicó.
“Las necesidades de la persona tienen que ver justamente con armar un nuevo proyecto de vida, atender sus necesidades de salud, de salud mental, tratamientos diversos, de adicciones, en educación, cultura, ver cuáles son sus buenas habilidades, sus habilidades prosociales, si es en el mundo de la artesanía, si es en el mundo de la música, del deporte, de los servicios, ver las capacitaciones que tuvo allí es muy importante”, destacó.
En este sentido, planteó que “el preegreso es desde el primer día”; “desde el momento en que la persona llega a la cárcel tiene que estar pensándose en la salida, en ver cuáles son sus puntos fuertes, que todas las personas los tienen, porque todas las personas tienen algo que les gusta, que les apasiona y que pueden hacer bien”, subrayó.
Según Petit, “esa es la ventana de oportunidad para trabajar en los programas de rehabilitación”. “No es muy distinto que afuera, en la comunidad o en el barrio, no es muy distinto que en cualquier barrio donde haya carencias y vulnerabilidades, como lograr trazar líneas de conexión y redes de protección para que las personas encuentren un lugar en la sociedad, en la legalidad y que no caigan en estrategias de supervivencia ilegales y dañinas para otros”.
La incorporación de la tecnología
El representante del Parlamento en las cárceles señaló que “esta tarjeta tiene un parentesco con una recomendación que habíamos hecho hace un tiempo, vinculada a que el preegreso tuviera programas dentro de la cárcel que permitieran puntuar esas actividades, que permitiera ser incluidas en la currícula de la persona”. “Eso ya hoy se hace, en forma a veces de charlas, de talleres”, indicó.
En esta línea, propuso incorporar la tecnología para fortalecer el proceso: “Si eso pudiera tener una estructura un poco más sólida y que la persona que va avanzando y que ya tiene poco para salir tuviera, por ejemplo, una laptop o un celular en el que pudiera recibir mensajes, en el que pudiera recibir informaciones de cursos, mensajes, como recibimos muchos de nosotros a través de Instagram, que tienen que ver con pensamiento prosocial, con desarrollo de habilidades blandas, de cómo resolver conflictos, cómo llevarnos bien con los demás, cómo convivir con aquellos que nos molestan, cómo enfrentar las carencias, cómo enfrentar la adversidad, cómo manejar los resentimientos, los celos, la competencia, informaciones útiles a las que recurrir para apoyos en salud mental, en crianza de los hijos, en frenar la violencia, en control de la ira, asesoramientos legales, sociales, por el derecho a la familia, en fin”.
“Hay un conjunto de cosas que las personas privadas de libertad necesitan para insertarse y que hoy es incompleto el menú de información que se les provee por diversos motivos”, lamentó, y aseguró que “fortalecer todo eso es un paso más en luchar contra la reincidencia”.
Para Petit, “es una lucha que tiene dos sentidos y dos caras”. Por un lado, “obviamente, para la persona que estuvo presa o la persona que está presa, y que tiene de acuerdo a lo que son los principios democráticos y liberales del Estado de derecho, tiene que acceder a un tratamiento para reinsertarse. Ese es el sentido de la cárcel liberal y la cárcel democrática. No es castigar para castigar, no es un castigo en sí mismo, sino que es una instancia de privación de libertad para volver a la libertad, aunque sea contradictorio, pero es así; por ahora es así. Y la persona tiene derecho a tener esas oportunidades”.
Por otro lado, “es un derecho también de la sociedad”. “El ciudadano que paga sus impuestos tiene derecho a que esos impuestos que van al mantenimiento de una cárcel, rehabiliten, sean efectivos, y que mañana, cuando se relacionen con una persona liberada, sea una persona que tenga capacidades para relacionarse en paz con los demás”, afirmó. “Es un derecho también del ciudadano común que haya rehabilitación”, enfatizó.
El comisionado indicó que “esa preparación para la salida con este tipo de instrumentos, quizás es un poco más sofisticado, puede ser un poco más complejo de instrumentar la tarjeta para el momento de la salida, porque la tarjeta es para a partir de que se sale para el día después, pero esto requiere también ser pensado, estudiado, porque tenemos que incorporar también las tecnologías en la cárcel”.
“La cárcel es un mundo que está como en otra dimensión distinta a la que está la mayoría de la sociedad”, indicó, y explicó que mientras “la mayoría de la sociedad está en 2023, pero desde el punto de vista tecnológico, logístico, de capacidades, de posibilidad de desarrollo, el sistema penitenciario es un ámbito que tiene una dimensión todavía de otra época”. Entonces, “la rehabilitación implica entrar en esta época, implica tener una cantidad de desarrollos tecnológicos y logísticos que, por ejemplo, desde los mecanismos de información, de información de las visitas, de las largas colas de ingresos, de verificación de lo que entra, de registro de las personas que van a visitar a la cárcel, de la educación, de los cursos a los cuales acceden, de la alimentación, de cómo se distribuye la alimentación, de cómo se generan los cupos laborales, y así podemos seguir enumerando, tenemos que incorporar las tecnologías de la información y el conocimiento para estas áreas que todavía son de las áreas duras que Uruguay tiene que superar para ser un país desarrollado”.
Petit sostuvo que “es una de las dimensiones de las partes subdesarrolladas que tiene Uruguay, estos núcleos duros de pobreza, de exclusión social, que se expresan en la cárcel pero que circulan en la sociedad, y los vemos también muchas veces en la situación de calle, son partes de la misma dimensión”. “Creo que todos soñamos con un país desarrollado, todos los partidos políticos quieren ir hacia eso; yo creo que hay que buscar puntos de apoyo para poder generar en esta parte más dura de cambiar, más compleja de alterar, mecanismos de innovación que permitan incorporar ciudadanía”, concluyó.