El fiscal especializado en Delitos Económicos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, archivó la causa que investigaba al asesor del exministro de Turismo Germán Cardoso por la orden de compra de un servicio de distribución digital realizado en diciembre de 2020 por 280.000 dólares a favor de la empresa Kirma Service, con sede en Estonia. En el documento de archivo, al que accedió la diaria, el fiscal Rodríguez plantea como argumento central que la existencia de Kirma descarta la posibilidad de que se haya concretado un delito de estafa por parte del asesor honorario del ministro, Elbio Rodríguez.

Rodríguez, que trabajó informalmente en el ministerio, fue quien presentó la propuesta de Kirma a la agencia Young & Rubicam, que era la encargada de definir quiénes distribuían los contenidos digitales. El negocio no se concretó porque la empresa desistió de la compra tras conocerse públicamente el caso.

La denuncia sobre las posibles irregularidades en la compra fue presentada en setiembre de 2021 por la bancada del Frente Amplio, y buena parte de los esfuerzos del fiscal Rodríguez estuvieron centrados en confirmar o descartar la existencia de Kirma, dado que si Kirma era una empresa fantasma, creada para inducir a error a los compradores estatales, podría configurarse el delito de estafa, previsto en el artículo 347 del Código Penal, con penas de entre seis meses y cuatro años de penitenciaría para quien “con estratagemas o engaños artificiosos indujere en error a alguna persona, para procurarse a sí mismo o a un tercero, un provecho injusto, en daño de otro”.

En el documento el fiscal sostiene que para definir la existencia de un delito debía considerar, además de la existencia de Kirma y su actividad comercial genuina, que haya existido una estrategia de engaño al Estado para cobrar el dinero de los servicios contratados y el vínculo entre esa estrategia y Elbio Rodríguez.

El fiscal sostiene la existencia de Kirma a partir de la declaración de un ejecutivo de la empresa uruguaya Traffic Nation, quien la semana pasada declaró que había sido contratada en varias oportunidades por el único accionista de Kirma, el chipriota Georgios Shippilis, y entregó una factura realizada a Kirma. Además, consideró los documentos enviados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Estonia que dieron cuenta de la inscripción de Kirma en el Registro Mercantil del país, aunque según la Junta de Impuestos y Aduanas de Estonia, la empresa realizó sólo una declaración de IVA y no tiene declaraciones de impuestos sobre la renta ni aportes sociales.

En cuanto al vínculo entre Elbio Rodríguez y la empresa, el fiscal señala que –tal como surge de las declaraciones de Elbio Rodríguez, Georgios Shippilis y el director de la agencia Young & Rubicam, Álvaro Moré– Rodríguez fue quien presentó la propuesta de Kirma para la contratación directa por parte del Ministerio de Turismo, pero advierte que “esa sola circunstancia no constituye ‘per se’ la utilización de una ‘estratagema’ sino un acto de intermediación [...] puesto que, en definitiva, la empresa Kirma existía y tenía desempeño comercial (elemento esencial para la comprobación del ilícito ya que su inexistencia hubiera determinado la conformación ontológica de una falsa realidad que hiciera recaer al Estado al contratar con una empresa fantasma, creyendo encontrarse con una formalmente constituida)”.

En cuanto al hecho de que cuatro mails enviados por Kirma al Ministerio de Turismo el 8, 12, 14 y 27 de julio de 2021 para concretar la compra hayan salido de la red privada de la empresa uruguaya Traffic Nation, cuando la empresa está basada en Estonia y no tiene representantes en Uruguay, el fiscal aceptó la explicación dada por el ejecutivo de la empresa, quien dijo que ese es un servicio que se les da a los clientes, entre los que se encontraba Shippilis, sin tener mayores controles de qué uso les dan.

“La instrucción no ha podido determinar que el Sr. Elbio Rodríguez o un tercero hayan tenido participación en el manejo de esos mails, el envío de los mismos, y en la utilización de mecanismos digitales tendientes a enmascarar las IP de origen; así como en la utilización de la estructura societaria Kirma Service OU como instrumento de una maniobra”, sostuvo el fiscal.

Rodríguez planteó que “la valoración de los testimonios aportados por los imputados y la mentira o no en sus relatos que pudieren haber expresado no constituyen otra cosa que el derecho a no autoincriminarse” y que no pudo verificarse una estratagema para inducir a error al Estado. “No han quedado diligencias para producir que hayan sido solicitadas tanto por el imputado cuanto por los denunciantes, en referencia a la obtención de la información en definitiva obtenida”, agregó el fiscal.

En diálogo con la diaria, uno de los denunciantes, el diputado Gustavo Olmos, cuestionó que para llegar a la conclusión de que la empresa Kirma existe el fiscal Rodríguez “se basa en la propia declaración de Kirma, en lo que Kirma presentó ante lo que sería la Cámara de Comercio de Estonia y no en lo que sería la Dirección General Impositiva”. “Hay muchos elementos que hacen presumir que es una empresa creada ficticiamente y que no tiene actividad real”, sostuvo Olmos.

El legislador señaló que la pericia del Ministerio del Interior que detectó que los mails habían sido enviados desde Uruguay contradice lo que declaró Shippilis ante la fiscalía: “Él dijo que todos los mails los había enviado él desde Estonia, cosa que era muy difícil de creer porque estaban escritos en ‘uruguayo’ y este hombre ni siquiera habla castellano”.

En cuanto a las declaraciones del ejecutivo de Traffic Nation, que declaró que tenía una relación comercial con Shippilis desde 2019 y que habitualmente se les da a los clientes acceso a esa red privada, Olmos dijo que es algo “muy poco creíble”. “Ninguna empresa seria hace eso, porque te pueden usar tu empresa para narcotráfico”, agregó.

Además, Olmos señaló debilidad en la indagatoria en cuanto al vínculo entre Traffic Nation y Elbio Rodríguez, a quien la empresa dijo “conocer del ambiente”, pero sin tener vínculo comercial con él. El senador dijo que en las conversaciones entre Elbio Rodríguez y los responsables de Young & Rubicam, desde la agencia le consultaron al exasesor del ministerio si la propuesta que presentaba provenía de Traffic Nation, lo que demostraría la existencia de un vínculo entre este y la empresa uruguaya. Otro aspecto que para los denunciantes quedó pendiente es que Shippilis, cuando fue indagado, nunca mencionó que tuviese vínculo comercial con Traffic Nation, algo que se conoció a partir de las pericias policiales.

Consultado sobre la posibilidad de pedir que el caso sea reexaminado por otro fiscal, tal como prevén los artículos 98.2 y 100.3 del Código de Proceso Penal, Olmos dijo que será una decisión de la bancada, para lo que tienen un plazo de 30 días a partir de la notificación del archivo.