El Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió intervenir preventivamente a la corredora de bolsa Pérez Marexiano y dispuso la suspensión de actividades y sustitución de sus autoridades, Carlos y Pedro Pérez, al tiempo que designó como interventora a la contadora Ana Chaves.
La decisión del banco se da en paralelo al desarrollo de una investigación penal a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de segundo turno por estafa y apropiación indebida del corredor de bolsa Ignacio González Palombo, quien decía trabajar para Pérez Marexiano. La primera denuncia fue presentada por el abogado Jorge Barrera, que representa a los responsables de Pérez Marexiano.
Posteriormente, 25 denunciantes, patrocinados por el abogado Ignacio Durán, presentaron una nueva denuncia contra González Palombo y apuntaron contra los responsables de Pérez Marexiano argumentando que habían depositado más de 13 millones de dólares a la cuenta de la empresa y que ellos se encargaban de toda la “operativa comercial”.
En la resolución del BCU se señala que la empresa informó en 2024 que González fue empleado hasta 2015 y que posteriormente se desempeñó como cliente. En el marco de actuaciones de supervisión, el 8 de abril de 2025 se tomó “conocimiento de posibles actos delictivos desarrollados en nombre del corredor de bolsa a través de una operativa realizada por Luis Ignacio González”.
A partir de ello, el BCU solicitó información a la empresa, que esta vez indicó que en 2018 González “contrató sus servicios a efectos de que su cartera de clientes pudiera realizar operaciones en bolsa” y proporcionó “una lista de clientes a quienes abrir cuenta” en Pérez Marexiano.
Según informó la compañía, “todas las instrucciones sobre operaciones referidas a estas cuentas eran realizadas por Luis Ignacio González, quien no era empleado”, y agrega que la empresa “no participaba en las decisiones sobre esas cuentas dado que esos eran los términos bajo los que se relacionaban comercialmente con él”.
Pérez Marexiano informó al BCU que, a inicios de este año, “se presentaron varias personas en la oficina de la empresa o vía correo electrónico atribuyendo ser clientes de la empresa con números de cuenta y estados de cuenta falsos”. Al tomar conocimiento, se realizaron investigaciones internas y “se descubrieron otras operaciones, por ejemplo, la entrega de comprobantes de giros apócrifos por parte de Luis Ignacio González a sus clientes”.
Las irregularidades que detectó el BCU
El BCU señaló que Pérez Marexiano “no informó a la Superintendencia de Servicios Financieros de forma inmediata los hechos de los cuales tomó conocimiento”. Asimismo se señala que González, “quien no figura en la planilla de trabajo de la entidad ni con quien existe un contrato de servicios firmado”, manejaba las cuentas de los clientes “determinando qué inversiones realizar y para qué clientes, a través de instrucciones directas al personal” de Pérez Marexiano, pero “sin que existan formularios de perfil inversor u otro documento donde conste la aceptación del cliente de su perfil de inversión y la estrategia de inversión”.
Sobre el accionar de González y su incidencia en la empresa, se señala que el corredor de bolsa se comunicaba directamente con “el operador de mesa a través de llamadas telefónicas o Whatsapp no existiendo grabación de llamadas, ni tercerización de Whatsapp autorizada o informada a la Superintendencia de Servicios Financieros por lo que no existe un registro formal que asegure la integridad de la información”.
También se señala que Pérez Marexiano “no tiene implementado un procedimiento para asegurarse de que se les envía el estado de cuenta a todos los clientes con una frecuencia mínima anual”.
Por otra parte, un informe independiente sobre los procedimientos adoptados para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo concluyó “que la entidad cumple parcialmente en todos los aspectos significativos con la ejecución de su sistema integral para prevenir el lavado de activos”.
Tras varias instancias de supervisión y “frente a las inconsistencias detectadas”, el 16 de octubre de este año se realizaron nuevas actuaciones por parte del BCU y se detectó que la cuenta a nombre de Pérez Marexiano, pero propiedad de terceros (cuenta ómnibus), presentaba “un saldo negativo originado en retiros realizados de forma habitual sin tener los fondos suficientes para ello y por lo tanto utilizando fondos de otros clientes a esos efectos”.
Asimismo, “los accionistas brindaron información errónea en tanto informaron a la Superintendencia de Servicios Financieros al 25 de abril de 2025 un saldo positivo en lugar de informar el saldo real negativo antes referido, la diferencia, según declaran, se origina en la contabilización de forma posterior de retiros efectuados en fecha anterior al 25 de abril de 2025”.
Por todos estos motivos, y los incumplimientos de la regulación del mercado de valores, el BCU consideró que los accionistas “no cumplen con los estándares de conducta, aptitud y actitud comercial y profesional”.
La investigación en fiscalía
El 17 de octubre, la Justicia prorrogó las medidas cautelares contra González, que incluyen la fijación de domicilio y la prohibición de salir del país. La solicitud fue hecha por la fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, a cargo de Sandra Fleitas, que argumentó que aguarda la información de la Secretaría Antilavado y la Dirección General Impositiva para avanzar en la imputación, según informó El Observador.
En diálogo con la diaria, Durán, que representa a los damnificados, contó que días atrás le hizo llegar a Fleitas “muchísima información de interés” que le presentaron “víctimas de Pérez Marexiano, que están en Argentina y México”. Por otra parte, informó que varios damnificados ya prestaron declaración ante el área de Delitos Financieros de Interpol para poder “avanzar no sólo contra Ignacio González Palumbo, sino contra los directores de la sociedad” porque estamos “cada vez más convencidos de que la responsabilidad acá es de la sociedad”.