La fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2° turno, Sandra Fleitas, que asumió ese cargo a mediados de mayo luego de que Silvia Porteiro fuera trasladada a la Fiscalía de Flagrancia, resolvió pedir la formalización del proceso en contra del exsenador frenteamplista Charles Carrera por los delitos de fraude, falsificación ideológica de documento público y utilización indebida de información privilegiada. La audiencia de formalización será el 11 de junio, según confirmó la diaria.
El abogado del exsenador, Juan Manuel González Rossi, dijo en rueda de prensa que recibieron con “mucha sorpresa” la solicitud de la fiscal por la “simple razón” de que se espera que cuando una fiscal asume “una fiscalía nueva, y más una fiscalía de delitos económicos y complejos”, le lleve un tiempo “ponerse al día con la fiscalía y estudiar en profundidad cada uno de los casos”. En ese sentido, señaló que “puntualmente la causa de Carrera es muy extensa y muy compleja, y es imposible de abordar en unos pocos días” todo el material.
Además del tiempo de estudio del caso, a la defensa de Carrera le “sorprende mucho” que la fiscal haya cambiado los delitos por los cuales termina pidiendo la imputación. González Rossi sostuvo que el “cambio de frente inesperado entre las figuras penales oportunamente imputadas y las que se imputan ahora altera, condiciona mucho el ejercicio del derecho de defensa, lo complica, lo pone en jaque”.
“Cabe recordar que a Carrera se le solicitó el desafuero por un delito de abuso de funciones, y ahora se le está pidiendo la formalización por otras tres figuras penales que no fueron las figuras sobre las que él se defendió; es decir, toda su defensa estuvo armada, organizada en función del prisma jurídico del delito de abuso de funciones, no solamente porque la fiscalía se lo expresó a la defensa verbalmente, sino que por escrito en el pedido de desafuero se hizo un análisis jurídico de estos hechos a la luz del delito de abuso de funciones”, detalló.
El abogado resaltó que ese cambio “no responde a los cánones de buena fe procesal y de lealtad jurídica, y de permitir el pleno ejercicio del derecho de defensa; que uno se defienda por un delito y después le presentan una formalización por otras tres figuras que no tienen nada que ver”, señaló. Por ese motivo, el abogado adelantó que se va a plantear una recusación de la fiscal y además analizarán presentar una denuncia penal contra Fleitas.
Más temprano, el exlegislador del Movimiento de Participación Popular cuestionó en X el proceso penal y manifestó que resultaba “escandaloso” y que “violenta” todos sus “derechos que Fleitas haya analizado un expediente de miles de páginas y varios gigas de información, que llevan más de tres años de investigación, y haya resuelto en sólo diez días” pedir su formalización, “basada en argumentos que nadie hasta ahora había manejado”.
En setiembre de 2024, a menos de un mes de las elecciones nacionales, Porteiro había pedido el desafuero del senador al Parlamento argumentando que tenía “evidencias suficientes” para pedir la imputación de Carrera por un delito de abuso de funciones. Sin embargo, la fiscal no realizó el pedido de formalización en su contra mientras estuvo al frente del caso, que fue hasta mediados de mayo. En abril, el exsenador había pedido a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, que apartara a Porteiro del caso, dado que habían pasado siete meses desde el pedido de desafuero. Ferrero rechazó el pedido de Carrera y Porteiro fue enviada a la fiscalía de Flagrancia aduciendo motivos personales.
La denuncia contra Carrera fue presentada en agosto de 2022 por las autoridades del Ministerio del Interior (MI), encabezado por Luis Alberto Heber, para que se investigue la habilitación de la asistencia médica de Víctor Hernández en el Hospital Policial luego de recibir el impacto de una bala perdida, presuntamente proveniente de la casa de enfrente, donde se estaba celebrando el cumpleaños del subcomisario Marcos Martínez, y por entregarle tickets alimentación por 20.000 pesos.
Los argumentos de Fleitas
Fleitas detalló en su pedido de imputación, al que accedió la diaria, que la “autorización especial”, regulada por la normativa vigente, para el uso de los servicios del Hospital Policial sólo puede ser brindada para “el personal policial o sus familiares”. Por lo tanto, señaló que Carrera le provocó un daño a la administración en “beneficio de un tercero”, ya que, “como ordenador de gastos”, en el ejercicio de su cargo de director de secretaría del MI, “dio la orden verbal a personal” para que se le diera ingreso a Hernández en el Hospital Policial.
Fleitas también detalla que de enero de 2013 a octubre de 2016 Hernández recibió una entrega fija de 20.000 pesos en “forma mensual, consecutiva e ininterrumpida” en tickets alimentación. Al respecto, la fiscal sostuvo que, “de acuerdo a la normativa vigente” (artículo 27 de la Ley 18.172, Rendición de Cuentas de 2006), que determina la posibilidad de entregar una canasta de fin de año, se establece que es una “partida anual única” a los “funcionarios del Ministerio del Interior” del personal policial.
Sin embargo, Fleitas señala que los tickets alimentación fueron entregados a civiles, en referencia a Hernández y su familia, “sin ningún vínculo con el Ministerio del Interior”, por “orden escrita” de Carrera, “surgiendo del documento público donde consta el pago de dicha suma de dinero a Víctor Hernández la firma del imputado, que era quien lo autorizaba, y el sello correspondiente al cargo de Carrera y el nombre del mismo”.
La fiscal señaló que ese “documento público” es falso “por su contenido”, debido “a que Carrera, al firmar dicho documento, dio fe de hechos imaginarios, los que se constituyen por dejar constancia del pago de la suma de dinero referida a una persona –que no erafuncionario de dicha cartera, al que pudiera corresponderle ese beneficio–. En consecuencia, no podía ser destinatario del pago de dicha partida un civil, ya que, por disposición legal, solamente la podía percibir un funcionario del MI”.
Los pagos de los tickets alimentación, actualizados a 2022 cuando se hizo la denuncia, significaron “un daño patrimonial para el Ministerio del Interior” por unos 260.000 dólares, señala la fiscal, y la internación en el hospital le ocasionó un “daño patrimonial” al Estado por unos cinco millones de pesos.
Fleitas señaló que “es claro que el imputado, funcionario público, de forma directa procedió con engaño al dictar un acto en forma verbal, ordenando el ingreso de Víctor Hernández al Hospital Policial, cuando el mismo no reunía los requisitos para poder recibir asistencia de dicho nosocomio, ya que se trataba de un civil”.
“La conducta del imputado de proceder con engaño se comete mediante la comisión de un delito de falsificación ideológica de funcionario público en un documento público –donde mintió respecto a la ocupación de Hernández en la historia médica de dicho nosocomio–, donde surge el grado con el cual fue ingresado como paciente en el Hospital Policial, así como en los recibos que firmaban los destinatarios, quienes eran particulares, al percibir dicha prestación”, expresó.
Por último, Fleitas consideró que además Carrera “cometió el delito de utilización indebida de información privilegiada, con el fin de que un particular obtuviera un provecho económico”, en referencia al pago de tickets alimentación.