El llanto desconsolado de la hija de Rafaela Filipazzi –un llanto que hablaba de años de ausencia, de búsqueda y de dolor– marcó el momento en que el Tribunal de Roma pronunció la condena a cadena perpetua para Jorge Néstor Tróccoli. Un llanto incontrolable que heló a todos los presentes en la sala y que convirtió la lectura de la sentencia en una escena de memoria viva.
La Tercera Corte de Asís del Tribunal de Roma, presidida por la jueza Antonella Capri, condenó al exoficial de la Marina uruguaya por los secuestros y asesinatos de la pareja italoargentina Rafaela Filipazzi y José Agustín Potenza y por la desaparición de la maestra uruguaya Elena Quinteros, militante del Partido por la Victoria del Pueblo. Tróccoli no estuvo presente en la lectura de la sentencia.
El exmarino uruguayo ya había sido condenado en forma definitiva en 2021 por la Corte de Casación italiana por otros 26 homicidios cometidos en el marco del Plan Cóndor y cumple actualmente su pena en la cárcel de Carinola, en la provincia de Caserta. El nuevo fallo reafirma su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad perpetrados por las dictaduras del Cono Sur y consolida el papel de la Justicia italiana como referencia internacional contra la impunidad.
El procedimiento se inició a partir de una derivación del juicio Plan Cóndor, sobre la base de documentos identificados en Montevideo por los abogados Andrea Speranzoni y Alicia Mejía, en setiembre de 2018, y contó con una investigación puntual y profunda de la Fiscalía de Roma.
El caso
Durante la década de 1970, Tróccoli estuvo al frente de la unidad S2 de los Fusileros Navales (Fusna) en Montevideo, donde se practicaron torturas e interrogatorios. Filipazzi y Potenza fueron secuestrados el 27 de mayo de 1977 en el hotel Hermitage y entregados al régimen de Alfredo Stroessner en Paraguay, donde fueron asesinados. Sus restos aparecieron en 2013 en Asunción y fueron identificados tres años después por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Elena Quinteros fue secuestrada el 24 de junio de 1976 mientras intentaba pedir asilo en la Embajada de Venezuela; desde entonces, permanece desaparecida.
Durante los alegatos finales, el abogado del Estado italiano, Luca Ventrella, había recordado que “el derecho internacional, desde Núremberg, no admite la obediencia debida como justificación del crimen” y pidió al tribunal “el coraje jurídico de reconocer la responsabilidad de quien, desde dentro del aparato, eligió no ver”. El fiscal Erminio Amelio había solicitado la pena máxima, que la Corte confirmó.
Luego de la lectura de la sentencia, Alicia Mejía, abogada de la familia de Elena Quinteros, celebró la decisión: “Es otra victoria para los derechos humanos en América Latina. Esta sentencia demuestra que los años pueden pasar, pero la responsabilidad permanece y la justicia, tarde o temprano, llega”.
Arturo Salerni, abogado de la familia de José Agustín Potenza, destacó el largo camino recorrido: “Es la conclusión de un proceso extenso, con una instrucción muy atenta y rigurosa. Hemos presentado documentos y reconstruido, también a través de testigos, las huellas y las historias de estas tres personas. Esperamos ahora las motivaciones, pero estoy satisfecho: es un resultado importante”.
Silvia Calderoni, abogada representante de la República Argentina, señaló que “se trata de una sentencia importante que reconstruye una parte que faltaba de la historia”. Añadió que el equipo jurídico espera conocer en profundidad las motivaciones del fallo, que serán publicadas en un plazo de 90 días: “Por el momento estamos satisfechos con el resultado y con el reconocimiento judicial de la verdad histórica”.
El valor moral, además de legal, del veredicto fue subrayado por Alessia Merluzzi, abogada que representó en el juicio a la República Oriental del Uruguay: “Con esta sentencia se recupera el tiempo perdido en todos estos años de falta de justicia y se restablece la prioridad de los valores fundamentales. Frente a la deshumanización y la violencia que intentaron borrar a tantas personas de la faz de la tierra, hoy se reafirma la dignidad de cada cuerpo y de cada vida”. Para Merluzzi, el fallo “marca un límite que no puede volver a cruzarse: el de la destrucción y el aniquilamiento de un ser humano por sus ideas políticas”.
“Una victoria para la civilización y para toda la humanidad”, dijo Andrea Speranzoni, abogado del Frente Amplio, quien añadió que el fallo “da una respuesta judicial a crímenes que siguen ofendiendo la conciencia de los italianos, de los uruguayos y de toda América Latina”. Y concluyó dedicando esta victoria “al Frente Amplio, a la hija de Rafaela Filipazzi, Ida Beatriz García, y a todos los uruguayos y uruguayas que cada mayo marchan en Montevideo por verdad y justicia”.
La defensa de Troccoli apelará
“Tróccoli nunca tomó decisiones: simplemente cumplía órdenes dentro de la cadena de mando”, afirmó Marco Bastoni, uno de los dos abogados defensores de Tróccoli. “Este razonamiento del ‘mandato en blanco’ está completamente fuera de toda lógica”, agregó. Según Bastoni, la condena a Tróccoli surge también porque “Italia siente que tiene una deuda pendiente con América del Sur”. Recordó que cuando “estalló aquel caos en Argentina y en otros países del Cono Sur, las embajadas italianas no dejaron entrar a nadie y se lavaron las manos”. El defensor anticipó que se presentará apelación en contra de la sentencia.
El fallo de Roma, que llega más de 40 años después de los hechos, se inscribe en una larga serie de juicios impulsados por familiares, militantes y juristas italianos y latinoamericanos. En un contexto de creciente negacionismo, la sentencia reafirma la necesidad de mantener viva la memoria. Las motivaciones del fallo se conocerán en un plazo de 90 días.