La fiscal de corte, Mónica Ferrero, aceptó el pedido de traslado de la fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2º Turno, Silvia Porteiro, a una fiscalía de Flagrancia y dispuso en su lugar a la fiscal Sandra Fleitas. El traslado llega luego de que Ferrero rechazara el pedido de recusación contra Porteiro realizado por la defensa de Charles Carrera por considerarla parcial en su accionar, dado que luego de haberle pedido al Senado el desafuero del legislador diciendo que tenía evidencia para imputarlo -lo que derivó en la renuncia del legislador-, dejó en suspenso la definición.
Porteiro, que había sido ascendida en enero de 2023, pidió regresar a una fiscalía de Flagrancia aduciendo motivos personales, tras conocerse la decisión de la fiscal de Corte de no aceptar la recusación planteada por Carrera.
Esta semana la defensa del exsenador, que lleva adelante el abogado Juan Manuel González Rossi, presentó ante la Oficina Nacional de Servicio Civil las declaraciones de cuatro policías que estuvieron involucrados en la investigación del caso sobre irregularidades en la gestión de Carrera como director general de la Secretaría del Ministerio del Interior por la entrega de tickets de alimentación y la autorización a utilizar el Hospital Policial a Victor Hernández, quien fue víctima de una bala perdida, presuntamente disparada desde la casa de un funcionario policial en La Paloma en noviembre de 2012.
Las declaraciones de los policías fueron entregadas para que sean incorporadas a la investigación administrativa que está realizando esa oficina del Estado para conocer si existieron irregularidades en la investigación del Ministerio del Interior durante el período de Luis Alberto Heber, que derivó en la denuncia penal que ahora investigará Fleitas.
La investigación fue llevada por el equipo de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, los mismos que habían hecho la denuncia, y cuando fueron a declarar a la fiscalía a pedido de la defensa de Carrera, revelaron una serie de irregularidades en los procedimientos, además de que el mismo equipo sea denunciante e investigador.
El oficial del caso fue desplazado a pedido de las autoridades del ministerio
Uno de los declarantes, que integró un cargo jerárquico en Asuntos Internos, planteó que el oficial del caso, Adrián Álvarez, fue de hecho desplazado de la investigación por el comisario mayor Luis Acosta, quien era jefe del departamento de Recursos Humanos del Ministerio del Interior, y que había sido designado paralelamente para la investigación de Carrera, actuando sin informar a Asuntos Internos.
“Hay una situación que me la manifestó el oficial de caso, Adrián Álvarez. No sé bien la fecha [...] en un determinado momento el oficial del caso me manifiesta a mí de una cierta incomodidad porque el comisario mayor Acosta se estaba involucrando en ese caso donde él era el oficial. Álvarez me manifiesta que estaba un poco incómodo porque sabía que Acosta estaba haciendo cosas, como que hablaba con él y le daba directivas, siendo que no tendría que estar en el caso. Entonces él decía, bueno, de última que quede él como oficial de caso y yo me abro”.
El testigo contó que planteó la situación a sus superiores, pero le explicaron que no podían hacer nada porque el involucramiento de Acosta en la causa de Carrera había sido una decisión de las jerarquías del ministerio. “Entendió que eso venía de parte del director o de las autoridades del ministerio, pero que él tampoco tenía mayor conocimiento. Tampoco sabíamos si era requerimiento de la fiscal, porque Acosta no rinde muchas cuentas a las autoridades que estaban ahí en ese momento. De repente él estaba ahí y nadie sabía mucho el porqué”, sostuvo, y recordó que Acosta viajó con su equipo a Rocha por la investigación y luego se lo comunicó al oficial del caso.
En esa línea, señaló que “lo irregular o lo fuera de normalidad” en la investigación fue la actuación de Acosta, lo que afectó la investigación. “Al no saber qué era bien lo que estaba pasando, en su momento, manifestó esa preocupación que tenía, porque viéndolo desde la parte política, él consideró 'acá están pasando cosas que están por fuera de mi control como oficial de caso y que después puedan tener una repercusión', porque en ese momento no se sabía quién iba a ser el próximo gobierno [...] 'capaz que pasa algo acá y me impacta a mí, que soy el oficial de caso y yo no tengo nada que ver. Esa era un poco la preocupación de él [...] después no me manifestó en ninguna otra situación”.
Por su parte, el policía retirado José Pedro Delgado, que fue director de la división de sanidad policial, antes de ser designado jefe de Policía de Florida, declaró como testigo ante la fiscal Porteiro que el ministro Heber o el subsecretario Guillermo Maciel le pidió realizar un informe sobre el caso Carrera, en el que planteó que la atención en el Hospital Policial se reducía a policías retirados o en actividad y sus familias. Si bien en el informe que elaboró a pedido del ministro dijo que “no existe ninguna norma legal o reglamentaria que habilite a incluir como usuario a quien no cuadra en esos requisitos”, en las declaraciones ante la fiscal admitió que podía existir cierta discrecionalidad y agregó que era un procedimiento “de rutina” registrar con un grado funcional a las personas ajenas a la policía que iban a atenderse para que el sistema les pudiera cobrar el ticket.
“Si usted lo quiere hacer ingresar al sistema, lo hace ingresar con grado 6. Si van por ese lado, ya abrevien todo eso y se terminó. Eso es el ingreso que se le tiene que dar al sistema para que se lo pueda atender para cobrarle el ticket”, añadió y admitió que eran incorrectas las restricciones para acceder a la atención que había planteado en el informe. Al plantearle la importancia de su declaración para la defensa de Carrera, Delgado respondió al abogado: “Mire, Charles Carrera no es santo de mi devoción, vamos a atendernos, pero vamos a no hacer injusticia en este caso”.
Por su parte, el comisario Edgardo Núñez declaró que habitualmente Asuntos Internos actúa en investigaciones penales en las que haya funcionarios policiales involucrados. Consultado por el hecho de que la misma unidad que realizó la investigación administrativa que derivó en el inicio de la denuncia penal actúe en el caso con la fiscalía, respondió: “En caso de que Asuntos Internos haga un sumario administrativo, las resultancias del sumario administrativo sugieren una denuncia penal, va a Fiscalía. Póngale que la DPA designe a Asuntos Internos, eso es rechazado para mantener la objetividad y la imparcialidad en la investigación”. Núñez dijo que en el caso Asuntos Internos fue designado por la Fiscalía, se hizo una reunión “y se estuvo a lo que la Fiscalía dispuso”, aunque recordó que parte de la investigación de Carrera fue realizada por otra dependencia.
En tanto, el subcomisario Roberto Rodríguez fue consultado sobre las razones por las que elaboró un informe que figura en el expediente como “informe final” del caso en junio de 2024, cuando la causa aún sigue en su etapa de investigación preliminar. “Con los elementos que yo tenía hasta ese momento, se eleva un informe final desde el punto de vista del instructor. Si la Fiscalía entiende que se requieren otras cosas, emitirá una nueva orden y se ampliará esa. Y ya no sería final, sería otro informe”, señaló, sin responder qué fue lo que lo motivó a realizar un “informe final”, cuando la fiscalía continuaba con la investigación.