El politólogo Juan Pablo Luna entiende que Uruguay tiene las condiciones políticas y sociales para frenar el avance del crimen organizado, pero necesita establecer consensos sobre un modelo de desarrollo que, más que seguridad, discuta “cómo crece esta economía, qué empleo genera y qué visiones de futuro son plausibles para los jóvenes”.

En la conferencia “El narco nos jaquea aquí: crimen organizado y economías ilegales”, organizada por el canal de streaming Yunta, que contó con la oratoria del presidente Yamandú Orsi, el doctor en Ciencia Política de la Universidad de Carolina del Norte y profesor titular del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile detalló que hay dos tipos de mercados ilegales: uno que es “intenso en coerción y de baja renta relativa”, es decir, aquellos mercados que tienen niveles “altos de violencia y control territorial y poca plata en términos relativos”, y otro que es de “alta renta y baja coerción relativa”.

En el caso de los mercados intensos en coerción y de baja renta relativa en Uruguay, que se desarrollan en las periferias urbanas, lo que se ve “por ahora es un crimen bastante desorganizado”, es decir, “pequeñas bandas que controlan pequeños territorios y con poca coordinación”, y “son mercados que se han vuelto crecientemente violentos”. A modo de ejemplo, Luna contó que recientemente habló con trabajadores sociales, y uno de los cambios más relevantes que observan en los últimos tres años es que “por primera vez en Uruguay sienten riesgo de vida al entrar a ciertos territorios”.

En estos mercados también se nota una retracción gradual del Estado. “Esto no quiere decir que el Estado no está: el Estado siempre está, pero está crecientemente en una faceta más represiva, que empieza a generar anticuerpos, sobre todo en la población más joven, que ve al Estado como una policía que irrumpe violentamente en esos territorios”. En ese sentido, Luna sostuvo que se está viendo en la región y en Uruguay “un reclutamiento, por parte de las bandas criminales, de niños cada vez de menor edad. Hoy, en los asentamientos de Uruguay, el arma que tiene un niño es la principal marca de estatus, con la que ese niño satisface sus necesidades de identidad, de estatus, en el grupo social donde opera”, sentenció.

En el caso de los mercados intensos en renta y de baja coerción relativa, Uruguay pasó de ser un país de tránsito a uno de acopio, y eso “trae más armas, más dinero, más droga, más trabajo”. Luna planteó que este mercado tiene ciertos corredores logísticos que deberían llamar la atención y enumeró, por ejemplo, la ruta 5, Rivera, Tacuarembó y Durazno. “En los últimos años han tenido una serie de eventos que tienen que ver con la consolidación del crimen organizado en ese corredor logístico y que termina en el puerto de Montevideo o en la salida de embarques asociadas al puerto”, explicó.

También el litoral es un área geográfica muy relevante para el crimen organizado. Luna apuntó que es necesario poner el foco en lo que está sucediendo en Fray Bentos, la capital de Río Negro. “Es una localidad a la que le pondría atención en términos de un microcosmos de cómo Uruguay cambia con la expansión de estos mercados criminales y la retracción relativa de mercados de economía formal”, apuntó.

Un segundo aspecto a tener en cuenta en estos tipos de mercado es el lavado de dinero. “Uruguay es visto desde fuera como un hub regional. Ha hecho una adaptación normativa, pero hay escasísima persecución. Los casos de lavado de dinero que tenemos en Uruguay son ínfimos en relación con la cantidad de dinero que se lava, de acuerdo con los parámetros que conocemos internacionalmente”, señaló.

Al respecto, Luna señaló que en el ecosistema de las organizaciones criminales que operan internacionalmente, a pesar de sus altos niveles de consumo, consideran que Uruguay es un mercado chico para el tráfico y el microtráfico de droga. Sin embargo, “es un mercado muy propicio para operaciones rentables y para la residencia, eventualmente, de quienes vienen a buscar refugio en nuestras costas”.

