Gabriel Tenenbaum: “Durante años la Fiscalía fue la bolsa de boxeo de distintos partidos”

Gabriel Tenenbaum es sociólogo y durante el transcurso de su carrera se especializó en temas como el narcotráfico, la criminalidad y el lavado de activos. En su visita a la diaria Radio se refirió al atentado que sufrió la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, y dijo que representa “una excepcionalidad y, en principio, un hecho singular” que eventualmente “puede convertirse en un punto de inflexión” si “ese evento se vuelve algo rutinario o un patrón”.

También sugirió que es necesario “una reflexión, autocrítica y punto de inflexión respecto a la comunicación política”, ya que “durante años la Fiscalía fue la bolsa de boxeo de distintos partidos” y “ellos también son responsables del deterioro de su imagen”. Para Tenenbaum, esa modalidad discursiva “deslegitima el oficio del político” y “viene mermando la confianza en la institucionalidad que después dice que defienden”, por lo que valoró el hecho de “que ahora se ponen de acuerdo y están tratando de tener un fuerte discurso institucional”.

Al margen de lo discursivo pero también vinculado a las reacciones del sistema político nacional, valoró que “lo que necesitamos es celeridad, certeza y eficacia de la Justicia para atrapar a quienes realmente cometieron el delito, tanto intelectual como material”, algo que “parece que va por buen camino”. A su vez, en un segundo momento, aparecen “los diagnósticos”: “Si tenemos un gobierno que prioriza la persecución del macrotŕafico de las drogas, tiene que contar con estrategias de defensa y protección a quienes lo llevan adelante”, señaló respecto a la custodia de la funcionaria y la actuación de la inteligencia policial.

“Las organizaciones criminales reaccionan. Si esto está vinculado con las dos toneladas de cocaína incautadas en Punta Espinillo, habrá reacciones de tipo violento y también otras vinculadas al corte de cadenas de pago o cadenas de deuda entre organizaciones”, planteó.

Lo coyuntural y lo estructural

Por otro lado, relacionado con la posibilidad de dotar de más recursos a la Fiscalía General de la Nación por intermedio de reasignaciones en la ley de presupuesto, que este jueves comenzó a votarse en la Cámara de Representantes, Tenenbaum dijo que se encuadra en el “viejo y famoso” paradigma de “gobernar por acción y sucesos que ocurren”, cuando en realidad “hace años se mencionan cosas que hay que hacer, pero no se hacen”.

Utilizó como ejemplo las reformas en la ley de lavado de activos y dijo que “concuerda con mucho, al igual que los especialistas en general”, pero “el problema del lavado no es normativo; es la eficacia y los recursos”. Ante un hecho concreto, “está la ley y se presenta para demostrar que estamos haciendo algo”, aseveró. Lo mismo, según el investigador, aplica para la propia Fiscalía, que enfrenta “problemas de recursos humanos, económicos y poco personal para investigaciones complejas”.

Al mismo tiempo, se refirió a aspectos estructurales y mencionó a Cerro Norte para ejemplificar que la inversión en el Ministerio del Interior, por sí sola, no es suficiente, sino que “hay un montón de cosas para hacer que no tienen que ver con ese ámbito”.

En palabras de Tenenbaum, si todas las hipótesis que maneja la Policía respecto al atentado de Ferrero se confirman, “todo se vincula a grupos delictivos que operan en Montevideo oeste”. En ese barrio “operan grupos delictivos hace 40 años y algunos son de tercera generación”, y tomaron fuerza “en una región donde habitaba una comunidad sumamente fuerte y cohesiva”. “Eso cayó en la dictadura, la zona se convirtió en dormitorio para gente del interior”, señaló, y agregó que hubo “un proceso de desindustrialización que afectó al barrio”, y luego hubo “procesos migratorios internos y de segregación de poblaciones vulneradas”. “Eso pasó hace 40 y 50 años, ¿y qué hicimos? Nada”, sentenció.

Lo anterior “no es una contradicción con medidas situacionales que hay que aplicar”, sino que “son complementarias”, pero “no podemos pretender que suceda otra cosa si se ha hecho muy poco durante 40 o 50 años en una región muy complicada en criminalidad”. De esta forma, según el docente universitario, “se crean las condiciones de posibilidad” para que las infancias y adolescentes “tengan más chances de vincularse con la criminalidad” y opten por “lo que los haga funcional” a sus desventajas, con una movilidad social ascendente que está dada “por el deporte o los negocios criminales”.

Los planes del oficialismo

Frente a lo anterior, abordó el Plan Nacional de Seguridad Pública que actualmente elabora el Poder Ejecutivo a través de los Encuentros por Seguridad, fase que termina aproximadamente en diciembre y dará paso a una propuesta técnica. Comentó que si bien “las grandes dimensiones vinculadas a los homicidios, violencia de género, cárcel y armas de fuego son compartibles”, aún “no conocemos las medidas”. Respecto a las decisiones que actualmente se están aplicando, destacó el “énfasis mayor hacia el macrotráfico de droga y la persecución al lavado de activos”, elementos que “ya se están viendo, por más de que no esté en el Plan”.

“Es importante entablar diálogos con distintos actores de la sociedad, pero ya sabemos muchas cosas respecto a por dónde hay que ir”, manifestó. Dijo que el evento que en ese marco realizó el Ministerio del Interior (MI) el martes, denominado “Construyendo estrategias para la reducción de homicidios”, dejó claro que “tenemos un problema de homicidios vinculado al mercado de las drogas ilegalizadas”, algo que, en su visión, se minimizó durante la gestión del nacionalista Nicolás Martinelli cuando estuvo al frente del MI, y “se llegó a decir que sólo el 1,9% de los homicidios estaba vinculado” a las drogas ilegalizadas.

El dato, recordó Tenenbaum, surgió de un informe técnico, con el que discrepó, y dijo que “en un país serio estos debates los salda la comunidad científica. Nos juntamos a discutir para llegar a un consenso sobre la mejor forma de medir los homicidios, porque, de lo contrario, el dato estadístico se desacredita, ya que la política lo manipula a su antojo”, puntualizó.

Sobre el acceso al armamento, comentó que las armas de fuego participaron en entre el 60% y el 70% de los homicidios que se cometieron en el país entre 2012 y 2024, cifra que asciende a 80% en el universo de los homicidios vinculados a drogas ilegales.

Respecto a su cantidad, afirmó que el Servicio de Material y Armamento del Ejército Nacional tiene registradas unas 615.000 armas de fuego, pero “luego está el dato que no conocemos: las armas ilegales y no registradas, y ahí tenemos severos problemas”, puesto que aún esto no se estimó; hay aproximaciones a un “fenómeno elusivo” que aún son “débiles”. “En cualquier caso, tenemos un problema con las armas de fuego y aún no existe el dato final de cuántas armas están circulando en el país”, adelantó.

En ese sentido, indicó que cada cuatro días, entre 2020 y 2023, entró una niña, niño o adolescente por heridas de arma de fuego a los servicios de la Administración de los Servicios de Salud del Estado en Montevideo: “Tenemos un problema con esa población”, aseguró. Por otro lado, vinculado a los tiroteos en el llamado “cinturón de homicidios” –los barrios de Montevideo que acumulan el mayor número de violencia letal–, detalló que también “tenemos un problema con las tentativas de homicidios en esos mismos espacios” y “hablamos mucho más de los asesinados que de quienes sobreviven, algo que poco entra en la agenda pública, a pesar de que es una oportunidad preciosa para trabajar con ellos, sus familias y grupos”, finalizó.