Para promover el empleo en personas liberadas de la cárcel, se aprobó este miércoles en el Senado un proyecto de ley de promoción del empleo que agrega a la Ley 19.973 -de regulación de políticas activas de empleo dirigidas a favorecer el acceso a la actividad laboral remunerada de ciertas poblaciones- un programa específico dirigido a las personas que han sido liberadas luego de haber estado privadas de libertad.
La propuesta incluye el agregado de dos incisos al artículo 4. Uno plantea un beneficio para la contratación de estas personas, y dice: “El empleador que contrate a una persona que haya estado privada de libertad en una unidad del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) obtendrá un subsidio parcial sobre el salario del beneficiario de hasta el 80% de la retribución mensual del trabajador gravada por contribuciones especiales de seguridad social, con un máximo del 80% de dos salarios mínimos nacionales”.
A su vez, agrega otro inciso al artículo 41, que se refiere al plazo de contratación, que deberá estar en función de los cometidos del programa y no podrá ser inferior a los seis meses ni exceder los 12 meses.
El proyecto fue presentado por la senadora del Partido Colorado Carmen Sanguinetti, y provino desde el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Economía y Finanzas. En la exposición de motivos se planteó que la promoción del empleo es un “objetivo central del gobierno” y que “la combinación de la política económica con políticas sectoriales procura que la mayor parte de la población económicamente activa encuentre un lugar en el mercado de trabajo”. Este proyecto nace en respuesta a las “vulnerabilidades estructurales que presentan las personas que han estado privadas de libertad” y busca “facilitar, a través de incentivos y subsidios, el acceso a una actividad remunerada”.
Según se indica, la reincidencia en Uruguay es muy alta, llegando al 65,6% en un período de tres años posterior a la liberación. En este sentido, la reinserción laboral es un “desafío crítico para las políticas públicas de inclusión social y de seguridad pública”. “Las personas que han transitado por el sistema penitenciario deben enfrentar una serie de barreras estructurales y sociales que dificultan la reincoporación efectiva y sostenible al mercado de empleo y a la vida en sociedad”, señalan en el documento que fue remitido a la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, en el que detallan que algunas de estas barreras son “estigma y discriminación social, falta de hábitos de trabajo, formación y experiencia laboral, redes de apoyo limitadas o inexistentes”.
El estigma y la discriminación social son “barreras difíciles de superar”, ya que generalmente las personas que han estado privadas de libertad están asociaciadas con una “propensión a cometer delitos”, y que al presumir que “no son confiables como trabajadores” hay “muchos empleadores que dudan en contratarlos”. “Este prejuicio se convierte en una barrera fundamental, limitando de forma notoria las posibilidades de acceder al mercado de empleo, perpetuando la marginación económica y social”.
Por otra parte, la falta de habilidades, educación, formación y experiencia laboral también constituyen una barrera. “En nuestro país, más de la mitad de las personas privadas de libertad es analfabeta”, remarca, y afirma que esta población “muestra falta de hábitos de trabajo, experiencia laboral, así como de formación específica”, lo que redunda en una realidad que “impacta de forma importante en las posibilidades de acceder al empleo, más en un mundo donde cada vez se requieren mayores niveles de formación” y habilidades sociales.
Los redactores de la propuesta afirman que “las personas que han estado privadas de libertad suelen tener pocos vínculos sociales, lo que limita sus oportunidades de encontrar trabajo a través de recomendaciones o referencias”. “Esta escasez de redes sociales no sólo es una dificultad para insertarse al mercado de empleo y hacerlo de modo estable, sino que también puede aumentar la probabilidad de reincidir en actividades delictivas”, subrayan, y acotan que “la falta de redes, que en muchos casos es anterior a la privación de libertad, se profundiza luego del tránsito por la cárcel, particularmente cuando esta es prolongada en el tiempo, provocando que se pierdan los lazos que podrían brindar su apoyo a la reinserción”.
Por todo esto, “frente a estos desafíos, es crucial implementar políticas públicas que faciliten la inclusión de las personas liberadas en el mercado laboral, contribuyendo así a su rehabilitación”. “La reinserción laboral de estas personas no sólo es un tema de justicia social, sino también es una cuestión de seguridad pública”, aseguran. En este sentido, afirman que “las políticas que faciliten su acceso al mercado de trabajo pueden reducir las tasas de reincidencia, mejorando la cohesión social”.
La senadora Carmen Sanguinetti dijo a la diaria que “esto es la culminación de un trabajo de muchos años en el que venimos impulsando el cambio de paradigma en relación a los liberados”. “Esto que se aprobó en el Senado fue una modificación a la ley de promoción del empleo con beneficio fiscal para aquellas empresas que contratan personas que salen del sistema penitenciario”, señaló.
Para la senadora, “una empresa que no tiene intención de contratar, por más marco normativo que exista, no va a tomar la decisión de hacerlo. Pero sí es cierto que este tipo de políticas pueden ayudar a mover la aguja”. “Así que se ha conformado un grupo de trabajo que está impulsando esta contratación”, reivindicó, y contó que “se vienen haciendo muchas iniciativas y entendemos que esto es una ayuda más”.
Según la senadora, “el grueso de las personas que salen del sistema penitenciario cae en una franja de edad que hoy no estaban amparados en la ley”. “Por eso es importante que esto se haya aprobado”, planteó, y subrayó que “es fundamental lograr la sanción completa, lo que está en manos de la Cámara de Diputados”