La eventual integración de ambos mercados

Luna señaló que si bien ambos mercados no necesariamente tienen que estar integrados, existen dos mecanismos de “articulación privilegiados”. Uno de ellos es la cárcel, aunque Uruguay sigue siendo un “caso excepcional en la región”. Si bien el país está entre los diez países del mundo con más población presa per cápita, existe “poca organización criminal en la cárcel”. De todas formas, el politólogo advirtió que considera que eso está cambiando y, por ejemplo, se puede ver la presencia de la organización criminal Primer Comando de la Capital en las cárceles o empieza a existir un “sistema incipiente de reclutamiento de hijos de presos en los barrios para financiar el bienestar de los presos en los penales”.

“De alguna forma, parte de la pacificación de la cárcel en Uruguay que se ha visto en los últimos años tiene que ver también con la entrega de la gestión carcelaria a los presos. El país tiene una gran incógnita, que se va a revelar cuando avance la reforma carcelaria, que es sumamente necesaria: ¿qué va a pasar con el sistema que hoy impera en nuestras cárceles?”, señaló.

El segundo mecanismo, explicó Luna, tiene que ver con los intereses de los grandes actores del mercado de exportación, que “eventualmente tienen intereses en pacificar los mercados locales”. “Mi sensación, de nuevo, es que aquí tenemos un proceso de integración incipiente en la que las grandes organizaciones están empezando a coordinar con mercados locales”, por lo que implica “mover grandes embarques”, afirmó.

Los escenarios futuros

El politólogo considera que la foto muestra a un Uruguay con una “democracia modelo, con partidos políticos institucionalizados y arraigados, con una tradición de gradualismo y consenso y un Estado que tiene más llegada territorial que otros estados en la región”. También destacó que la alternancia en el poder ha favorecido que “la centroderecha asuma que el problema de seguridad es también de raigambre social y, por otro lado, la centroizquierda ha aprendido que los problemas de seguridad no son sólo problemas de política social, sino que se requiere una estrategia de política criminal y de seguridad”.

Sin embargo, el negativo de esa misma foto muestra que “tenemos décadas de infantilización de la pobreza en el país y décadas de deserción escolar, que es cada vez más temprana. Uruguay está segundo en la región en términos de deserción en secundaria”, advirtió, y agregó que “la promesa que articulaba la escuela para nuestros jóvenes está rota y está desfondada”.

“Tenemos décadas de punitivismo ineficaz. Esta población carcelaria se ha ido generando, a lo largo del tiempo, fuertemente sesgada hacia los mercados de baja renta, con tasas de reincidencia muy altas, y en cierto sentido hemos evitado procesos [peores] por las ventajas del atraso. Nuestros presos son tan pobres cognitivamente que es difícil organizarlos”, señaló, y agregó que eso tiene que ver con la “crisis educativa, esta crisis de infantilización de la pobreza que hoy nos explota en la cara”.

Luna advirtió que con ese contexto de fondo hay dos escenarios a futuro. El primero pasa por mitigar “en el corto plazo, con mucho sentido de urgencia, los efectos de lo que nos muestra el negativo. Eventualmente es posible usar las virtudes que todavía tiene Uruguay para generar políticas de Estado”.

El politólogo destacó que para eso tiene que haber “consensos básicos sobre datos, sobre ciertas políticas de Estado que no estén sujetas a la competencia electoral y que nos permitan comprar tiempo para hacer posible una reconstrucción lenta y progresiva de nuestra economía política y trayectoria de desarrollo”.

El segundo plantea una “infiltración progresiva” de los operadores de mercados ilegales en la política y en la economía, que irán causando “escándalos de un lado y otro del mundo político”, que derivarán en un “proceso de polarización” y un “fratricidio de la casta”. Señaló que también “vamos a empezar a ver una politización de la justicia y una judicialización de la política, así como un aumento de la deserción ciudadana respecto a la legalidad y al Estado”.

“Esa es la trayectoria que han seguido en los últimos pocos años dos países que si uno miraba la región en términos comparados eran iguales a Uruguay, tenían las mismas condiciones positivas: Chile y Costa Rica”, señaló. El politólogo culminó su intervención preguntando si ese escenario, por más rentable que sea en el corto plazo, es el que Uruguay quiere para sus “hijos o hijas”.