La fiscal de Delitos Económicos y Complejos de segundo turno, Sandra Fleitas, archivó nuevamente la denuncia de Martín Mutio, condenado por el envío de 4,5 toneladas de cocaína a Hamburgo, contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, por la investigación en su contra. Su defensa había pedido el reexamen de la denuncia ante el archivo del fiscal Gilberto Rodríguez en setiembre de este año.

Mutio había denunciado a la fiscal de Corte por abuso de funciones, falsificación por ocultación de documentos y asociación ilícita con otros investigadores del caso, a los que denunció por falso testimonio. En concreto, la defensa de Mutio planteó que Ferrero ocultó información que iba en contra de la teoría del caso de la Fiscalía, que consideró que el contenedor que trasladaba la droga no pudo ser contaminado en altamar.

Fleitas consideró que no corresponde dar lugar a “los hechos a los que alude la defensa y que pretende acreditar con las probanzas a las que refiere e intenta la misma diligenciar”, porque guardan una relación directa con los hechos debatidos y controvertidos en la causa y con los criterios que ya han sido considerados en dicha oportunidad, cuando fue condenado Mutio”, según informó la Fiscalía.

Para la fiscal, es en el marco de la causa que lo llevó a la condena y que fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) donde “tendría que haber solicitado el diligenciamiento de dichas probanzas o utilizado las herramientas procesales que le permitieren comprobar sus dichos”.

Juan Raúl Williman, abogado de Mutio, adelantó a la diaria que presentarán una solicitud de revisión del caso ante la SCJ. Según explicó, están a la espera de un fallo en la Justicia de Bélgica, que está investigando el caso, y se espera que haya una resolución el 16 de diciembre. La teoría de la defensa es que el contenedor fue contaminado en el trayecto hasta Amberes por tres personas que se encuentran indagadas, y habría un video que así lo demuestra.

El proceso de revisión, que se presentará después de la feria, está regulado por el artículo 371 del Código del Proceso Penal y prevé que en cualquier parte del proceso el imputado pueda pedirle la anulación a la SCJ, aludiendo a las siguientes causales: si los hechos establecidos como fundamentos de la condena resultan inconciliables con los que fundamenta otra sentencia penal ejecutoriada, si después de la condena sobrevienen nuevos elementos de prueba o circunstancias que hacen evidente que el hecho no existió o que el condenado no lo cometió, si se demuestra que la condena fue pronunciada como consecuencia de una falsedad o si corresponde aplicar retroactivamente una ley penal más benigna.

La defensa de Mutio aspira a que la sentencia de Bélgica pueda contribuir a conformar nuevos elementos que configuren una de las causales. Williman señaló que la mayoría de estos contenedores que son detectados en Europa son contaminados en puertos con seguridad más débil durante el trayecto, y luego son cerrados con precintos clonados. En ese sentido, destacó que el comprador italiano de la carga de soja en la que fue introducida la cocaína es “un comprador genuino sin ningún vínculo con el narcotráfico” cuya actividad legal fue reconocida por las autoridades aduaneras.

En agosto de 2019 se encontró en el puerto de Hamburgo un contenedor con 4.200 paquetes de cocaína, colocados en 211 bolsos deportivos. La sustancia llegó a ese puerto en el marco de una exportación de 26 toneladas de soja que tenía como destino final el puerto de Amberes, en Bélgica. La exportación se hizo en cuatro contenedores, tres de los cuales fueron cargados en la localidad canaria de Los Cerrillos, mientras que el restante, el que fue contaminado, fue cargado en la localidad de Libertad, en San José. En agosto de 2022, Mutio fue absuelto porque la jueza Adriana Chamsarian señaló que no se presentó evidencia que acreditara que la sustancia encontrada en el contenedor era cocaína. En junio de 2023, el Tribunal de Apelaciones de segundo turno revocó el fallo y lo condenó a 15 años de penitenciaría por los delitos de lavado de activos y exportación de estupefacientes, en una sentencia que fue confirmada por la SCJ.