Luego de que se imputara a las primeras dos personas por las denuncias de las amenazas de bomba de la última semana, la Fiscalía continúa con la investigación, al igual que la Policía Nacional, para identificar el origen de las demás llamadas que se realizaron la semana pasada y continuaron este fin de semana.

En la audiencia del viernes pasado, el fiscal de 15º Turno, Raúl Iglesias, hizo hincapié en la “alarma pública” que causaron las llamadas de los implicados y dijo que es necesario dar un mensaje “muy contundente” a la ciudadanía para disuadir este tipo de conductas, según los audios a los que accedió la diaria.

El 17 de febrero, el hombre de 32 años, que fue condenado a seis meses de libertad a prueba tras aceptar un proceso abreviado, realizó una primera llamada al 911 advirtiendo por la presencia de una bomba en el sanatorio de Casa de Galicia. El fiscal narró que se aplicó el protocolo de seguridad previsto por Bomberos y un despliegue policial “muy importante” en el centro de salud, pero finalmente se pudo determinar que era una “falsa alarma”.

A los pocos días, el 24 de febrero, el hombre realizó una segunda llamada, en la que advirtió por la presencia de un artefacto explosivo en el hospital del Círculo Católico. El fiscal sostuvo que “está de más decir que esto genera a todas luces una alarma pública” e “importantes perjuicios para todo el personal que trabaja en Casa de Galicia y las personas que están internadas con padecimientos”.

Un mes después, el 22 de marzo, el hombre llamó al 911 para advertir por la existencia de una bomba en el Montevideo Shopping, donde trabajaba como guardia de seguridad. Todas las llamadas fueron realizadas desde su celular y las autoridades del Ministerio del Interior informaron que el imputado se hacía pasar por una mujer en las comunicaciones con el 911.

La mujer de 28 años, que no aceptó un proceso abreviado y fue imputada por un delito de violencia privada en concurso formal con un delito de simulación de delito, realizó una llamada el 23 de marzo, el día siguiente al hecho del Montevideo Shopping, en la que sostuvo que escuchó a dos personas decir que pondrían una bomba en el centro comercial.

La defensa de la mujer, a cargo de Florencia Perillo, se opuso a la formalización por entender que la imputada no cometió ningún delito. Según relató la defensora pública, la joven trabaja en el Punta Carretas Shopping y, mientras se dirigía al baño, escuchó a dos jóvenes comentando sobre lo que había sucedido el día anterior en Montevideo Shopping. Según dijo la abogada, la mujer escuchó que dijeron: “Vamos a hacer lo mismo acá”.

La abogada dijo que, frente a eso, la mujer se asustó y llamó al 911. “La policía en ningún momento le pide que se identifique, eso fue una omisión por parte de la autoridad policial, porque si le hubieran pedido, ella se habría identificado”, puntualizó. Según dijo la abogada, la imputada dijo textualmente: “Estoy en el Punta Carretas Shopping, escuché a dos personas hablar de una amenaza de bomba”. Agregó que se trató de una conversación de dos minutos, de la que “no se desprende ningún tipo de amenaza”.

La abogada puntualizó que no hubo simulación de “ningún tipo de delito” ni se “obligó a nadie a soportar o tolerar ninguna cosa”, como establece el delito de violencia privada, dispuesto en el artículo 288 del Código Penal. “La llamada no fue falsa, fue diligente, llamó por algo que escuchó. Es lo que todos deberíamos haber hecho”, resaltó la defensora.

Iglesias, sin embargo, señaló que había muchas “omisiones e inexactitudes” en la argumentación de la defensa y, a modo de ejemplo, señaló que la llamada no fue de dos minutos, sino de 56 segundos. El fiscal sostuvo que, por motivos de seguridad, lo que importa a la Policía no es quién llama, sino poder accionar rápidamente el protocolo ante la posibilidad de que exista un artefacto explosivo en el lugar.

Por otra parte, el fiscal señaló que el delito de simulación de delito se da cuando la persona “llama para decir algo que es falso” y resaltó que “no existen” las dos personas a las que hizo referencia, porque “nunca se vieron en las cámaras”. También sostuvo que en la sede policial la mujer hizo referencia solamente a una persona y no a dos, algo que fue negado por la defensa, y argumentó que “es muy poco creíble” que haya escuchado lo que dijeron los jóvenes “en un pasaje al baño”.

Al solicitar las medidas cautelares —se dispuso prisión domiciliaria de 45 días con uso de tobillera—, el fiscal argumentó que “pocas veces pide preventiva”, pero en este caso consideró que ameritaba. Entre los riesgos procesales, el fiscal entendió que existe “peligro de fuga” y que, ante la gravedad de los hechos, consideró que “hay que dar un mensaje a la ciudadanía muy contundente de que no se puede permitir este tipo de acciones que generan un gran perjuicio a la sociedad en su conjunto”.

Iglesias agregó que se buscará determinar si la imputada “está vinculada a otros hechos o hay algo más aquí, que fue una de las hipótesis que se manejó a nivel policial”, en relación a si hay “alguna actividad vinculada a otros delitos u otras organizaciones”. El fiscal dijo que en principio no tiene indicios de ello, pero señaló que es necesario “profundizar la investigación”.