“Ahí la que va a comer es la viceministra”: el audio sobre el caso Marset que mandó Astesiano cuatro meses antes de la renuncia de Ache

Las investigaciones judiciales por los casos que involucran a Alejandro Astesiano y Sebastián Marset se llevan adelante, como se sabe, en diferentes fiscalías. La titular de Flagrancia de 12º turno, Sabrina Flores, está al frente de la causa del exjefe de la seguridad presidencial desde marzo de 2023 y el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Alejandro Machado, tomó el caso de la entrega del pasaporte Marset en diciembre de 2022, y casi un año después abrió una segunda línea de investigación, tras la denuncia de la exvicecanciller Carolina Ache por la presunta destrucción de documentos públicos.

Son dos casos distintos y cada uno tiene su cronología, con “puntos de inicio” separados por casi un año de distancia. A Marset lo detuvieron el 10 de setiembre de 2021 en el aeropuerto internacional de Dubai con un pasaporte falso paraguayo, mientras intentaba embarcar en un vuelo de Emirates hacia Turquía. Astesiano, en tanto, fue arrestado el 25 de setiembre de 2022 en la residencia de Suárez y Reyes, después de un viaje a Costa Rica con el presidente Luis Lacalle Pou y su familia.

En los meses anteriores a su detención, Astesiano llegó a compartir con algunos allegados sus primeras impresiones sobre los impactos públicos del “caso Marset”, según consta en conversaciones de Whatsapp a las que accedió la diaria.

El 22 de agosto de 2022, la polémica por la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo estaba en uno de sus puntos más altos, por la interpelación a los ministros Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo. Cuatro días antes, Marset había enviado un video en tono amenazante al informativo Telenoche y en las horas previas a la sesión parlamentaria hubo varios encuentros de la cúpula del gobierno en la casona que tiene el Ministerio del Interior en el Prado. Más acá en la línea de tiempo, Ache denunciaría que en esas reuniones se decidió ocultar ante el Parlamento las conversaciones de Whatsapp que ella había tenido con el viceministro Guillermo Maciel, ya que comprometían la versión que intentaba defender el gobierno ante la oposición.

El mismo día de la interpelación al canciller y al ministro del Interior, Astesiano recibió un mensaje de Whatsapp del escribano Álvaro Fernández, uno de sus contactos más frecuentes, especialmente por las gestiones y trámites vinculados a los ciudadanos rusos que querían acceder a documentación uruguaya.

“Buenas!!! Cómo estás? Cómo está todo? Imagino que un poco complicado por este caso que saltó ahora, no??? Abrazo”, preguntó Fernández, el profesional de Maldonado que unos meses después se convertiría en uno de los primeros imputados por la “causa de los pasaportes”.

El entonces jefe de la seguridad presidencial le contestó que no había complicaciones y lo fundamentó con un mensaje de audio. “Está todo bien. Ahí la que va a comer es la viceministra [Ache], por algo que hizo. Y todavía lo hizo estando nosotros allá en Dubai”, explicó Astesiano. La conversación entre Fernández y Astesiano siguió adelante, pero ya no hablaron del caso Marset, sino sobre un posible inversor ruso que tenía intenciones de tramitar la documentación uruguaya para instalarse en Uruguay.

Al día siguiente de la interpelación, Astesiano mantuvo otra conversación por Whatsapp en la que también se refirió al caso Marset. Uno de sus subalternos en el equipo de seguridad presidencial, el oficial Jorge Borges, le comentó que el abogado Alejandro Balbi había sido la persona que “movió todo” en el caso del pasaporte y que estaba “en la tapa del libro” que “puso plata” para conseguirlo. “Claro que sí”, avaló Astesiano, sin hacer más comentarios.

Astesiano había estado en Emiratos Árabes en febrero de ese año, junto a la delegación uruguaya, encabezada por Lacalle Pou, que participó en la Expo Dubai. Por esa fecha, Marset ya había obtenido el pasaporte que le permitió salir de la cárcel emiratí y abandonar el país. Balbi declaró en Fiscalía que el pasaporte de Marset estuvo impreso en diciembre y una persona, a quien no identificó, lo levantó en su estudio.

Investigación por Marset se retoma en febrero

El fiscal Machado retomará el estudio del caso Marset a partir del 1° de febrero, tras el levantamiento de la feria judicial. Machado tiene previsto avanzar en simultáneo con las dos causas vinculadas al narcotraficante uruguayo: la que investiga la entrega del pasaporte y la que se abrió por las denuncias de Ache, que además provocaron las renuncias de Heber, Bustillo, Maciel y el asesor presidencial Roberto Lafluf.

Uno de los primeros movimientos será iniciar una segunda ronda de declaraciones vinculadas a la primera causa, la del pasaporte. Según supo la diaria, Machado podía citar al abogado de Marset, Santiago Moratorio, quien participó en la tramitación del pasaporte y fue mencionado por Balbi, al exdirector de jurídica de cancillería Carlos Mata y también a otros mandos medios del Ministerio del Interior y cancillería que participaron en el proceso.

