La jueza de Crimen Organizado de 2° turno, Diovanet Olivera, descartó el sobreseimiento del exsenador Charles Carrera en la audiencia convocada por la defensa de Carrera, que lleva adelante el abogado Juan Manuel González Rossi, en la causa que investiga a Carrera por abuso innominado de funciones, luego de que habilitara el uso del Hospital Policial a una persona presuntamente herida por un policía.

La audiencia fue pedida por González Rossi para que la fiscal especializada en Delitos Complejos y Económicos de 2° turno, Silvia Porteiro, dé cuenta de lo actuado en la causa, dado que continúa sin pedir la formalización del proceso contra Carrera, tres meses después de pedirle a la Asamblea General el desafuero del exlegislador.

Durante la audiencia, a la que no pudo ingresar la prensa por solicitud de la fiscal Porteiro, la fiscalía dijo que el caso “está a estudio” y no descartó la posibilidad de archivar la causa, algo que no fue mencionado en el pedido de desafuero.

A la salida de la audiencia, Carrera señaló que “no es una situación feliz estar un 23 de diciembre en un juzgado de garantías”, pero valoró que por primera vez en el proceso, que se inició hace dos años y medio, tuvo la posibilidad de estar ante un juez, que es el único actor imparcial en el proceso.

“No se puede tener a una persona más de dos años y medio bajo una investigación, y todavía con los perjuicios que trajo al Frente Amplio, mi organización política, y a mí en particular. Sufrí un proceso de desafuero hace tres meses. En ese escrito se decía que era para formalizar la investigación”, señaló Carrera, y destacó que la jueza ordenó a la Fiscalía a actuar “en un plazo razonable”, tal como establece el artículo 10 del Código de Proceso Penal.

“Lo importante como ciudadano es que hoy por lo menos pude tener mi día ante un juez de garantía que escuchó nuestros argumentos”, señaló. En la audiencia, la defensa de Carrera pidió el sobreseimiento del exlegislador, que no fue concedido por la jueza, y la fijación de un plazo para que la fiscal se expida, dado que no existe un plazo determinado para la investigación previa a la formalización.

“Fui un senador electo que no pudo ser proclamado por esta situación; hay muchas cosas en juego y uno tiene que tener certidumbres por su propia vida personal, porque se tiene que organizar, más cuando uno tiene hijos chicos a los que tiene que cuidar y mantener”, expresó Carrera en rueda de prensa.

Germán Aller: “No hay delito contra la administración pública”

Consultado sobre el caso, el abogado penalista y grado 5 de la Universidad de la República, Germán Aller, dijo a la diaria que los delitos contra la administración pública, como es el de abuso innominado de funciones, son delitos que no admiten una imputación por imprudencia, negligencia o impericia, sino que debe existir una intención de dañar a la administración pública y un daño concreto.

“La actuación no ha sido con intención de lesionar o afectar el bien jurídico relativo a la administración pública, sino más bien por el contrario, con un propósito de dar una respuesta solidaria, o lo que sea, respecto de una persona que tenía X problema”, señaló Aller, quien recordó que no es claro el origen de las lesiones del Hernández, el hombre que recibió la atención en el Hospital Policial.

“A mi entender no hay dolo, lo digo de forma bastante categórica, entonces no veo cómo imputarle un delito contra la administración porque no puede ser una responsabilidad penal objetiva, tiene que ser estrictamente una responsabilidad penal subjetiva, que la persona actúa con la intención de afectar a la administración para obtener un provecho propio o de terceros”, señaló. Aller dijo que si bien puede haber un provecho de terceros, en cuanto al uso del hospital policial, no hay intención de actuar en detrimento de la administración. “La intencionalidad, acertada o equivocada desde el punto de vista administrativo, lejos de pretender socavar o afectar a la administración pública, es precisamente mantener a la administración pública en una función que es la de ella, entre otras, la del servicio social”, agregó.

La denuncia que fue realizada por el Ministerio del Interior en agosto de 2022 plantea que Carrera incurrió en un delito de abuso innominado de funciones al entregar tickets de alimentación y brindar atención en el Hospital Policial a Víctor Hernández, quien en noviembre de 2012 fue víctima de una bala perdida que podría haber llegado desde la casa de un funcionario policial en La Paloma, aunque el caso fue archivado por no encontrar elementos para probar el origen del disparo.

El 25 de setiembre, la fiscal de Delitos Económicos de 2° turno, Silvia Porteiro, pidió al Senado el desafuero del senador Charles Carrera para formalizar el proceso en su contra por un presunto delito de abuso de funciones mientras se desempeñaba como director general de Secretaría del Ministerio del Interior. El desafuero de Carrera implicó también el retiro de su nombre en las listas al Senado para el período que comienza el próximo 15 de febrero. Como el pedido del desafuero se concretó el mismo día en que se presentó la lista, no hubo tiempo para reimprimirlas, pero se comunicó a la Corte Electoral la salida de Carrera como candidato al Senado.