Las primeras denuncias contra Grupo Larrarte, el primero de los fondos ganaderos caídos en desgracia, se presentaron a mediados de agosto de 2024. A la Fiscalía ya ingresaron más de 100 denuncias contra esta empresa, que está siendo investigada por posibles delitos de estafa, apropiación indebida, abigeato y lavado de activos.

Algunos abogados estimaron que el monto total de la maniobra podría alcanzar los 20 millones de dólares. A finales de setiembre, la Justicia dispuso el cierre de fronteras con retención de documento y fijación de domicilio para Jairo Larrarte, el dueño de la empresa. La medida cautelar todavía sigue vigente, ya que se dictó por un plazo de 180 días.

El caso lo tomó la Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de 1° turno, a cargo del fiscal Alejandro Machado. El 10 de diciembre, según pudo saber la diaria, desde la fiscalía a cargo del Machado enviaron un oficio al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Ese mismo día desde la cartera ratificaron que habían recibido el pedido. Una semana antes del envío, en una reunión de coordinación, ambas partes habían definido que la respuesta para un pedido con estas características podía demorar a lo sumo diez días.

En el oficio, la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos preguntó cuántos animales figuran ante el Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG) -el organismo que se dedica a garantizar la trazabilidad del ganado vacuno- como pertenecientes a Larrarte y en cuáles campos están ubicados.

También se solicitó información sobre las actuaciones que llevó adelante el MGAP para determinar si había diferencias entre el número de animales y si en algunas de las inspecciones se detectaron irregularidades en las instalaciones que pertenecían al grupo Larrarte. En el marco de la investigación también se pidió la documentación y las guías de todos los campos pertenecientes al grupo, así como copias de todas las inspecciones y actuaciones que haya cumplido el MGAP en el marco de sus competencias y que involucren a esta empresa.

El miércoles 5 de febrero, el titular del MGAP, Fernando Mattos, fue consultado sobre la situación de crisis que se desató con los fondos ganaderos, en particular, con las empresas Conexión Ganadera, República Ganadera y Grupo Larrarte. “Los temas de carácter financiero no son competencia del ministerio, pero dado que el asunto está en la Justicia, vamos a obedecer las instrucciones de la Justicia en función de toda la información que se requiere y que esté disponible por parte del ministerio”, respondió en una rueda de prensa. Este miércoles Mattos advirtió que la cartera no tiene recursos para “ver exactamente cuál es la situación en cada uno de los predios”.

la diaria intentó comunicarse con Gabriel Osorio, director del Sistema Nacional de Información Ganadera del MGAP y con el director general de Servicios Ganaderos, Diego de Freitas, pero no obtuvo respuesta.