El fiscal de Delitos Económicos y Complejos de Tercer Turno, Gilberto Rodríguez, llegó este jueves a un proceso abreviado con tres exdirigentes del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) por su participación en la maniobra para desviar dinero del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc).

Fabián Rivero, Santiago Bernaola y Bruno Bertolio reconocieron ser responsables de los delitos de apropiación indebida, estafa, asociación para delinquir y asistencia al lavado de dinero. El dinero faltante asciende a 1.200.000 dólares y habría 15 personas involucradas.

En la audiencia de formalización de este jueves, el equipo del fiscal contó que las autoridades del fondo, integrado por representantes del Sunca y de la Cámara de la Construcción, entre otros, se enteraron de la maniobra en diciembre del año pasado, cuando la encargada administrativa se tomó licencia reglamentaria. La mujer, que es una de las indagadas en la causa, tenía acceso y autorización para usar el dinero del fondo, ya que se encargaba de pagar los sueldos de los funcionarios, los tributos, la luz y el agua.

Mientras estaba de vacaciones, la persona que la reemplazó notó que se habían hecho transferencias bancarias no autorizadas. A partir de eso, se hizo una auditoría externa y una investigación interna que arrojó que se habían realizado 193 transferencias no autorizadas durante 2024, a unas 15 cuentas. Con todo esto, el abogado del fondo, Óscar López Goldaracena, presentó una denuncia penal a fines de enero, y en los meses siguientes el Sunca expulsó a ocho dirigentes gremiales involucrados.

La maniobra para el desvío del dinero

La fiscal adscripta Gabriela Gómez, que trabaja en el equipo de Rodríguez, relató que la trabajadora administrativa dijo que se encargaba de hacer transferencias a las distintas cuentas que le indicaba Bertolio, quien se desempeñó como presidente del fondo hasta el año pasado.

Asimismo, la encargada administrativa reconoció en su declaración ante la fiscalía que había privado a su compañera de trabajo, que asumió sus tareas durante su licencia, de mecanismos de control, como el acceso a los correos electrónicos y cuentas bancarias, para evitar la detección de las maniobras.

La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos solicitó diversas pericias que llevaron al levantamiento del secreto bancario y a uno genérico del Banco Central para todas las personas indagadas. Se constató que hubo 15 personas que “recibieron dinero en sus cuentas bancarias por transferencias del Fosvoc”, a las que se denominó “mulas financieras”, y que, posteriormente, habrían hecho “otras transferencias o retiro por caja”, destinados a Bertolio y a una tercera persona. Asimismo, “según las declaraciones casi unívocas de todos, incluso la de los imputados, este dinero tenía como finalidad financiar la estructura sindical del Sunca o al Partido Comunista [del Uruguay, PCU]”.

Por otra parte, la fiscalía constató irregularidades en la entrega de una partida especial que el Sunca puede solicitar al fondo para otorgar beneficios no reembolsables a trabajadores ante situaciones excepciona les, por ejemplo, por problemas de salud. Según informó, en 2023 se presentaron 43 solicitudes de partidas especiales, pero, de ese total, “solamente tres correspondían a usuarios beneficiarios que existían”, mientras que “todas las demás correspondían, o a usuarios inexistentes, o a nombres que no correspondían con la cédula”.

Por otra parte, el fondo otorgaba lo que se llama “partida espejo”, que se coloca en una “especie de cuenta ómnibus”, donde pueden acceder a dinero las fundaciones que autoricen los integrantes del fondo. En esa línea, la fiscalía relató que Bertolio compró una camioneta para una cooperativa y, si bien el costo era de 20.000 dólares, el dirigente depositó un cheque por 25.000 dólares en la cuenta de la automotora. Ese mismo día, el dueño de la automotora, pensando que se trataba de un error, devolvió el dinero a la cuenta personal de Bertolio.

En suma, la fiscal señaló que las operaciones detalladas se habrían llevado a cabo al menos desde 2023 y que, desde entonces, se había establecido un “modus operandi” tendiente a financiar actividades, en las que habrían participado las personas indagadas, con distintos roles, “permitiendo que el flujo del dinero mal habido” se “consolidara en una ruta diseñada”.

“En ese mismo proceso estructural, puede sostenerse que la movilidad del dinero derivó en la adquisición de bienes, muebles e inmuebles, cuya investigación está a cargo de la Senaclaft, derivada por esta Fiscalía, e incluso, como hipótesis de trabajo, que el dinero que fue recibido en cuentas bancarias, o que fue de alguna manera movilizado a través de la cobranza o el destino de estos cheques, habría sido derivado a la propia estructura sindical del Sunca, o incluso al PCU”, relató la fiscal.

