Camilo Silvera, abogado de inversores de Conexión Ganadera, afirmó que “el Estado debe hacer mea culpa” por incurrir en omisión y falta de controles sobre la empresa que hoy presenta una deuda de 250 millones de dólares. Su estudio analiza la forma en que el Estado sea socio de las empresas vinculadas a los fondos ganaderos y manejan la posibilidad de demandarlo.

“El Estado ha intervenido muchas veces en situaciones mucho menos graves, mucho menos significativas a nivel crisis país. ¿Por qué no lo puede hacer en este caso?”, preguntó el abogado, entrevistado por En perspectiva sobre la posibilidad de que el Estado intervenga en la caída de las empresas República Ganadera, Conexión Ganadera y Grupo Larrarte. “Creo que es buen momento de que el Estado haga mea culpa y ayude a estas 7.000 personas que hoy están viéndose afectadas”, sostuvo Silvera.

El martes, en la videoconferencia con inversores de Conexión Ganadera, el contador contratado para evaluar la situación actual de la empresa, Ricardo Giovio, presentó como una opción de salida una vez abierto el concurso la posibilidad de que se cree una empresa nueva, que comience sin pasivos, con 150 millones de dólares de activos y unas 100.000 cabezas de ganado. “Al no tener deudas y no asegurar un rendimiento fijo, va a ganar lo que gana el sector. Entonces, los años muy buenos ganará mucho y los años muy malos perderá, va a ser una empresa sana”, explicó Giovio.

El director de la empresa, Pablo Carrasco, manejó como otra opción que se sume un socio a la empresa “que necesite 20.000 toneladas de carne por año o dos millones de toneladas de carbono secuestrado”.

Para Silvera, “los privados confiaron en que el Estado iba a realizar los controles debidos de acuerdo a las potestades que tiene el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y brilló por su ausencia”.

Explicó que tiene “matices” con la posición del Banco Central del Uruguay (BCU), que sostiene que la figura con la que trabajan estas empresas, el contrato de capitalización ganadera, no entra en su marco regulatorio. Para el abogado, esto “no es una actividad pura y exclusivamente ganadera. Acá se prometía una renta fija en un producto variable y se pagaba un interés. Si eso no es una actividad financiera, no sé lo que es”.

Por todo esto, afirmó que el equipo de técnicos de su estudio analiza la posibilidad de iniciar una demanda al Estado, “una vez que avance la etapa de la denuncia penal y del concurso”, dijo Silvera.

También dijo que “una de las formas que nosotros estamos planteando y analizando -y nos parece también que el Estado debe hacer mea culpa por omisión, en la falta de controles durante mucho tiempo- es que sea el socio de estas empresas. Si estas empresas son redituables, lo que existió fue un mal manejo de la operativa y delitos que terminaron llevando a los afectados a tener los perjuicios que hoy tienen”.

“Acá hay un tema mucho más de fondo que podría implicar un lavado de activos”, dijo abogado de parte de los inversores

Ignacio Durán, otro abogado de otro grupo de inversores, afirmó que solicitaron una reunión con la Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo del fiscal Alejandro Machado, “para poder activar ciertos mecanismos en la órbita penal”, que entienden que son “mucho más importantes” que el concurso. Por ejemplo, la aplicación de medidas cautelares tanto a Carrasco como a los otros directores de la empresa.

Entrevistado por Desayunos informales, el abogado cuestionó que “hace tan sólo unos pocos meses hubo un desplazamiento, un cambio de autoridades y se designó a la viuda de Gustavo Basso y a la esposa de Carrasco como nuevas representantes de la empresa”, además del “ingreso de una hija de Carrasco hace pocos meses para tomar decisiones empresariales”.

Para Durán, “la responsabilidad penal es muy clara”. “Creemos que de apuntar a esos lados y de encontrar responsabilidades penales en todas estas figuras colaterales a los principales directores que eran Basso y Carrasco, podemos encontrar un poco de luz”, sostuvo.

Consultado sobre si los inversores han tenido alguna instancia para trasladar sus inquietudes a los responsables de la empresa, Durán afirmó que sí, “pero del lado de la empresa no hubo ningún tipo de respuesta”.

El abogado consideró que la videoconferencia de ayer “no cambia nada”. “Estábamos expectantes de una respuesta, pero no sólo no hubo respuesta, sino que hubo confirmación de una maniobra de estafa que venimos denunciando hace ya varios días”.

El contador Giovio afirmó ayer que el modelo de la empresa, “sin haber empezado con un esquema Ponzi, terminó como un esquema Ponzi”. Durán entiende que “este esquema Ponzi denunciado es la punta del iceberg; acá hay un tema mucho más de fondo que podría implicar un lavado de activos”.

Sobre la posibilidad de crear una nueva empresa, Durán consideró que “es prácticamente inviable”, ya que “ninguno de los denunciantes va a retirar hoy una denuncia con la mera especulación de empezar de cero y que en unos siete u ocho años, como dijo el contador, esto podría empezar de vuelta a funcionar correctamente”. Durán también entiende que no es viable porque sólo “podría servir eventualmente para los que sí son propietarios del ganado”, pero no para los inversores que no tienen ganado y participaron de otra manera”.

“El pool de contratos que ofrecía Conexión Ganadera es muy variado y no se puede priorizar o decir que este acreedor tiene una preferencia sobre el otro porque tiene ganado, cuando el cliente optó por una modalidad contractual y no por otra porque fue lo que le convino en ese momento”.

En cuanto a la responsabilidad que le cabe al BCU, Durán sostuvo que “la no regulación del BCU y la Senaclaft [Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo] pudo haber derivado en lo que derivó”, y aunque el BCU “le ha sacado la pata al lazo por ahora, va a tener que intervenir porque acá hay una actividad financiera que no se controló”.