El fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, pedirá la formalización del proceso contra los socios de Conexión Ganadera, Pablo Carrasco, su esposa Ana Iewdiukow y Daniela Cabral, viuda del socio fundador del fondo ganadero, Gustavo Basso, según informó Telemundo y confirmó la diaria.
Fuentes judiciales informaron a la diaria que el pedido de formalización será sólo por el delito de estafa, aunque no se descarta que en el correr de la investigación pueda haber una ampliación a otros delitos que fueron investigados, como apropiación indebida y lavado de activos, contra alguno de los tres investigados.
Señalaron que la información se brindó en una reunión que el fiscal mantuvo este miércoles con los tres indagados y sus abogados, luego de las declaraciones de Daniela Cabral, el martes, y Pablo Carrasco y su esposa, Ana Iewdiukow, este miércoles. Según supo la diaria, el fiscal va a preparar la solicitud de formalización en estas semanas y la entregará al juzgado antes de la feria judicial de julio.
La audiencia de formalización será en el juzgado de Crimen Organizado de primer turno, a cargo de la jueza Diovanet Olivera, entre el 17 y el 18 de julio, una vez concluida la feria.
Además de la formalización del proceso, a la que ninguno de los abogados de las partes se opondrá, también se discutirán las medidas cautelares con las que los imputados llevarán el proceso. Si bien el fiscal Rodríguez no quiso adelantar cuál será su posición sobre ese punto, las defensas coinciden en oponerse a todo lo que implica nuevas restricciones en su libertad ambulatoria. Hasta el momento, Carrasco, Cabral y Iewdiukow tienen fijación de domicilio con retiro de pasaporte y cierre de fronteras. Los abogados harán hincapié en que sus defendidos estuvieron a disposición de la Justicia durante toda la etapa de investigación preliminar y acudieron cada vez que fueron convocados.
Por otra parte, el fiscal continúa trabajando en la investigación sobre la eventual responsabilidad penal de otros mandos medios del fondo ganadero, como el gerente general de Conexión Ganadera, Martín Bartol –para quien la fiscalía pidió el levantamiento de secreto sobre sus datos personales vinculados a sus registros en el Sistema Nacional de Información Ganadera y sus declaraciones juradas de ganado entre 2017 y 2025–, y el responsable de la administradora de ganado Pasfer, Maximiliano Rodríguez, quien admitió no tener control sobre el ganado de Conexión Ganadera que entraba y salía del campo perteneciente a Pasfer. También deberá definir la situación de otros indagados en la causa, como el gerente operativo, Rodolfo Flores, y el responsable de la trazabilidad del ganado, Diego Quiroga, quien también es damnificado como inversor en el fondo.
Si bien están pendientes varios exhortos del exterior, el fiscal no esperará las respuestas para avanzar en esta etapa, por lo que se estima que esa información podría ser útil como evidencia para sustentar la acusación o ampliar la formalización. Según informó El Observador, durante la declaración de Carrasco y Iewdiukow, la defensa que llevan adelante Jorge Barrera y Marianella Melgar presentó los títulos de dos propiedades de la familia, una en Madrid y otra en Punta del Este, que quedarán a disposición de los inversores, en el marco del embargo que pesa sobre Carrasco.
La última etapa de la investigación fue impulsada por los resultados de los informes presentados por la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, así como por los allanamientos en dependencias de Conexión Ganadera, en la sede de la empresa, en el escritorio de negocios rurales de Gustavo Basso y en la sede de la empresa administradora de ganado Hernandarias XIII, en la ciudad de Mercedes. Allí se incautaron computadoras, unos 20.000 dólares en efectivo y cajas con 7.000 caravanas que no habían sido colocadas.
Conexión Ganadera fue fundada en 2000 por Pablo Carrasco y Gustavo Basso, con el fin de captar inversores para la compra de ganado, en modalidades de bono ganadero o inversor. El fondo pagaba intereses del entorno del 9%, lo que triplicaba la rentabilidad media del sector. El negocio apuntaba a pequeños inversores –requería mínimos de 15.000 dólares– con poca o ninguna experiencia en el mundo de las finanzas o el sector ganadero. Se estima que hay unos 4.300 damnificados y una diferencia entre el pasivo y el activo de 250 millones de dólares.