El Mecanismo de Prevención de la Tortura (MNP) de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) realizó informes sobre dos de las cárceles administradas por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR): la Unidad 7 Canelones y la Unidad 13 Las Rosas, en Maldonado. Los informes fueron realizados a partir de las visitas del MNP durante 2023 a estas cárceles y, además de constatar la vulneración de diversos derechos, se elaboró una serie de recomendaciones para ambos establecimientos penitenciarios.
En lo que respecta a la cárcel de Canelones, donde se enfocan particularmente en las carencias, si bien se reconocen “los esfuerzos realizados por el equipo de dirección de la unidad y sus funcionarios, se han constatado diferentes situaciones de vulneración de derechos que ameritan la adopción de medidas urgentes por parte de las autoridades”. En este sentido, reclamaron que se cumpla con el hábeas corpus presentado por el comisionado parlamentario penitenciario, que encomendó al INR tomar medidas urgentes para mejorar las condiciones de reclusión, en particular del módulo 2 de esta cárcel, que es el de mayor complejidad.
En línea con la sentencia asociada al hábeas corpus, el MNP constató superpoblación y hacinamiento. “La unidad continúa manteniendo una relación inadecuada entre el número de plazas y el de personas privadas de libertad”, informaron, y remarcaron que la situación se agudiza en el módulo 2, donde el hacinamiento alcanza el 190%.
Respecto del hacinamiento crítico en este módulo, afirman que esto impacta “en las condiciones materiales en que se encuentran las personas privadas de libertad”. Las celdas, que tienen 18 metros cuadrados, fueron previstas inicialmente para tres personas. “En las visitas realizadas se ha constatado la permanencia de más de seis personas por celda, que llega en algunos casos a diez, atentando con los espacios mínimos de circulación y el acceso a servicios sanitarios adecuados”, explicaron desde la INDDHH. “De esta forma, no se cumple con los estándares en relación con la superficie mínima de 4 m2 para alojamientos compartidos. Aun con aquellos parámetros más flexibles que permiten reducir a 3,25 metros cuadrados cuando las personas privadas de libertad permanezcan en la celda por un período menor a las diez horas diarias”, detallaron.
También subrayan que las condiciones de los baños, compuestos por “una tasa y una pileta en el interior de la celda, no resultan ‘adecuadas’ para que la persona privada de libertad ‘pueda satisfacer sus necesidades naturales en el momento oportuno y en forma aseada y decente’”.
Sobre la organización de los alojamientos, plantean que “aun dentro de los mismos sectores los niveles de hacinamiento existentes en cada una de las celdas varían en función de una distribución heterogénea producto de que esta es normalmente gestionada por las propias personas privadas de libertad”. “Por regla general, estas definen a quienes le dan ‘cabida’ en las celdas (e inciden en la permanencia o salida del sector)”, explican. Por eso, hay celdas en las que llega a haber diez personas, lo que produce una “extrema saturación de la celda”.
A esto le suman la “ausencia de un criterio explícito para la derivación o el traslado a un sector específico fuera de motivos de seguridad”. “Los traslados se producen mayoritariamente a solicitud de la propia persona privada de libertad que manifiesta el riesgo para su integridad física”, según constataron.
Por otra parte, resaltaron su “especial preocupación” por las personas que siguen durmiendo en la planchada [el pasillo] del módulo, tal como fuera informado previamente por el comisionado parlamentario. En particular sobre estas personas, se refiere un problemático acceso a los servicios de salud.
En el informe también se indica que hay una inadecuada relación entre la cantidad de funcionarios por personas privadas de libertad, tanto en lo que refiere a operadores penitenciarios como a técnicos, cuestión que “repercute en las actividades desarrolladas especialmente en los sectores que componen el módulo 2”.
La INDDHH recomienda que, atendiendo a las condiciones de este módulo, “se adopten medidas urgentes a efectos de ajustar el número de personas privadas de libertad al de las plazas efectivamente existentes”.
Finalmente, solicitan que se dé cumplimiento al hábeas corpus antes mencionado, que ordena la reorganización de este módulo para revertir “la situación violatoria de la Constitución, elaborando un plan de mejoras que asegure las condiciones de habitabilidad dispuestas por las normas nacionales e internacionales”.
Mejoras y precariedades en Maldonado
En Maldonado también hay un hacinamiento crítico que alcanza el 190% en algunos sectores para varones y en otros para mujeres. “El recorrido por los sectores permite constatar el efecto negativo de la situación de hacinamiento que repercute en las condiciones vitales”, advierte la INDDHH, y agrega que “se constataron casos de personas privadas de libertad durmiendo en camas improvisadas sobre las estructuras de hormigón originales o incluso bajo estas”.
La Unidad 13 Las Rosas ha presentado severas dificultades en lo que respecta al acceso al agua. En este sentido, el MNP se encontró con “una mejora sustancial en el acceso al agua en el sector masculino mediante la instalación de cañería de termofusión”. “Sin embargo, no se han subsanado las condiciones inadecuadas de las instalaciones sanitarias en las celdas”, resaltaron. A su vez, “las instalaciones eléctricas mantienen un estado de precariedad que preocupa especialmente al MNP por los riesgos que conlleva para las personas privadas de libertad y para los funcionarios”.
Sobre las condiciones del sector de tránsito de mujeres, resaltan que “resultan inadecuadas ya que se trata de un espacio sin electricidad ni baño”. En el sector de seguridad para mujeres subrayan que encontraron alojadas a nueve personas cuando la capacidad de este sector es para tres. “Se constataron importantes niveles de encierro y casi nulas actividades fuera del sector”, enfatizaron.
En esta cárcel el MNP recomienda “implementar un plan de mejoras en las instalaciones eléctricas que contemple de manera urgente la resolución de las situaciones más graves”. Para el sector de mujeres en particular, solicita “disponer medidas para generar actividades en el sector de seguridad; habilitar de manera urgente las llamadas telefónicas; clausurar el sector de tránsito, dado que no garantiza las condiciones mínimas de habitabilidad”.