El abogado Carlos López, que representa a Daniela Cabral, Agustina y Candelaria Basso, presentó un recurso de reposición ante el juez de Concurso Leonardo Méndez contra la decisión de habilitar el remate del apartamento de Punta del Este donde cumple prisión domiciliaria Daniela Cabral.

En el documento, firmado por la defensa y sus representadas, la familia rechazó el argumento del síndico, Alfredo Ciavatone, quien fundamentó la solicitud de rematar el bien en función de los gastos que implica su mantenimiento, en el entendido de que esa situación va en detrimento de la masa activa a distribuir entre los acreedores.

En el escrito, al que accedió la diaria, la familia Basso plantea que el costo de los gastos comunes es de 1.211 dólares por mes, cifra que en los meses de temporada se eleva a 2.052 dólares, y que el apartamento no tiene deudas ni otro tipo de gasto. Además, rechazó la alusión al “dinamismo del mercado inmobiliario en Punta del Este durante la temporada estival” realizada por el síndico para solicitar el remate.

La defensa de Basso planteó que el artículo 74 de la Ley de Concurso prevé la enajenación de bienes en una etapa posterior del proceso y a su vez debe ser justificada por sus costos. “La conservación del inmueble que se pretende rematar extrajudicialmente no es ni difícil ni costosa”, señalaron, y lamentaron que la decisión vulnera el derecho de Cabral a cumplir prisión en su domicilio y “autoriza la liquidación anticipada de un valioso bien que integra el acervo hereditario”.

En esa línea destacaron que “ni los gastos comunes correspondientes al apartamento que se pretende rematar, ni los tributos referidos fueron pagados por la Sindicatura con fondos provenientes del acervo hereditario”, por lo que no puede considerarse que el costo de los gastos comunes afecte la masa activa.

Sobre la alusión a la dinámica del mercado inmobiliario, la defensa de Basso dijo que se trata de “una consideración de oportunidad, meramente especulativa, que de ningún modo puede constituir un fundamento para adelantar la etapa liquidatoria”.

“El mercado inmobiliario dinámico durante el verano es el de arrendamiento, no necesariamente el de venta y mucho menos de inmuebles de especial valor. El inmueble, además, está ocupado por la compareciente Daniela Cabral Bilhere, por disposición de la Justicia Penal, de modo que difícilmente existan interesados que estén dispuestos a pagar el verdadero valor del apartamento”, agregaron.

“No se advierte cómo la venta intempestiva y a las apuradas de un inmueble valiosísimo cuya conservación, según se demostró, no le genera dificultad ni costo alguno podría ser el modo más conveniente para la satisfacción de los acreedores”, expresaron.

A su vez, señalaron que el informe de la sindicatura reconoció un activo de 33.449.758 dólares, con un pasivo que no alcanza la tercera parte, a la vez que en la cuenta judicial que maneja la Sindicatura existen fondos por 633.317 dólares.

“Es demasiada la superioridad del activo sobre el pasivo, lo cual es demostrativo de que la insolvencia de la herencia pregonada por el Sr. Juez no existe y nuestro padre sí dejó un patrimonio más que suficiente como para hacer frente a las obligaciones que no eran todavía exigibles al momento de su fallecimiento”, expresaron.

Además, señalaron que existe “una muy importante cantidad de activos que realmente son de difícil o costosa conservación, y que de hecho se han deteriorado o hasta vandalizado por la omisión del Sr. Síndico en el cumplimiento de su deber de conservar los bienes y derechos que integran la masa activa del concurso”.

Sobre ese punto, mencionaron que el Jeep Grand Cherokee, el VW Saveiro, el Maserati GT, el Audi Q5 y la Fiat Strada, que fueron incautados, están pagando por estar en un parking de la Ciudad Vieja, además de la patente y el seguro.

También destacaron los “costos salariales por mantener en funcionamiento el Escritorio Rural que pertenecía a Gustavo Basso” y la falta de reclamo del alquiler a Hernandarias XIII por el arrendamiento de campos, lo que según el escrito ha generado una deuda de 814.900 dólares.

Por otra parte, mencionaron la vandalización de un complejo de 26 casas en la ciudad de Minas, tasado en 1.680.000 dólares, y aseguran que “existen animales en campos de terceros que no se incluyeron en el inventario ni se tasaron”.

En cuanto al impacto de un eventual remate sobre el proceso penal, la familia Basso planteó que la elección del apartamento de Punta del Este para cumplir la prisión preventiva responde a sus medidas de seguridad y por ser un domicilio con fácil monitoreo electrónico mediante el dispositivo colocado.

El escrito plantea que enajenar el bien, frente a la inexistencia de supuestos fácticos o jurídicos que lo justifiquen, “vulnera directamente el principio de inocencia y de dignidad humana, pues supondría –cuando menos– que la misma debiera mudarse a un lugar donde su seguridad personal se vería afectada”.