La jueza en lo civil de 11º turno de Maldonado, Lola Gómez, dispuso la entrega de 25 de las 90 hectáreas de El Gran Chaparral, la estancia en la que viven Marcelo Balcedo y Paola Fiege en Playa Verde, según informó El País y confirmó la diaria con fuentes judiciales.

Esa área del terreno corresponde a dos padrones que fueron adquiridos por Ana Paola Palma, hija del presidente de Liverpool, en un remate judicial el 27 de abril de 2022. El 24 de febrero de 2024 la jueza Gómez dispuso la entrega del terreno en un plazo de diez días, en el marco de lo dispuesto por el artículo 364 del Código General de Proceso, que establece los mecanismos para la entrega. Sin embargo, los abogados de la familia del sindicalista argentino interpusieron recursos que suspendieron la implementación de la medida, en las que plantearon la incompetencia de la sede y la falta de legitimidad pasiva.

En junio de 2024 Gómez rechazó los recursos presentados por la defensa de la familia Balcedo Fiege. Señaló que los demandados no cumplieron con los requisitos establecidos en el artículo 396 del Código General de Proceso para la presentación de recursos, que señala que sólo son admisibles aquellos “que surjan de derechos que provengan de actos jurídicos debidamente registrados o se puedan probar documentalmente, si dicha documentación tuviera fecha cierta anterior al embargo”, algo que, para la jueza, no fue acreditado en el expediente.

Marcelo Balcedo fue condenado en octubre de 2020 por los delitos de lavado de activos, contrabando y tráfico internacional de armas, en calidad de autor, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía que implicó el decomiso de cuatro millones de dólares, cuatro autos de alta gama y un chalet en Playa Verde, mientras que su esposa, Paola Fiege, fue condenada por un delito de asistencia al lavado de activos.

En mayo de 2022 la pareja inició un juicio contra la Fiscalía General de la Nación por 22 millones de dólares, por los daños ocasionados por la incautación de dos aviones, un Learjet 60 y un Gulfstream IV, que el exsecretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación explotaba en la modalidad de leasing. Según Balcedo, la actuación de la Fiscalía hizo caer contratos millonarios con empresas que adquirían el servicio de traslado, en un negocio que Balcedo tenía en Estados Unidos y que, según su defensa, son ajenos a la situación judicial generada en Uruguay y Argentina.