La jueza letrada de primer turno de Treinta y Tres, María Eugenia Mier, condenó a los militares retirados Juan Luis Álvez, Héctor Rombys y Mohacir Leite en la causa que investiga violaciones a los derechos humanos contra 39 adolescentes en el batallón de Infantería 10 de Treinta y Tres, en abril de 1975.
Mier condenó a los tres militares por los delitos de abuso de autoridad contra detenidos, lesiones graves y privación de libertad. Rombys, que era el juez sumariante y fue identificado por varias de las víctimas como torturador, fue condenado a 12 años de penitenciaría; Álvez, que era el enlace de inteligencia de la unidad y el encargado de los interrogatorios, a 11 años; y Leite, un alférez que fue identificado en las detenciones y en interrogatorios con tortura en la unidad militar, a ocho años.
Entre el 12 y el 15 de abril de 1975 los militares detuvieron a 39 adolescentes pertenecientes a la Unión de Juventudes Comunistas (UJC), en su mayoría estudiantes del liceo 1 de Treinta y Tres, que tenían entre 13 y 19 años. Los adolescentes fueron secuestrados en sus casas con órdenes de la Justicia militar y retenidos durante 20 días bajo torturas que incluyeron plantones, golpes, submarino, quemaduras, descargas eléctricas y, en el caso de las mujeres, fueron víctimas de tocamientos. La Justicia militar les quitó la patria potestad a los padres e impidió a los adolescentes continuar con sus estudios.
“Sentía a mi hermana de 13 años llorar y llamar a mi mamá”
La mayoría permaneció varios días de plantón al llegar a la unidad militar. “Me tomaron los datos y me trajeron una capucha llena de sangre, se ve que habían lastimado a otra persona con esa capucha. Y se ve que me sacaron al patio al plantón, había muchos lamentos, gritos y llantos y gente a la cual le pegaban”, declaró Jesús Cenández, que tenía 14 años cuando fue secuestrado por los militares.
“Me dijeron que extendiera las manos, lo hice y me pusieron un líquido e inmediatamente después sentí que me ardía, me pusieron alcohol y me prendieron fuego y apagaron enseguida. Y me sacaron para el plantón, declaró otra de las víctimas.
Alicia Fernández, de 17 años, fue detenida en su casa junto a sus hermanos Susana, de 13 años, y Mario, de 19. “Sentía a mi hermana de 13 años llorar y llamar a mi mamá. Después de muchas horas se te caían los brazos o te querías acomodar, pero siempre había alguien mirando y venía y te pegaba, no te dejaban hacer nada. Después de varias horas, llegaba la noche y seguíamos ahí. Sentía ruido, gente llorando, gritos de los que les pegaban. A mí me quedó todo negro en la espalda y los costados de los golpes”.
La visita del Goyo Álvarez
Las víctimas coinciden en que la tortura recrudeció en la noche del 18 de abril de 1975, con la visita a la unidad militar del entonces jefe de la Región 4, Gregorio Álvarez, quien llegó acompañado por el capitán Pedro Buzzo, identificado por varios adolescentes durante los interrogatorios.
“La noche previa al 19 de abril comenzaron a sacar compañeros en tandas y volvían destrozados. Había venido al cuartel Gregorio Álvarez con una comitiva para celebrar el 19 de abril; entre ellos estaba Pedro Buzzo, un torturador especializado. A mí no me torturaron, pero a otros compañeros, sí”, declaró Marisa Fleitas, que tenía 13 años cuando fue secuestrada en su casa junto a su hermana Alicia, de 15.
“Yo cumplo años el 19 de abril y la noche antes fue la noche que nos torturaron más salvajemente, más a lo bestia; me colgaron con las manos atadas para atrás y de ahí me engancharon y me subieron hasta que los hombros se me dieron vuelta para atrás y me subieron, quedé en el aire, sacudiéndome, y ahí quedé rato mientras sentía los gritos de otros que se ve que torturaban. Me tiraron en el piso luego de un rato y me colgaron de los pies y me metieron en un tacho con agua con capucha de lona que al llenarse de agua, mantenía el agua, y tenía que esperar que el agua bajara para poder respirar, me lo hicieron dos o tres veces y trague inmundicia varias veces”, contó a la jueza Ramón Nacimiento, que tenía 19 años cuando fue detenido en su casa.
Las mentiras publicadas en contra de las víctimas
Ninguno de los militares condenados en la causa supo decir qué habían hecho los adolescentes torturados, pero coincidieron en que las detenciones surgieron de una orden de la División de Ejército 4, que les dio una lista con adolescentes integrantes de la UJC a raíz de una reunión en el balneario La Esmeralda. Luego de que fueran detenidos, la dictadura emitió un comunicado de prensa firmado por el comandante en jefe, en el que decía que los jóvenes militantes habían participado en un campamento en el que se hacían orgías.
“No tengo idea de por qué lo hicieron, es una forma de actuar psicológicamente sobre la población, están mostrando un núcleo de integrantes de un partido que hacen tales cosas, cuando nosotros lo vimos no entendíamos cuál era la finalidad”, declaró Álvez, el S2 de la unidad, que admitió la falsedad de la información y negó haber participado en la redacción del comunicado.