El estudio, realizado a partir del convenio firmado entre el Ministerio del Interior, la Universidad de la República (Udelar) y Nada Crece a la Sombra, para la implementación de un Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, tenía como objetivo evaluar la situación de las mujeres privadas de libertad. Los resultados del informe, que fueron publicados por Búsqueda, revelan que el 24% de la población carcelaria femenina nunca se había realizado un Papanicolaou, ni otro estudio ginecológico.
Se realizaron en total 906 consultas clínicas a 513 mujeres privadas de libertad, con especial énfasis en la prevención del cáncer genitomamario y acceso a métodos anticonceptivos. En las Unidades Penitenciarias de Montevideo se realizó el abordaje de 433 mujeres; en la Unidad de Salto se atendieron 52 mujeres y en la Unidad de Paysandú se atendieron 28 mujeres, alcanzando el 83% de la población total de mujeres privadas de libertad. Las consultas implicaron 30 jornadas de policlínica y 800 horas de atención, en las que participaron 52 médicos, residentes, exresidentes, especialistas en Ginecología y Obstetricia, docentes y exdocentes de la Clínica Ginecotocológica A. La media de edad de la población atendida fue de 33 años, con un promedio de privación de libertad de 19 meses.
El informe señala que, en el momento de la consulta, un 14% tenía el PAP vigente, de acuerdo a la “Guía de práctica clínica de tamizaje de cáncer de cuello de útero” del Ministerio de Salud Pública, mientras que un 24% de las mujeres privadas de libertad nunca se habían realizado un PAP. En ese grupo, la media de edad fue de 35 años.
De los 401 PAP que se realizaron, 74 fueron patológicos. En tanto, de los 108 test de Virus de Papiloma Humano (VPH) que se realizaron, hubo 16 casos positivos de alto riesgo oncogénico (14%), 87 en los que no se encontró VPH de alto riesgo y cinco test no evaluables por la calidad de la muestra.
Además, se solicitaron 54 mamografías de acuerdo a la guía de tamizaje de cáncer de mama del MSP, 37 ecografías transvaginales y 12 intervenciones quirúrgicas ginecológicas, todas en el Hospital de la Mujer, por patologías detectadas durante las consultas.
En cuanto al acceso a métodos anticonceptivos, se ofrecieron a 166 mujeres (un 32% del total), en cumplimiento de lo establecido en los Criterios Médicos de Elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud. Se ofrecieron implantes subdérmicos, DIU, anticonceptivos orales, preservativos masculinos y femeninos, anticonceptivos hormonales inyectables mensuales y trimestrales.
El estudio señala que el abordaje de la salud sexual y reproductiva en mujeres privadas de libertad “es una excelente oportunidad para la prevención del cáncer de cuello de útero y sostuvo que, si bien previo al estudio existía cierta preocupación sobre el nivel de aceptación para la realización de técnicas de screening para la prevención, el 99% de las mujeres lo aceptaron en forma voluntaria.
“Si consideramos la gran tasa de aceptación de esta población a realizarse el screening, podemos inferir que, en condiciones de reclusión, son las dificultades en el acceso a la atención las que mayormente condicionan y determinan estos resultados”, señala el informe, y destaca que 86% de las mujeres no tenía un screening de cáncer de cuello de útero vigente al momento de la intervención.
En cuanto a la cantidad de mujeres que nunca se habían hecho un PAP, el informe señala que esa situación “no se explica sólo por la falta de acceso a la atención durante el tiempo de reclusión”. “En esta población, con una media de edad de 35 años y una media de reclusión de 28 meses, no tener una evaluación previa a la reclusión podría evidenciar mayores dificultades de acceso a la atención, posiblemente multifactoriales. La reclusión, tal como se concibe hoy, parece consolidar esas inequidades previas”, agregaron.
En esa línea, el informe plantea la necesidad de aspirar a que las intervenciones en salud sexual y reproductiva en mujeres privadas de libertad “no sean aisladas ni dependan de esfuerzos puntuales, sino que se incorporen a las medidas rutinarias de control de salud de esta población”. “Se trata de un grupo de personas en las cuales se suma a la vulneración de género la vinculada con nivel socioeconómico y privación de libertad, lo cual aumenta los riesgos de padecer problemas de salud, por lo que su atención debería ser prioritaria”, concluyeron.