Hasta ahora, declararon en calidad de imputados los funcionarios de cancillería Álvaro Ceriani, Fiorella Prado, Paulina Davies, Damián Molfino, Fernando Pereda, Santiago Vitale, Ache y Bustillo. En el caso del Ministerio del Interior, ya declararon Heber, Maciel, y dos funcionarios de la Dirección Nacional de Identificación Civil, José Luis Rondán y Alberto Lacoste. También lo hicieron Balbi y la instructora de la investigación administrativa de cancillería, Karina Antenor, la única que fue citada en calidad de testigo.

Una vez culminada la segunda ronda de citaciones, Machado definirá si avanza en la formalización del proceso contra alguno de los indagados o si archiva el caso. Por el momento, el fiscal recibió el pedido de archivo de los abogados Jorge Barrera, que representa a la ex directora general de Consulares y Vinculación de la cancillería, Pauline Davies, y de Eduardo Sassón, representante de Prado, la excónsul en Abu Dhabi.

Los abogados argumentan que sus defendidos actuaron dentro del marco legal y las facultades propias del cargo (en el caso de Prado, mencionan directamente las indicaciones que recibió de sus superiores en cancillería).

Machado investiga posibles delitos de abuso de funciones, previstos en el artículo 162 del Código Penal, con penas de tres meses a tres años de penitenciaria, y de cohecho, establecido en el artículo 158 del Código Penal, con penas de entre 12 meses de prisión a seis años de penitenciaría.

Si bien son delitos previstos para los funcionarios públicos, el concepto, según la definición del artículo 175 del Código Penal, abarca a “todos los que ejercen un cargo o desempeñan una función retribuida o gratuita, permanente o temporaria, de carácter legislativo, administrativo o judicial, en el Estado”. Los particulares podrían eventualmente incurrir en la figura de cohecho, en calidad de coautores.

En este caso, al no existir todavía ninguna formalización del proceso, no corren plazos para culminar la investigación penal, más allá de que los involucrados le han transmitido varias veces al fiscal Machado su voluntad por definir la situación procesal.

Una posible citación al presidente

La “segunda causa” a cargo de Machado es la que investiga la destrucción de un documento certificado por escribano con los chats entre Ache y Maciel, que revelaban que el gobierno sabía quién era Marset cuando se entregó el pasaporte, algo negado por las autoridades en el Parlamento.

Por esta causa, el fiscal tomará declaración a Bustillo, Maciel, Lafluf y al exdirector de jurídica de cancillería, Mata, que aparece mencionado en una de las grabaciones que presentó Ache. Machado también podría citar a Lacalle Pou, en tanto el mandatario admitió que fue el artífice de la reunión en Torre Ejecutiva en la que Lafluf le habría propuesto a Ache que borrara los chats con Maciel, para certificar el celular ante un escribano público sin esa conversación.

“¿Cómo no voy a ir? Ya fui por un caso y voy por otro. Lo único que falta es que digan que el presidente de la República no va a ir a declarar”, dijo el presidente a mediados de noviembre, luego de que se conociera que el criterio de la fiscalía sería convocar “a todos los que tengan algo para aportar”.

Machado inició esta investigación a partir de la declaración de Ache del 1° de noviembre. La exvicecanciller relató ese día una serie de presiones que recibió por parte del canciller Bustillo y del asesor Lafluf para que eliminara los chats con Maciel en los que le advertía que Marset era “un narco pesado”. A la carpeta se incorporaron los audios en los que Bustillo le pide a Ache que “pierda” su celular para evitar entregar los chats como evidencia a la investigación interna que llevaba adelante cancillería y que debía ser, a su vez, entregada a la Justicia –y a los legisladores del Frente Amplio denunciantes en la causa– por sentencia en un juicio de acceso a la información pública.

También forman parte de ese expediente las comunicaciones entre Ache y Lafluf en las que el asesor de Presidencia insiste en destruir esas conversaciones, luego de que Ache ya las hubiera entregado a la investigación de cancillería, así como comunicaciones con Maciel en las que el exsubsecretario, desde otro celular, le envió un mensaje para asegurarle que técnicamente los chats borrados no podían ser recuperados.

A partir de eso, el fiscal separó la declaración y envió los antecedentes al departamento de Depuración y Designación de Fiscalía, que resolvió devolverle el expediente al propio Machado para que asumiera la nueva investigación. Ante eso, Machado pidió reforzar su equipo de investigación, dada la complejidad del caso, algo que fue concedido por la Fiscalía General de la Nación.

Machado busca determinar eventuales responsabilidades penales a partir de elementos que confirmen la versión de Ache, en cuanto a que los chats certificados fueron entregados dos veces a la cancillería. La exvicecanciller relató que, luego de entregarlos por primera vez, Lafluf habría accedido a ellos y los habría destruido. Tras negarse a certificar su celular con los chats borrados, Ache volvió a entregarlos a la investigación interna de cancillería, exigiendo al departamento de jurídica una constancia de que era la segunda vez que entregaba el documento al Ministerio.

En esta causa podrían imputarse delitos vinculados a la falsificación de documentos, como el previsto en el artículo 244 del Código Penal, de destrucción, supresión, ocultación de un documento o de un certificado verdadero para quien “destruyere, ocultare, suprimiere en todo o en parte un documento o un certificado verdadero”, o por falsificación ideológica, un delito que está previsto en el artículo 238 del Código Penal.

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