Desde su creación, en 2018, la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, a cargo de Ricardo Perciballe, logró una definición de la Justicia contra militares vinculados a delitos de lesa humanidad en 70 causas. De ese total, en 40 hay militares, policías y civiles procesados con prisión y en las 30 restantes los responsables de los crímenes perpetrados en la dictadura fueron condenados. A eso se suman otras 15 causas que fueron tratadas por la Justicia entre 1985 y 2017. En esos casos hubo 13 condenas y dos procesamientos que no avanzaron por el fallecimiento de sus responsables.
Además, hay unas 35 causas en las que aún no ha habido una definición de la Justicia. En 13 de ellas la fiscalía ya envió el pedido de procesamiento con prisión y resta que el juzgado convoque a audiencia para resolver eventuales procesamientos. En tanto, en el resto de las causas en las que aún no hubo procesamiento ni pedido de procesamiento por parte de la fiscalía, la investigación que llevan adelante Perciballe y su equipo ya está concluida, pero aún falta dirimir recursos presentados por las defensas de los militares.
A las causas que se tramitan por el viejo Código del Proceso Penal (CPP) –debido a que las denuncias que iniciaron el proceso fueron presentadas antes de la vigencia del nuevo– se suman 15 causas sobre crímenes de lesa humanidad que se tramitan por el nuevo CPP. De esas 15, en cinco ha habido avances considerables.
Las causas que avanzan en el nuevo código y sus próximos pasos
De las causas que se iniciaron después de noviembre de 2017 hay dos que ya están culminadas: sus responsables fueron condenados y las sentencias fueron ratificadas por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), por lo que no hay más instancias de apelación. El primero es el caso que investigó violaciones a los derechos humanos en el centro clandestino de detención Los Vagones, que funcionó en Canelones entre fines de la década de 1960 y mediados de la de 1970. La causa fue iniciada por la responsable de la Secretaría de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones, Valeria Rubino, y la Asociación Ágora en mayo de 2019. En diciembre de ese año fueron imputados con prisión preventiva los policías retirados Hugo Guillén, Winston Vitale –ambos fallecidos– y Alejandro Ferreira por los delitos de privación de libertad, abuso de autoridad contra detenidos y lesiones.
En el juicio el expolicía fue condenado por delitos de lesa humanidad, pero en setiembre de 2023 el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia de primera instancia a nueve años de penitenciaría, modificó la tipificación de tortura impuesta en primera instancia y dispuso su condena por privación de libertad, abuso de autoridad contra detenidos y lesiones graves. En noviembre de 2024 la SCJ confirmó la sentencia de condena contra el expolicía.
El centro de torturas Los Vagones fue parte de la Operación Morgan, en la que se persiguió y desapareció a decenas de militantes del Partido Comunista del Uruguay. Las víctimas eran recluidas y torturadas dentro de dos vagones de la Administración de Ferrocarriles del Estado ubicados, en una primera etapa, en el Parque Artigas y, luego, en el barrio Olímpico.
Otra de las causas con condena firme es la que investigó torturas contra unos 20 militantes de la Unión de la Juventud Comunista (UJC) en el ex Batallón de Infantería 6 de San José entre 1975 y 1978. El fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad pidió una condena de 12 años y seis meses de penitenciaría contra los militares retirados Rubens Francia y Francisco Macaluso por los delitos de privación de libertad, abuso de autoridad contra detenidos y lesiones graves.
La denuncia fue realizada en agosto de 2021 y el juicio oral se concretó en agosto de 2023. La jueza penal de segundo turno de San José, María Elbia Merlo, confirmó el pedido de procesamiento de Perciballe para ambos militares retirados y dispuso la tipificación de tortura. En su argumentación señaló que en el Estatuto de Núremberg se establecieron los delitos de lesa humanidad y que “el concepto de crimen de lesa humanidad fue evolucionando e independizándose del crimen de guerra para tener una identidad propia”.
Las otras tres causas que están avanzando según el nuevo CPP se encuentran en momentos clave del proceso. Una de ellas es la causa Plan Cóndor, que investiga los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, la desaparición de Manuel Liberoff y Washington Barrios y decenas de crímenes cometidos por militares uruguayos en Argentina, entre ellos la privación de libertad de Gabriela Schroeder, Victoria Barredo y Máximo Barredo y la supresión de estado civil de Macarena Gelman y Mariana Zaffaroni. La causa, que investiga a los militares en situación de reforma Jorge Pajarito Silveira y José Turco Arab y al expolicía Ricardo Conejo Medina, se encuentra en su etapa de control de acusación, previa al juicio oral, que podría iniciarse este año.
En esta causa la fiscalía pidió una condena de 30 años para Arab por 12 delitos de homicidio, dos delitos de desaparición forzada, dos delitos de sustracción de menores, dos delitos de supresión y suposición de estado civil, cuatro delitos de rapiña y reiterados delitos de privación de libertad, abuso de autoridad contra los detenidos y lesiones graves. También pidió 22 años de penitenciaría para Silveira por dos delitos de homicidio, dos delitos de sustracción de menores, dos delitos de supresión y suposición de estado civil, reiterados delitos de privación de libertad y abuso de autoridad contra los detenidos y lesiones graves. Por último, pidió diez años y seis meses para Medina por dos delitos de sustracción de menores, dos delitos de supresión y suposición de estado civil, un delito de rapiña, nueve delitos de privación de libertad, dos delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y dos delitos de lesiones graves.
Otra causa que está a meses de la convocatoria a juicio oral es la que investiga torturas en el Batallón de Infantería 9 de Fray Bentos contra 11 personas entre 1980 y 1984. Por esta causa –que no incluye el asesinato del médico de San Javier Vladimir Roslik porque la Justicia entendió que ya había sido juzgado– la fiscalía pidió condenas de entre 15 años y seis meses y 11 años y seis meses para los militares retirados Óscar Mario Roca, Ivo Morales, Abel Pérez, Héctor Caubarrère, Jorge Soloviy, Daniel Castellá, Rodolfo Costas, Luis Estebenet y Eduardo Saiz.
El jueves 22 de mayo será la audiencia de formalización del caso que investiga torturas contra unas 50 personas en Bella Unión, principalmente militantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros y trabajadores vinculados a la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas. Por esta causa la fiscalía pidió la formalización del proceso contra los militares retirados Abayubá Burlong y Diego Varela.