Hace dos semanas, en una instancia de coordinación interpartidaria, el diputado colorado Conrado Rodríguez propuso crear una comisión especial para revisar el Código del Proceso Penal (CPP). Mientras que en el Partido Nacional (PN) dieron su visto bueno a la propuesta, desde el Frente Amplio (FA) pidieron una semana para tomar posición y, según supo la diaria, todavía no han discutido el tema.
El martes está fijada una nueva instancia de coordinación de los partidos políticos en Diputados y Rodríguez espera que el FA tome finalmente una decisión. El diputado colorado entiende que es el “momento indicado” para hacer una revisión general del código, que se aplica desde 2017 y ha recibido “muchas críticas”.
A modo de ejemplo, Rodríguez planteó que se debería discutir cómo está funcionando el proceso abreviado, ya que un 99% de las condenas se dictan por esta vía, el tema de la “transparencia y la publicidad de los procesos, que no se están cumpliendo”, y las modificaciones pendientes para mejorar las garantías de las defensas y el rol de las víctimas en el proceso.
El diputado nacionalista Pablo Abdala dijo estar de acuerdo con analizar el funcionamiento del CPP después de ocho años de vigencia y, a diferencia de la postura crítica de Rodríguez, manifestó ser un “defensor” de la norma. “No podemos confundir un fallo o la situación de la Fiscalía de Corte con el sistema. No hay que echarle la culpa a las normas; el país en esto tenía un atraso tremendo en materia de derechos humanos y de garantías”, opinó.
Ya en marzo la coordinadora de bancada del PN en el Senado, Graciela Bianchi, dijo a la diaria que su partido tenía intenciones de “hacer algo” con el CPP y adelantó que tiene un anteproyecto de ley que le hizo llegar “la academia” para cambiar la normativa, e incluso manejó la posibilidad de derogar el código y elaborar uno nuevo.
Propuestas de modificaciones
En paralelo a la discusión sobre la necesidad de revisar de manera general el CPP, algunos legisladores han presentado iniciativas para promover cambios puntuales a la norma. De hecho, Abdala presentó recientemente un proyecto para modificar el estatuto de las víctimas, que se tratará en la Comisión de Constitución, Códigos y Legislación de la cámara baja.
El proyecto fue elaborado por el Gabinete de Víctimas y Testigos, que se creó por decreto en 2018 y está integrado por diferentes instituciones, entre ellas, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior, el Banco de Previsión Social y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). “La Fiscalía fue la que técnicamente elaboró una propuesta. La analizamos entre todos estos organismos y la aprobamos”, contó Abdala, quien estuvo al frente del INAU en el período pasado.
Abdala reflotó el proyecto luego de que la iniciativa fuera incluida en la Rendición de Cuentas de 2022 y naufragara. El diputado nacionalista destacó que una de las “grandes virtudes” que tiene el cambio del modelo procesal penal es el protagonismo que se le otorgó a la víctima. “La víctima era una figura inexistente en el proceso penal”, puntualizó, y si bien eso se mejoró, se entendió que es necesario equiparar “las facultades y las potestades de la víctima en el proceso” y ponerla en igualdad con las otras partes, es decir, con el Ministerio Público y el imputado.
La iniciativa busca modificar el artículo 79 del CPP para garantizar que la víctima pueda participar en cualquier etapa del proceso. También se propone determinar que el derecho a la defensa incluye no sólo la asistencia letrada “mediante defensor público o a través de consultorios jurídicos de universidades públicas o privadas”, sino que eventualmente pueda recurrir a “otras entidades privadas cuyo objeto principal o secundario sea asegurar el acceso a la justicia de las víctimas carentes de recursos económicos”.
Otro de los artículos del proyecto determina que si llega a existir “conflicto de intereses entre la víctima y sus representantes”, se le designe un “abogado defensor para que la represente y asista en el ejercicio de sus pretensiones”. Abdala explicó que “muchas veces es en el propio entorno del menor donde está el victimario”, entonces ese artículo dispone que en esos casos “se intervenga y se le designe representante”.
El proyecto también prevé que la víctima tenga posibilidad de alegar, algo que actualmente no está previsto en el CPP, ya que solamente pueden hacerlo la Fiscalía y el imputado. Asimismo, se le otorga la legitimación para impugnar las resoluciones judiciales que entienda que la perjudican o que son contrarias a derecho.
En tanto, en la cámara alta el senador colorado Gustavo Zubía presentó un proyecto de ley para que se prohíba la posibilidad de que los funcionarios públicos puedan acceder a juicios abreviados. En la exposición de motivos, el exfiscal sostiene que el proceso abreviado, “que debería ser utilizado en casos excepcionales”, se ha transformado “en la herramienta fundamental del proceso penal uruguayo, desnaturalizando la función de impartir justicia con la debida garantía para las partes en nuestro país”.
En ese sentido, señala que “son muy excepcionales las figuras penales que quedan por fuera de la posibilidad de aplicar este proceso”, como es el caso del homicidio con agravantes especiales y muy especiales, y propone que se incluya a quienes cometan delitos contra la administración pública. “La calidad personal del agente, funcionario público, permite comprender rápidamente que la capacidad lesiva del sujeto activo es altamente gravosa con relación al cumplimiento de los deberes del Estado con relación a sus finalidades esenciales”, argumenta el senador.