Gómez precisó que la fiscalía es consciente de “la limitación” que tiene “para la consideración de las declaraciones de los imputados; sin embargo, es importante destacar que han sido muy compatibles las declaraciones en cuanto a que existía o existe un sistema de financiamiento del Sunca y del PCU”.

Durante la audiencia, López Goldaracena cuestionó que en “ningún momento” se haya insinuado “una reparación” económica, ya que el dinero faltante es de un millón de dólares. El abogado patrocinador del fondo solicitó que “se determine, en lo posible, a dónde fue el dinero, no con conjeturas ni declaraciones de imputados, que se pruebe”.

Las derivaciones políticas: Andrade y Diverio serán citados a declarar como indagados

Los condenados dijeron que no actuaron por su cuenta, sino que obedecían las órdenes de dirigentes del PCU y nombraron, en particular, a la secretaria de Finanzas del Sunca y del PCU, Laura Alberti, al senador Óscar Andrade y al diputado Daniel Diverio, según informó Búsqueda este jueves.

Al respecto, el fiscal dijo en una rueda de prensa tras la audiencia que “en principio aparece de manera bastante sólida, consolidada”, la idea de “que parte de ese dinero” iba para el PCU y el Sunca. Rodríguez dijo que, en relación con el financiamiento de la campaña para el plebiscito contra la reforma de la seguridad social, se dieron algunos detalles que apuntan a que “se ayudaba a correligionarios del partido”, a través de “locomoción, transporte y viáticos”, es decir, “todo lo que podría incluir en una campaña electoral”. El fiscal precisó que se investigará si las autoridades del PCU o del Sunca tenían conocimiento o fueron parte de la maniobra y, en ese sentido, adelantó que maneja citar a Andrade y a Diverio como indagados en la causa.

Por su parte, López Goldaracena destacó el trabajo del fiscal, pero dijo que “no hay ninguna prueba todavía” que muestre que ese dinero terminó en el PCU o el Sunca. “Me alarmaría que desde un sindicato se financie un partido político. Pero no se puede afirmar eso livianamente porque no hay pruebas”, señaló, y llamó a que se “investigue hasta las últimas consecuencias”.

En la misma línea, el presidente del Sunca, Richard Ferreira, dijo a la diaria que hasta el momento no existe “ningún elemento de prueba” que respalde esa denuncia. “De hecho, nosotros, desde que hicimos la denuncia en enero hasta el día de hoy, a través del abogado del fondo, hemos seguido la carpeta fiscal y en ningún lado se establece con claridad o hay elementos de prueba que comprueben que efectivamente es así”, señaló.

Andrade, por su parte, dijo en MVD Noticias que “lo que se tiene que presentar son pruebas” y que le parece “extrañísimo” que se hiciera una transferencia de un millón de dólares que no dejara “rastros”. “Si esto fuera así, habría una operación genial de transferencia de un millón de dólares para una organización que en la campaña no tuvo un segundo de televisión, ni agencia publicitaria, ni nada. Fue de las campañas más austeras de todas”, señaló. “En teoría, la trama la arma el Sunca y decide denunciar, investigar, hacer auditoría y llevar el tema a la Justicia. ¿Alguien puede explicar esto razonablemente?”, sentenció Andrade.

El funcionamiento del Fosvoc

El fondo se creó a través del Consejo de Salarios del sector en 1967, a partir de un acuerdo bipartito entre empresarios y trabajadores. Posteriormente, en el marco de lo dispuesto por la Ley de Vivienda, que se promulgó al año siguiente, se declaró de interés público la creación de un “sistema de aporte solidario gremial”.

El fondo es administrado por una comisión bipartita integrada por representantes de las cámaras empresariales y del Sunca. El objetivo es dar apoyo económico para que trabajadores del sector accedan a una vivienda propia o puedan reformar su casa. Se nutre con el aporte mensual de trabajadores y empresarios, que implica una retención de 0,025% para ambos, y se destina al Banco de Previsión Social, que posteriormente lo redirige al Fosvoc.

En concreto, además de las partidas especiales, el fondo otorga dos tipos de beneficios a los trabajadores. Por un lado, un préstamo sin recargo ni intereses para la compra de materiales para el arreglo de la vivienda y, por otro, un subsidio no reintegrable con un valor máximo de 140 unidades reajustables, aproximadamente unos 250.000 pesos.