El juez de Concurso de primer turno, Leonardo Méndez, definió la intervención de las empresas Etranil SA, Del Terruño SRL y Bamidal SA, asociadas a Conexión Ganadera, según informó El País y confirmó la diaria con fuentes judiciales. La intervención de estas empresas implica un incremento del embargo contra Conexión Ganadera pasando de 1.800.000 dólares a diez millones.

Según supo la diaria, las empresas no participaban directamente en el negocio -como lo hacían Hernandarias XIII SA y Pasfer SA- y el embargo se dispuso a partir de información brindada por los acreedores, que deberá ser corroborada por la Justicia. Según señalaron, ahora quienes figuran como responsables de las empresas, que pertenecen al rubro frigorífico y comercial, tendrán una instancia de defensa ante la Justicia para intentar desprenderse del embargo.

Las fuentes agregaron que se analiza la posibilidad de otras intervenciones, como la de la empresa Don Coraje -que pertenece a la viuda de Basso, Daniela Cabral-, que tenía el rol de administradora de ganado como Pasfer y Hernandarias XIII. La intervención de esta empresa depende también de su capacidad para contribuir al activo rescatado para los acreedores.

A todo esto, continúa el trabajo del interventor Alfredo Ciavattone, que recoge información de los involucrados para poder ubicar el ganado, constatar y certificar su existencia y estado. Según supo la diaria, la diversidad de contratos, la cantidad de empresas implicadas y la cantidad de acreedores involucrados en el caso incrementan la complejidad del proceso para determinar y conservar el activo, algo que podría llevar varios meses.

En otro orden, el juez Méndez rechazó el pedido del estudio Brum Costa de embargar a Daniela Cabral y las hijas de Basso para evitar que puedan disponer de los bienes de la herencia y preservar el derecho a cobrar de los acreedores. Méndez señaló que no correspondía determinar ese embargo en la medida en que no estaba definido el concurso. Se estima que la resolución sobre ese punto se concrete el miércoles 19 de febrero, una vez que venza el plazo para que los abogados de Pablo Carrasco y Gustavo Basso respondan al pedido de concurso de acreedores. Si bien en la Justicia penal las familias Carrasco y Basso no designaron abogados, fuentes judiciales señalaron a la diaria que sí lo hicieron en el juicio de concurso con distintos representantes por familia.