El juez especializado en Crimen Organizado de primer turno, Fernando Islas, formalizó el proceso contra el expresidente de la Junta Directiva de Casa de Galicia Alberto Iglesias, en la causa que investiga irregularidades en la administración de la institución médica que fue cerrada en diciembre de 2021.

Islas dispuso la imputación de Iglesias por un delito de insolvencia societaria fraudulenta y un delito de fraude concursal, con fijación de domicilio y retención de pasaporte hasta el 31 de mayo como medida cautelar, para mantenerlo sujeto a proceso.

Concretamente, Iglesias será investigado por la firma de dos órdenes de pago días antes del concurso de acreedores, que beneficiaban a una de las empresas que participarían en el concurso, algo que no fue denunciado por el Ministerio de Salud Pública, que inició la causa penal, sino por los síndicos del Poder Judicial que participaron en el concurso de acreedores.

El artículo 5 del Decreto-ley 14.095, que establece el delito de insolvencia societaria fraudulenta, prevé penas de entre 12 meses de prisión y diez años de penitenciaría para quien “procurase un provecho injusto, para sí o para otro, ocultara, disimulara o hiciese desaparecer, parcial o totalmente, el patrimonio de una empresa en perjuicio de un tercero”. En tanto, el delito de fraude concursal, previsto en el artículo 248 de la Ley de Concursos (18.387), prevé penas de entre un año de prisión y cinco años de penitenciaría para el deudor que en el marco de un llamado a concurso de acreedores “exagere u oculte su activo o su pasivo, reconozca o aparente privilegios inexistentes o constituidos ilícitamente, sustraiga o esconda los libros sociales, acuerde u otorgue a sus acreedores con cargo a la masa activa ventajas particulares”.

“Yo cuando firmé, firmé de buena fe toda la documentación que me mandaron, sin saber que alguna no correspondía firmarla. Ahora hay que dejar bien en claro que yo no tuve responsabilidad”, expresó Iglesias a fines de febrero, luego de que el fiscal de la causa le informara la intención de formalizar el proceso en su contra.

Fuentes judiciales dijeron a la diaria que durante la audiencia de formalización, que se realizó este jueves, el fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos de 3° turno, Gilberto Rodríguez, expresó la posibilidad de que la Fiscalía pida la ampliación de la imputación, agregándole un delito de apropiación indebida por 180.000 dólares que habrían sobrado de una operación cambiaria vinculada a la compra de un inmueble en las calles Centenario y Luis Alberto de Herrera. Cuando Iglesias declaró ante la Fiscalía, en abril de 2023, llevó comprobantes de que ese dinero había sido transferido a la clínica Leborgne, que pertenece en un 51% a la institución.

Si bien la defensa de Iglesias, que lleva adelante el abogado Enrique Moller, esgrime que el dinero fue volcado efectivamente a la clínica, el tiempo transcurrido entre la operación inmobiliaria y el depósito genera dudas a la fiscalía, que seguirá indagando sobre el punto.

Las fuentes señalaron que la Fiscalía convocó a declarar a varios testigos la semana que viene –pedidos tanto por la parte denunciada como por los denunciantes– para profundizar sobre los dos hechos por los que está siendo investigado. Entre los convocados están los abogados y contadores que presenciaron el momento en que Iglesias firmó los papeles que beneficiaban a un acreedor sobre los otros, para intentar demostrar que no hubo dolo.

La defensa de Iglesias descarta la posibilidad de llegar a un acuerdo con la fiscalía, al menos por el momento, dado que el expresidente de Casa de Galicia manifestó públicamente la convicción de su inocencia y es necesario admitir los hechos imputados para alcanzar una condena por juicio abreviado.

La causa fue iniciada por el Ministerio de Salud Pública, el 2 de diciembre de 2021, tras el informe de los interventores estatales, que concluyeron que existieron “múltiples y presuntas irregularidades que habrían cometido las anteriores autoridades de Casa de Galicia y otros particulares en detrimento del patrimonio de la institución”. Tras 27 meses de investigación preliminar, la mayoría de las denuncias fueron archivadas, quedando estos dos asuntos pendientes de resolución judicial.