Tras la ampliación de la imputación por lavado de activos contra la socia fundadora de Conexión Ganadera, Ana Iewdiukow, el fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, enfocó la investigación sobre la tomadora de ganado Pasfer SA, que pertenece al empresario y representante de fútbol Maximiliano Rodríguez, iniciando así una nueva etapa en la causa Conexión Ganadera, tras las primeras imputaciones contra los fundadores del fondo ganadero, Pablo Carrasco, Iewdiukow y Daniela Cabral.

Según señalaron fuentes allegadas a la causa, la investigación sobre Pasfer está bastante avanzada y la fiscalía aspira a tomar una primera resolución antes del comienzo de la feria judicial, el 25 de diciembre. Uno de los elementos relevantes que tiene el fiscal Rodríguez para tomar una decisión es la última declaración de Maximiliano Rodríguez, quien concurrió a Fiscalía por segunda vez el 19 de noviembre.

En su declaración, Rodríguez reiteró su disposición a alcanzar un acuerdo reparatorio o un acuerdo abreviado con los damnificados. Uno de los puntos de discusión es si el acuerdo debería contemplar a los 62 damnificados de los contratos firmados entre los inversores, Conexión Ganadera y Pasfer, o si sólo debe remitirse a los dos damnificados que presentaron denuncia contra la tomadora de ganado.

Junto con Rodríguez declararon los otros dos socios de Pasfer, el consignatario de ganado Jorge Muraciole y el ingeniero agrónomo Andrés Grunert, pero ambos señalaron que en los hechos estaban fuera del negocio, algo que también fue ratificado por Rodríguez desde su primera declaración.

Uno de los puntos de la investigación es la transferencia de 23 millones de dólares desde Conexión Ganadera a Pasfer, que según Rodríguez responde a adelantos por venta de ganado. Rodríguez admitió no tener control sobre el ganado que ingresaba al campo de Pasfer, ubicado en Puntas de Ayala, en Treinta y Tres, por lo que no pudo explicar por qué había 50 vacas cuando debía haber unas 5.000. Uno de los puntos que se están investigando es si el ganado efectivamente fue comprado o si fue falsificado el registro de su compra.

“Pasfer lo único que hacía era comprar ganado para recría o engorde, les vendía ganado a frigoríficos”, declaró Rodríguez quien dijo que el vínculo entre Pasfer SA y Gustavo Basso comenzó en 2020, cuando el socio de Conexión Ganadera, hoy fallecido, lo contactó para comenzar a vender el ganado de Pasfer SA y agregó que no tenía otro contacto en Conexión Ganadera. “Era una persona increíble, con gestos humanos espectaculares”, comentó, y negó cualquier vínculo con los inversores de Conexión Ganadera.

Rodríguez, quien está vinculado a negocios ganaderos desde 2008, compró Pasfer SA a un estudio jurídico en 2015. La empresa comenzó encargándose de la producción en feedlot hasta que comenzó su vínculo con Conexión Ganadera.

Otro punto por el que es investigado Rodríguez es el ofrecimiento que realizó a algunos de los damnificados que lo buscaban para conocer su situación, luego del quiebre del fondo ganadero. En un intercambio telefónico, Rodríguez ofreció comprar los animales que reclamaban los damnificados por el 60% de su valor, algo que de concretarse violaría las condiciones del proceso de concurso, al poner en situación de privilegio a unos acreedores por sobre otros. Sobre ese punto, Rodríguez dijo que lo que buscó fue dar una solución y responder cuando “una de las partes no atendía el teléfono”.

El remate del apartamento de Punta del Este y la herencia de Basso

Otro movimiento en la causa fue la decisión del juez de Concurso, Leonardo Méndez, de rematar el apartamento del edificio Imperiale de Punta del Este, donde Daniela Cabral está cumpliendo prisión domiciliaria, como medida cautelar para proteger el proceso en el que está imputada por un delito de estafa.

La decisión de Méndez fue tomada tras el informe del síndico que planteó la venta del inmueble para proteger la masa activa a repartir entre los acreedores de Conexión Ganadera y por los altos costos de mantenimiento de ese inmueble, que sólo de gastos comunes supera los 5.000 dólares trimestrales. Además, como la ley de concurso prioriza a los acreedores de deudas generadas después del concurso por sobre los acreedores del concurso, la acumulación de deudas por el mantenimiento del inmueble va en perjuicio directo de los damnificados de Conexión Ganadera.

Méndez notificó al fiscal Enrique Rodríguez debido a que Cabral aún cumple prisión domiciliaria en el apartamento, aunque el proceso de remate no la obliga a modificar el domicilio donde cumple la prisión preventiva, al menos hasta que no lo reclamen los nuevos dueños. El apartamento, de 157 m² con derecho exclusivo sobre dos terrazas, tiene un valor estimado de 870.000 dólares.

A todo esto, la familia Basso espera la respuesta del Tribunal de Apelaciones en lo civil de 7º turno, a quien le reclamó la revocación de la declaración del concurso de la herencia, señalando que del inventario del concurso de la herencia y la lista de acreedores conformada por el síndico se desprende que la herencia tiene un activo de 33.449.758 dólares, a lo que la familia le agrega unos 3.019.826 de dólares que fueron verificados como créditos a favor de los herederos de Basso en el concurso del Frigorífico Casablanca, por lo que entiende que el activo de la herencia alcanza los 36.469.584 de dólares sobre un pasivo de 9.646.041 dólares.

Tal como plantearon en el escrito, los números presentados ante el Tribunal por los herederos de Basso buscan probar que “el Sr. Gustavo Basso era al momento de su fallecimiento solvente y actualmente la herencia y su acervo también lo son”, y derribar así la calificación de insolvencia de la herencia determinada por el juez de Concurso Leonardo Méndez en agosto, cuando dio cuenta de un activo de 6,5 millones de dólares y un pasivo de ocho millones de dólares.

“No existe liquidez, pese a las sumas millonarias que manejaba en vida el Sr. Basso en el curso de sus negocios, no se indica una sola cuenta bancaria con fondos líquidos para hacer frente a las obligaciones, sino simplemente créditos contra terceros, la mayoría de ellos sin garantías de ningún tipo, y principalmente contra una empresa concursada”, señaló Méndez en la sentencia que decretó el concurso.