El Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (MNP), que funciona en la órbita de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, publicó un informe sobre el Sistema Penal Juvenil (SPJ). El organismo encontró graves carencias edilicias, falta de privacidad, falta de acceso a luz natural y luz eléctrica, instalaciones eléctricas precarias con humedades, falta de acceso a espacios comunes, alimentación en mal estado, falta de acceso al agua potable, y, en algunos casos, un nivel de socialización “casi nulo”.

En materia edilicia, el MNP concluyó que todos los centros del SPJ requieren mejoras y constató algunas situaciones críticas, principalmente por la combinación de la instalación eléctrica deficitaria y goteras, los que constituye “un riesgo elevado contra la integridad física de quienes están allí, sobre todo en los días de lluvia”.

El informe señala que en muchos de los centros los adolescentes no tienen una estructura edilicia adecuada y deben utilizar los baños y las duchas sin una mínima privacidad. Por otra parte, en el centro CIAF los adolescentes varones no tienen acceso a agua caliente.

Otro punto señalado por el MNP fue la insuficiencia en la alimentación en los centros ETTI, Preegreso y Las Piedras, así como algunos incidentes de entrega de alimentos en mal estado en el centro Semi Libertad, aunque en el resto “tanto adolescentes como funcionariado hicieron referencia al acceso a una alimentación variada, disponible, adecuada en calidad y suficiente”. Además, señalan la falta de acceso al agua potable en todos los centros de la Colonia Berro.

El MNP señaló que, si bien en los centros se accede a atención en salud, desde setiembre de 2020 el Departamento Médico y de Medidas Curativas –responsable de instrumentar las medidas curativas determinadas por la Justicia y de informar su cumplimiento– se encuentra acéfalo y sin presupuesto asignado.

Por otra parte, el MNP mencionó varios aspectos vinculados a la salud mental de los adolescentes internados. Si bien todos los centros cuentan con un psicólogo que tiene trato directo con los internos y la confidencialidad está garantizada, advierten un servicio heterogéneo en lo que respecta a la atención psiquiátrica, basada “principalmente en la intervención farmacológica”.

“El consumo de psicofármacos está fuertemente asociado a dificultades para dormir y, en ese caso, se presentaba sobre todo al ingreso al sistema, y en algunos casos, asociado a la falta de actividades durante el día”, agrega el informe. También señalaron que en los centros Ituzaingó I y II no se permite el uso de medicación psiquiátrica, lo que, en opinión del MNP, “podría considerarse una vulneración del derecho al acceso a dicha atención, así como a un posible trato discriminatorio”, más allá de que destacan que “la indicación de psicofármacos debe estar claramente justificada y no ser la única opción terapéutica”.

En cuanto al acceso a la educación, el informe señala que si bien “la totalidad de adolescentes se encuentra inscripta en actividades de educación formal”, no todos asisten a clase. El informe advierte desde mayo una reducción en el acceso a la educación formal en los centros Granja y Cerrito de la Colonia Berro luego de que, debido a una fuga eléctrica, cerrara el centro La Escuelita. Subrayan, además, que “ningún adolescente de los centros de la Colonia Berro accede a actividades de educación formal” en Secundaria, UTU o la Universidad.

El MNP expresó su preocupación por el alto nivel de encierro en los centros ETTI y Las Piedras, donde los adolescentes permanecen en condiciones de encierro entre 22 y 23 horas por día. El informe destaca que si bien los adolescentes consultados en esos centros “compartían alguna actividad con otros adolescentes en el salón multiuso o la hora o media hora de patio diaria, la mayor parte del tiempo se encontraban encerrados, por lo que el nivel de socialización es casi nulo”.

En cuanto al trato de los funcionarios a los adolescentes, “ninguna dirección declaró tener funcionarios y funcionarias bajo procesos de investigación por denuncia”, pero de la información oficial del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente surge que 45 funcionarios se encontraban con sumario, ocho por presuntos malos tratos y dos por abuso sexual, de los cuales sólo uno estaba suspendido de la función.

“No surgió que exista mecanismo formal interno de denuncias, accesible para adolescentes y sus familias o referentes frente a posibles situaciones de malos tratos”, expresa el informe.

Algunas de las recomendaciones sugeridas por el MNP son: “implementar de forma inmediata un mecanismo confidencial, visible y de fácil acceso, que garantice las salvaguardas mínimas de seguridad, para la presentación de denuncias”; erradicar el aislamiento y las sanciones grupales; realizar reformas edilicias que permitan garantizar condiciones dignas de vida; “garantizar de forma inmediata” la confidencialidad de las comunicaciones telefónicas y videollamadas con abogados y jueces; fomentar y habilitar el acceso a actividades educativas en comunidad, y “extender, en el corto plazo, el tiempo de llamadas con familiares y referentes”, particularmente en los centros con poco acceso a esas comunicaciones.