Operadores y policías de la Unidad 5 Femenino presentaron un hábeas corpus para que dejen de ingresar mujeres a esta cárcel que tiene 184% de hacinamiento. En el recurso piden que “se cese el ingreso de forma inmediata de más personas privadas de libertad” a esta unidad, ya que la cárcel tiene 390 plazas y hay 719 mujeres. Pidieron bajar el hacinamiento por lo menos hasta 120%, el ingreso de 150 funcionarios de la seguridad interna para mejorar la relación con la cantidad de personas privadas de libertad y realizar obras en infraestructura sanitaria y eléctrica.

La Justicia aceptó parcialmente el recurso. Condenó al Ministerio del Interior (MI) a presentar un plan, en un plazo de 45 días, para realojar a personas privadas de libertad del tercer piso a otros sectores hasta disminuir al 120% el nivel de hacinamiento. Además, estableció un plazo de 120 días para que tome acciones para abordar la falta de personal, a los efectos de permitir el ejercicio del derecho a realizar actividades laborales, educativas y recreativas, y cesar las prácticas de aislamiento prolongado.

Por otra parte, rechazó impedir nuevos ingresos a la unidad porque “estaría desconociendo la realidad carcelaria del país en cuanto a alojar inmediatamente a reclusas en otros centros carcelarios, a las que también probablemente se les estaría vulnerando sus derechos, apartándolas del territorio donde se ubica su familia”, y señaló que condenar al MI a incorporar una cantidad determinada de funcionarios sería inmiscuirse en sus competencias.

La Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (Ofucipe), que nuclea sindicalmente a los operadores penitenciarios, emitió un comunicado en el que rechaza este movimiento judicial realizado por operadores y policías de la unidad.

“Nuestro sindicato se cuestiona si estamos realmente de acuerdo con el hábeas corpus presentado”, comienza el comunicado. En este sentido, explican: “Algunos puntos coinciden, sin duda; de hecho, en la plataforma del sindicato estos puntos están incluidos en nuestro documento que se entregó para esta Rendición de Cuentas en el Parlamento. Sin embargo, no podemos pasar por alto nuestras diferencias en cuanto a la forma en que se plantea este asunto y su contenido”. “Nuestra organización impulsa las denuncias hacia todo tipo de irregularidad y vulneración de derechos, y es esencial abordar estas diferencias con seriedad”, señalaron.

“No compartimos la idea de prohibir el ingreso de personas privadas de libertad a la única cárcel de mujeres en Montevideo”, indicaron, y detallaron: “¿Por qué? Porque esto simplemente implicaría trasladar un problema de la Unidad 5 a otras unidades y, por ende, afectaría a otros compañeros y compañeras”.

“Es fundamental destacar que estos establecimientos alternativos a los que se podría trasladar a las mujeres no cuentan con la seguridad necesaria. Además, para las mujeres privadas de libertad esto podría significar, en muchos casos, alejarse de sus vínculos familiares, lo que dificultaría enormemente la posibilidad de recibir visitas”, resaltaron.

“Pero aquí está la cuestión crucial: ¿soluciona realmente este hábeas corpus el problema de fondo? Nuestra respuesta es un rotundo no. Las restricciones de tiempo y logística que se establecen hacen que sea una propuesta prácticamente inviable. La solución real reside en que el poder político comience a considerar una política de Estado genuina para el sistema penitenciario. Necesitamos avanzar hacia la creación de un Ministerio de Justicia con un presupuesto propio, capaz de atender de manera efectiva el núcleo de la seguridad pública en nuestro país”, afirmaron desde Ofucipe.

“En lugar de seguir aplicando soluciones parche a un problema urgente, es hora de abordar estas cuestiones con celeridad”, argumentaron, y concluyeron planteando que “la situación exige una acción concreta y sostenible en lugar de medidas superficiales que no resolverán los problemas subyacentes”. “Es hora de tomar decisiones que marquen una diferencia real y duradera en nuestro sistema penitenciario”, sentenciaron.